«Tiene poco sentido volver a internar en los CIE»

Ya han pasado tres semanas desde que el Ministerio del Interior decidiera reactivar los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Fue el 23 de septiembre, el mismo día que salía adelante el nuevo Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, una circunstancia que, para algunas organizaciones sociales, no es casual. Desde entonces, cuatro CIE ya acogen migrantes. Son los de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, donde había, al cierre de esta edición, 42 internos; el de Aluche, en Madrid (46); el de Zona Franca, en Barcelona (80-82), y del de Murcia (más de 40).

En Canarias, la mayor parte de los internos son malienses, aunque también hay senegaleses, gambianos y un mauritano, mientras que en la península son prácticamente todos argelinos. En estos momentos, son dos los perfiles de migrantes susceptibles de ser internados en un CIE y, por tanto, de ser entregados a sus países de origen.

Iván Lendrino, coordinador del área CIE del Servicio Jesuita a Migrantes, denuncia en entrevista con Alfa y Omega que el Gobierno se ha lanzado a poner en funcionamiento los centros sin estar preparados ni elaborar un protocolo de prevención ante la pandemia. En su opinión, que estén de nuevo abiertos tiene más que ver «con elementos políticos de una agenda no española». Incluye aquí el nuevo pacto europeo, pero también las visitas de los últimos meses del ministro del Interior a Argelia –también estuvo el presidente del Gobierno la semana pasada–, con cuyas autoridades se está negociando un acuerdo migratorio, y a Mauritania.

«En estos siete meses sin CIE nadie los ha echado de menos. Tiene poco sentido volver a abrirlos e internar a migrantes. Por ejemplo, en el caso de Madrid, ¿es conveniente tenerlo operativo cuando estamos en Estado de alarma? ¿E internar en plena pandemia?», explica Lendrino. Son varios los argumentos que justificaban no volver a utilizar esta medida: la inexistencia de protocolos y una normativa homogénea, la vulneración de derechos y el sufrimiento innecesario que se genera, además del gasto en un momento de crisis.

Para Josep Buades, director de la Asociación Claver-SJM, presente en Andalucía, se trata de «una medida cosmética» y de «propaganda». Y lo justifica con cifras: en septiembre llegaron a nuestras cosas más de 5.000 migrantes y solo se ha internado a 200. La buena noticia, continúa Lendrino, es el crecimiento de las voces que piden revisar esta medida y que, en el marco de sus competencias, toman decisiones, desde organizaciones de la sociedad civil a abogados, jueces de instrucción o jueces de control. Ejemplo de ello es el comunicado conjunto de más de 200 organizaciones de todo tipo –donde hay una nutrida presencia de entidades de Iglesia– en el que se muestra una oposición frontal a los CIE por ser un instrumento «desproporcionado e injusto».

Precisamente este martes, esta sintonía y unidad se trasladaron a un nivel más local y se materializaron en una concentración en Algeciras, justo en las instalaciones de la Piñera, contra la reapertura de los CIE y contra la construcción de uno nuevo en esta localidad gaditana.

En el comunicado, leído por el trinitario Sergio García, de la Fundación Pro Libertas, se denuncia que estos centros son «cárceles para inmigrantes» que privan de libertad a muchas personas «por el simple hecho de migrar, en busca del legítimo derecho a una vida mejor o huyendo de situaciones de persecución o peligro real, y que conlleva, el encarcelamiento en unas instalaciones absolutamente inadecuadas y que atentan contra la dignidad del ser humano».

La situación de Canarias

Aunque cuando se habla de un CIE, la situación es complicada allí donde se halle, la realidad es que en Canarias es especialmente delicada, sobre todo, por el perfil de personas que están llegando a las islas: subsaharianos, en su mayoría de Malí. Aunque estos no pueden ser devueltos directamente a sus países, sí pueden ser expulsados a través de Mauritania, que los acepta si hay una ligera sospecha de que han pasado por su territorio en algún momento. La cuestión se torna dramática con los malienses, pues la situación en su país –de inestabilidad política y violencia generalizada– los hace ser susceptibles de protección internacional. Y, sin embargo, acaban en los centros de internamiento.

Antonio Viera, capellán del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas, conoce bien esta realidad. Allí, al cierre de esta edición, seguía un grupo de malienses con perfiles de protección. Fue el juez de control, Arcadio Díaz Tejera, quien informó a los migrantes de esa posibilidad. «Canarias se está convirtiendo en una necrofrontera», concluye Viera.