Sorprendente argumentación del Tribunal Constitucional a favor del matrimonio homosexual. La Constitución, papel mojado

«El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, pero no su supremo dueño», advierte, de forma sorprendente, uno de los magistrados a favor de la constitucionalidad de la reforma del Código Civil. Se trata de don Manuel Aragón, que se sumó a la mayoría de 8 magistrados frente a 3, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero discrepa sobre la fundamentación de la sentencia. El recurso a la «interpretación evolutiva» –señala– «puede generar muy graves riesgos para el mismo concepto de Constitución y la propia existencia del Tribunal Constitucional». Según la lógica de la sentencia, «el Tribunal Constitucional, en lugar de ser un poder constituido, pasaría a ser un poder constituyente permanente».

Las críticas al evolucionismo interpretativo están muy presentes en los tres votos particulares (Ramón Rodríguez Arribas, Andés Ollero y Juan José González Rivas), que coinciden en que tendría que haberse modificado la Constitución. Eso hubiera requerido mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras, o lo que es lo mismo, el apoyo del PP. En ese sentido, el vicepresidente del Tribunal, don Ramón Rodríguez Arribas, resalta la paradoja de que, «diciendo prácticamente lo mismo el número 1 del artículo 32 de la Constitución [el referido al matrimonio] y el primer párrafo del artículo 44 del Código Civil [el modificado en la reforma de 2005], se considerara necesaria la reforma de éste y no la de aquélla; si tan claro estaba que nada dificultaba el establecimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo», hubiera bastado con dejar las cosas como estaban.

Otro problema en absoluto menor –señala Rodríguez Arribas– es que queda desvirtuada una institución, el matrimonio, que incluso «precedió a la tribu». Ahora, «a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino».

El magistrado don Andrés Ollero habla de «radicalismo individualista», consistente en «tratar a determinadas instituciones jurídicas como si fueran mero corolario de los derechos y no más bien razón de su fundamento». En definitiva, «partiendo de unas relaciones homosexuales criminalizadas, que ninguna de las partes ha defendido, se supera su mera conversión en un no prohibido agere licere, para elevarlas a fuentes de derechos, capaces de desvirtuar a su servicio una milenaria institución social». Por ello, concluye, «el precio de esta operación de ingeniería social es la desnaturalización de la institución misma y la desprotección de los bienes jurídicos de dimensión social que amparaba».

La sentencia ignora la profunda transformación que la reforma del Código Civil supone para la institución del matrimonio, hasta el punto de reconocer que sería también constitucional regular de un modo distinto las relaciones entre personas del mismo sexo. Con ello, sin embargo, el Tribunal echa por tierra el argumento del Gobierno, que afirma que se limita a acatar la sentencia. Entre las voces que piden la reforma de la legislación sobre el matrimonio, se ha vuelto a oír esta semana la de la Iglesia. El cardenal Rouco, al inaugurar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, reiteró que la ley «es gravemente injusta, porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad…, ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable».