Lisa Montgomery ha sido ejecutada en EE. UU. a pesar de las sospechas sobre su salud mental

Sin tiempo que perder, Lisa Montgomery fue ejecutada en la madrugada de este miércoles, solo unas horas después de que un juez federal hubiera suspendido su muerte hasta que se pudiera certificar que era mentalmente competente y entendía lo que iba a pasarle. Es la primera vez en casi 70 años que el Gobierno federal de Estados Unidos da muerte a una mujer. Y la undécima inyección letal en el ámbito de su competencia desde julio, cuando el presidente Donald Trump reanudó las ejecuciones federales después de 17 años.

Como suele ocurrir en las ejecuciones, las últimas horas de Lisa fueron un laberinto de disputas legales, aunque no queda claro si la propia interesada era consciente de ello. La suspensión de la ejecución decretada por el juez James Hanlon, de Indiana (donde se encuentra la prisión federal de Terre Haute), no tardó en ser anulada por un tribunal de apelaciones a petición de la Fiscalía. Otro tribunal volvió a conceder una suspensión, y el caso llegó al Tribunal Supremo. Este permitió la ejecución después de la medianoche y, a la 1:30 de la madrugada (siendo la misma zona horaria) Montgomery estaba muerta.

Al levantarse la cortina en la sala de ejecuciones, tal como narran varias agencias, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada mientras miraba a los periodistas que la observaban desde detrás de un grueso cristal. Una mujer se inclinó sobre su hombro, le quitó con cuidado la mascarilla y le preguntó si tenía algunas últimas palabras. «No», respondió la presa en voz baja y apagada. No dijo nada más. Se dio unos golpecitos nerviosos con los dedos durante varios segundos, con un tatuaje en forma de corazón en el pulgar, pero por lo demás no mostró signos de angustia, y rápidamente cerró los ojos.

«Una mujer herida y delirante»

«La sed de sangre cobarde de una administración fallida se puso de manifiesto esta noche», dijo la abogada de Montgomery, Kelley Henry, en un comunicado. «Todos los que participaron en la ejecución de Lisa Montgomery deberían sentir vergüenza». «El Gobierno no se detuvo ante nada en su celo por matar a esta mujer dañada y delirante», dijo, y añadió: «La ejecución de Lisa Montgomery no ha sido justa en absoluto».

La religiosa Helen Prajean, autora del libro Pena de muerte (llevado al cine en 1995), denunció esta muerte en un tuit, subrayando cómo la decisión, «en otra sentencia más después de medianoche», será «para siempre una letra escarlata para el Tribunal Supremo; un fracaso total en la protección de los ciudadanos más vulnerables».

Montgomery, de 52 años, fue condenada a muerte en 2007 por el asesinato en 2004 de Bobbie Jo Stinnett, una mujer de 23 embarazada de ocho meses. Su objetivo era sacar al niño que esperaba de su vientre, tras abrir este con un cuchillo. El pequeño sobrevivió. Sin embargo, su abogada y las personas más cercanas a ella siempre han puesto en duda que fuera totalmente consciente de lo que hacía, pues es muy probable que toda una vida de abusos y violencia le hubiera causado trastornos mentales.

Prostituida por sus padres

Desde los 3 años, la pequeña Lisa fue testigo directo de cómo un canguro violaba con frecuencia a su mediohermana Diane, de 8, mientras ella estaba al lado. A los 11, ella misma empezó a sufrir lo mismo todas las semanas a manos de su padrastro, que además era alcohólico y la maltrataba, tanto a ella como a su madre. Durante los siguientes cuatro años, llegó incluso a prepararle una habitación aparte, con su propia puerta, para entrar sin ser visto. Si la niña se resistía, le golpeaba con tanta fuerza la cabeza contra el suelo de hormigón que le causó daños permanentes, como se ha podido demostrar mediante resonancias magnéticas.

Cuando su madre se enteró de lo ocurrido, culpó a la niña. Los abusos se incorporaron a la dinámica familiar: el padrastro invitaba a sus amigos para violarla en grupo, e incluso su madre se la ofreció repetidas veces a fontaneros y electricistas a cambio de trabajos que la familia no podía pagar.

La de Montgomery es solo una de las tres ejecuciones federales programadas para esta semana, la última en el poder de Donald Trump, que este verano interrumpió un período de 17 años sin castigos capitales por parte del Gobierno central del país.

Abolición y moratoria

El lunes, los obispos le exhortaron en un nuevo comunicado a «detener estas ejecuciones». En 2020, subrayaban, «por primera vez el Gobierno federal ha ejecutado a más personas que los 50 estados juntos». El texto está firmado por los obispos Paul S. Coakley, presidente del Comité Episcopal sobre Justicia Nacional y Desarrollo Humano; y Joseph F. Naumann, del Comité de Actividades Provida.

«Está más que llegado el momento de abolir la pena de muerte», subrayan los obispos. Con la vista puesta en la toma de posesión, el día 20, del demócrata Joe Biden, piden tanto a este como al nuevo Congreso que «hagan de esto una prioridad» aprobando una ley que elimine la pena capital en la legislación federal.

Hasta entonces, «pedimos al presidente electo que declare una moratoria en las ejecuciones federales y que conmute las penas de muerte actuales» por penas de prisión. Esto permitiría, además, «redirigir la energía y recursos que actualmente se destinan a las ejecuciones a ofrecer una asistencia compasiva y profesional a las familias de las víctimas».