Toca redefinir prioridades a la hora de legislar

El adelanto electoral ha vaciado las Cortes Generales de diputados y senadores y también de iniciativas legislativas. Todas las proposiciones, proyectos y decretos pendientes decayeron con la preceptiva disolución del Congreso y del Senado. Son decenas de leyes que podrán, o no, retomarse en la próxima legislatura en función de las nuevas mayorías parlamentarias y del Gobierno resultante. Pero más allá de las consecuencias que siempre tienen sobre las iniciativas parlamentarias la convocatoria de unos comicios —no será la primera vez que algún proyecto se queda en el limbo— cabe preguntarse por qué algunas de esas leyes no se tramitaron con mayor celeridad o se retrasaron sine die. Leyes urgentes como la de la ELA, que llevaba un año en un bucle de prórroga tras prórroga de enmiendas, o la ley integral sobre la trata, que las entidades especializadas vienen reclamando desde hace una década. Estas, y otras más, vuelven a la casilla de inicio. Por el contrario, en estos casi cuatro años se han promovido legislaciones ideológicas, polémicas y sin consenso social en un plazo récord: LOMLOE, ley trans, reforma del aborto o ley de eutanasia. Habrá que redefinir prioridades.