Separaciones y divorcios

Según los datos del Consejo General del poder Judicial (CGPJ), el año pasado, 127.362 matrimonios en España tomaron la decisión de romper su relación sentimental. Esta cifra supone un incremento del 2,13 por ciento respecto al año anterior lo que, para el Instituto de Política Familiar (IPF), confirma que «la ruptura conyugal se ha convertido en el principal problema de la familia y, por ende, de la sociedad española». La inmensa mayoría de esas rupturas (en concreto, el 94 por ciento) fueron divorcios.

El Concilio Vaticano II calificó el divorcio como epidemia de nuestro tiempo. Todos los pueblos de la tierra admiten hoy, como tipo y como ideal, el matrimonio monógamo (un solo hombre con una sola mujer). La psicología del amor humano apoya fuertemente la misma tesis, todo el que ama la verdad excluye siempre de su vida cualquier traición o participación de un tercero en ese amor.

La Iglesia católica ha proclamado siempre el más riguroso sentido de las palabras del Evangelio: El matrimonio es indisoluble ante Dios y ante los hombres. No es lícito al individuo que cree en la Iglesia y en la presencia de Cristo en ella, dar la espalda al precepto de Cristo y tomar por su cuenta la propia ley.

En la pastoral diocesana hemos de tratar de prevenir estos casos con una mejor preparación y una mayor madurez de los novios para que puedan evitarse de raíz tales situaciones.

Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal en el ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa; se trata de recuperar una definición legal de matrimonio que no ignore la especificidad de una de las instituciones más decisivas para la vida social; se trata de proteger adecuadamente un derecho tan básico de los niños como es el de tener una clara relación de filiación con un padre y una madre, o el de ser educados con seguridad jurídica como posibles futuros esposas o esposos. Sobre el Gobierno y el legislador recae en este campo una grave responsabilidad propia, que no puede ser transferida ni eludida.