Sijena y el reto de la propiedad del patrimonio

Más de dos décadas después, los bienes del monasterio de Sijena han desandado los 80 kilómetros que los habían llevado a Lérida para volver a su lugar de origen. Un desenlace que ha sido posible gracias a la situación excepcional que vivió Cataluña en los últimos meses y que desembocó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a través del que el Gobierno central asumió las competencias de la Generalitat. Ahora sí se hizo caso a la sentencia judicial y el responsable de Cultura del Ejecutivo nacional, Íñigo Méndez de Vigo, facilitó su cumplimiento. El lunes se trasladaron.

Al margen de la batalla política –estamos en campaña electoral catalana–, cabe recordar que desde la Iglesia –así lo han recordado las diócesis implicadas– siempre pidió que se acataran las resoluciones judiciales. Así lo explica el director del Secretariado de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal, Pablo Delclaux, a Alfa y Omega. «Los bienes de los que hablamos estaban en Lérida porque hubo un tiempo en el que esta sede fue la capital diocesana de Sijena. Cuando se trazaron la nuevas fronteras diocesanas, pasa a formar parte de la diócesis de Barbastro. Y es lógico que vuelvan su lugar de origen. Otro problema fue la adquisición ilegal de algunos bienes y también la venta ilegal de otros». En cualquier caso, Delclaux pide no olvidar que estos bienes son patrimonio universal y recuerda que cuando fueron trasladados a Lérida no existía esa conciencia de comunidad autónoma, sino que la permanencia de esos objetos en España se consideraba suficiente.

En un comunicado conjunto, los obispos de Aragón afirmaban el lunes que «hoy es un día de gozo, de alegría, porque se ha hecho justicia y el pueblo de Aragón ha recuperado parte de su tesoro artístico religioso».

Sin embargo, hay otros contenciosos pendientes, además del de Sijena. Lo ha recordado el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, que, tras este paso, pedía el regreso de «112 piezas pertenecientes a las parroquias de Aragón oriental que fueron llevadas a territorio catalán y hoy se encuentran en el Consorcio Museo de Lérida».

Sobre estos últimos bienes en litigio, la diócesis de Barbastro está preparando un recurso. Se trata de piezas que estaban en parroquias que civilmente estaban situadas en Aragón, pero que pertenecían a la diócesis de Lérida y que para protegerlos de sus deterioro y expolio se fueron depositando en el Obispado catalán entre finales del XIX y principios del XX. La situación cambió cuando en 1995 se reorganizaron los territorios diocesanos, con el traspaso de varios arciprestazgos aragoneses de la diócesis de Lérida a la de Barbastro. Desde entonces, tanto el nuncio del Papa como la Congregación para los Obispos determinaron que los bienes debían ser devueltos. Incluso el Obispado de Lérida apoyó la medida, que chocó de frente con los responsables del museo, entre los que se encuentra la Generalitat de Cataluña.

Como casos extraordinarios, los de Sijena y de los bienes de las parroquias de Aragón oriental han acaparado gran atención mediática, sobre todo, por sus implicaciones políticas. Sin embargo, en materia de patrimonio cultural y propiedad, la Iglesia –las órdenes religiosas o comunidades– se enfrenta hoy a un verdadero problema con el cierre de conventos y monasterios. «Cuando esto sucede, el patrimonio que allí hay está sujeto al derecho a la propiedad privada y, por tanto, puede ser asumido por los superiores inmediatos de una orden religiosa o una comunidad de vida activa, que son el superior general y el provincial respectivamente», explica Pablo Delclaux. Estos pueden decidir a dónde envían ese patrimonio siempre y cuando no hubiera sido declarado de bien de interés cultural, caso en el que tendrían que pedir permiso a la autoridad competente, las comunidades autónomas, que podrían otorgarlo o no.

¿Y qué pasa si no se da el permiso? «Los bienes se tienen que quedar vinculados al edificio y en el momento en que este pase a formar parte del inventario de la Administración, acabarán siendo trasladados a un museo», aclara el responsable de Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española.