Temporeras de la fresa y víctimas de explotación laboral y sexual

La esclavitud más extrema sigue teniendo sitio en España y las mujeres, sobre todo migrantes en situación administrativa irregular, se llevan la peor parte. Así lo confirma la Red Española contra la Trata de Personas en un documento entregado al Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa —más conocido por el acrónimo GRETA—, de visita en España la semana pasada. En el texto, la red recoge su preocupación por el aumento del número de mujeres víctimas de trata que han sufrido explotación sexual y laboral en el campo. De hecho, una de las visitas de GRETA fue a los asentamientos de temporeros en Huelva.

En concreto, en el informe refiere casos de mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual y que, una vez están fuera de ese contexto, encuentran alternativas laborales en el sector agrícola, «donde son explotadas laboralmente con jornadas interminables de trabajo, escasa remuneración económica, contratos precarios e intentos de abusos sexuales por parte de otros trabajadores o de los patrones». También cita casos de mujeres que llegan a Huelva para trabajar en la campaña de la fresa y que, al finalizar esta, son llevadas a lugares entre Almería y Murcia para ejercer la prostitución.

Cristina Ramírez, responsable del programa de Trata de Seres Humanos de la provincia de Europa de Oblatas, se muestra muy cauta al abordar esta situación. Ella habla de indicios y sospechas de trata y de que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que tienen que realizar la identificación formal. Con todo, recalca que estas mujeres están en una situación de desprotección y vulnerabilidad muy grande.

Por su parte, Ana Martín, delegada en Huelva de Mujeres en Zona de Conflicto, donde además es coordinadora de Trata de Seres Humanos, explica que en su trabajo se encuentran con dos tipos de perfiles de víctimas, todas en situación irregular. Por un lado están las mujeres marroquíes, que llegan a la campaña agrícola captadas por un hombre a través de un vínculo emocional. «Este les facilita un contrato en una finca a cambio de tener relaciones. Ellas creen que es su pareja y esa es la captación. El fin en sí es la explotación laboral, pues están en situación irregular, las condiciones son abusivas…», explica.

El otro perfil es el de una mujer subsahariana con altos índices de trata con fines de explotación sexual y que, en determinados momentos, también trabaja en el campo. Martín añade que en todos los casos hay explotación, pero no se puede confirmar que todos sean trata, pues «las propias víctimas no se identifican como tales o la enmarcan en una relación afectiva». En cualquier caso, cree que es importante poner el foco en la explotación, «pues la única forma de detectar la trata es en estos entornos».

Saúl Castro, abogado especializado en derechos humanos, representa a temporeras marroquíes en un caso de agresiones y trata de seres humanos. Se trata de mujeres que, tras trabajar en la campaña de la fresa en Huelva en 2020, se trasladaron a Torre-Pacheco (Murcia), donde conocieron a un intermediario que les ofrecía trabajo en distintas plantaciones por siete euros la jornada. «Él se encargaba de recogerlas, llevarlas… Elegía los horarios para evitar la inspección laboral y, en el marco de esa explotación, las agredía sexualmente», explica Castro. Fue gracias a la denuncia de una de ellas cuando la Policía pudo detenerlo. «Estas mujeres sufren violencia económica, violencia derivada de su género e incluso violencia institucional por su nacionalidad», concluye.

Una ley integral contra la trata

Las entidades sociales que trabajan en materia de trata y que están representadas en la Red Española Contra la Trata de Personas aprovecharon la visita de los miembros del GRETA del Consejo de Europa para insistir una vez más en la necesidad de promover una ley integral de protección y atención a las víctimas de trata de seres humanos que abarque todas las modalidades. Además, exigen la dotación de instrumentos legales, institucionales, políticos, de acción y de presupuesto para su implementación.

Además de esta medida, reclaman que en todos los procedimientos se siga una perspectiva de derechos humanos que sitúe a las víctimas en el centro y que se refuercen las medidas de protección y asistencia. Por ejemplo, piden que se ponga a disposición de todas las víctimas en la fase administrativa y por parte del Estado un servicio de orientación jurídica gratuito. En estos momentos, la asistencia está limitada a las personas que presentan denuncias y, por tanto, si no ejercen de acusación no tienen derecho a un abogado.

Del mismo modo, reclaman que se garanticen las indemnizaciones y que, en caso de declararse insolvente el acusado, las asuma la Administración. En este sentido, propone la creación de un fondo de compensación estatal específico que sea garantizado a través de los bienes decomisados.