Tecnología, fronteras y vidas prescindibles

Montasar tiene 22 años y hace cinco pagó 1.000 euros para llegar a Europa en una barca hinchable desde Túnez. Estuvo trabajando en el sector agrícola por dos o tres euros la hora en el sur de Italia. Pensando que tendría mejor suerte, decidió ir a Francia. Cruzando el Passo della Morte, de Grimaldi a Mentón, vio una luz que se movía y escuchó un dron. La Policía francesa ya conocía su ubicación y fue interceptado casi al final del peligroso sendero. El dron que le localizó aquella noche de agosto formaba parte de un dispositivo de vigilancia tecnológica desplegado a lo largo de toda la frontera franco-italiana: cámaras de visión nocturna, sistemas de geolocalización, sensores térmicos. Montasar no era perseguido por gendarmes franceses, sino rastreado por algoritmos que procesaban cada paso que daba. Su sueño de estudiar una carrera, la claridad con que imaginaba su futuro; nada de eso importa cuando las decisiones que determinan su vida las toman sistemas automatizados que él no puede ver, comprender ni impugnar. 

La historia de Montasar no es excepcional, sino que forma parte de un patrón extendido. Lo que él vivió como mala suerte es, en realidad, el funcionamiento previsto de un sistema que ha transformado el concepto de frontera. Esta ya no es meramente física, una valla o un simple paso. Se ha convertido en un dispositivo tecnológico de clasificación y valoración de vidas humanas. Vallas como la de Melilla constituyen hoy el prototipo de frontera «inteligente», un conjunto de tecnologías aplicadas al control migratorio con el fin de vigilar, clasificar y restringir la movilidad: ROBORDER despliega robots autónomos para vigilancia; Eurosur comparte datos entre Estados bajo el pretexto de «salvar vidas migrantes»; el sistema Entry/Exit asigna niveles de riesgo, categorizando migrantes entre «deseados» y «no deseados»; iBorderCtrl analiza microgestos faciales para determinar mentiras. La frontera «inteligente» no solo vigila y restringe la movilidad, sino que clasifica, puntúa y decide el valor de cada vida. 

La automatización de la frontera no ha traído más transparencia. Una investigación de la Fundación porCausa revela que España destinó 541 millones de euros a 674 contratos relacionados con control fronterizo y seguridad entre 2018 y 2025. El 44 % de esos contratos fueron negociados sin publicidad, y en innumerables ocasiones no existían los pliegos. Esta falta de transparencia de la Administración cuando opera sobre temas migratorios es alarmante. 

Este desembolso no ha servido para gestionar mejor la migración. Según la OIM, 2024 fue el año más letal registrado: 8.938 personas murieron en rutas migratorias de todo el mundo, cerrando cinco años consecutivos de récords. La frontera «inteligente» no reduce riesgos humanitarios ni disminuye los flujos migratorios. No es más eficaz en su supuesto objetivo, solo más opaca. Lo que sí ha hecho es multiplicar nuestros prejuicios y convertirlos en decisiones automatizadas, sin garantías de ningún tipo. Clasifica quién es un riesgo y quién es aceptable, quién debe ser interceptado y quién puede pasar, quién miente y quién tiene lágrimas reales. Conseguir un visado o un permiso de residencia deja de ser una mera cuestión administrativa y pasa a convertirse en un ejercicio de poder algorítmico sobre vidas humanas. Lo que se presenta como una tragedia inevitable cuando vuelca un cayuco es, en realidad, parte del propio diseño de un sistema que administra la muerte como política de control. 

Tal vez esto resulte lejano; pero lo que ahora están haciendo a los migrantes mañana se lo podrían hacer a usted. Nosotros no vemos los drones en la frontera ni los sensores de pateras en el mar, pero nos exponemos a una cámara que nos escanea el rostro cuando pasamos nuestro pasaporte o DNI por el control del aeropuerto. La automatización permite al Estado delegar decisiones que afectan a derechos fundamentales, desplazando la responsabilidad a una máquina que no rinde cuentas. En España, el algoritmo del bono social eléctrico que otorgaba la Administración a consumidores vulnerables fue declarado opaco en septiembre de 2025 por el Tribunal Supremo, que ordenó revelar su código fuente para conocer sus criterios.  

Esto no es inevitable. El informe de porCausa plantea propuestas concretas: supervisión humana real en decisiones que afectan a derechos fundamentales, transparencia y explicabilidad auténticas, mecanismos de rendición de cuentas, auditorías independientes y participación de la sociedad civil. El Reglamento Europeo de IA, de 2024, representa un primer paso al clasificar los sistemas fronterizos como de alto riesgo y exigir evaluaciones de impacto en derechos humanos, aunque se enfrenta ahora a un proceso de «simplificación» que amenaza con eliminar garantías clave. Nueva Zelanda ha desarrollado un modelo de transparencia algorítmica que obliga a publicar la información sobre sistemas automatizados y sus riesgos. Las herramientas legales existen; falta voluntad política para aplicarlas con rigor. 

El futuro de Montasar como solicitante de asilo depende ahora de algoritmos cuyos criterios y sesgos desconocemos. El nuestro también. Aún estamos a tiempo de recuperar el control democrático sobre estas tecnologías y subordinarlas a una política migratoria como mínimo decente. De recordar que detrás de cada dato hay una vida, y que podría ser la nuestra.