Se trata de derechos humanos, de Josué o de Juli

El pasado viernes fue uno de los días más felices de la vida de Juli Orellana. Esta joven hondureña de 24 años culminó los trámites para conseguir la residencia en España, a donde llegó escapando de la falta de oportunidades en su tierra. Con los nervios a flor de piel —ya había estado en esa situación un año atrás y había salido mal— entregó toda la documentación con la resolución favorable de la solicitud, el precontrato, fotos, padrón… y estampó su huella. Respiró: en un mes le entregan la tarjeta de residencia. El día que lo recoja, ese documento mostrará su rostro, su número de identificación, la fecha de nacimiento. Pero no aparecerá el sufrimiento de los cinco años que lleva en España en situación irregular. ¿No se podría haber ahorrado este dolor? Es una de las preguntas que sugiere la iniciativa legislativa popular que busca regularizar a medio millón de migrantes. Cinco años en los que tuvo que alquilar varias veces un sofá para dormir y trabajar de sol a sol por un sueldo mísero o ni eso, a veces solo por un plato de comida.

Su situación se resume en los años que trabajó como interna con una familia en Boadilla del Monte, donde se ocupaba de la casa y de los niños entre las 8:00 y las 22:00 horas de lunes a domingo por 800 euros, retribución que bajaron a 400 durante el confinamiento. La echaron cuando se levantaron las restricciones más duras. «Al estar indocumentada, se aprovechan de ti. No me daban los festivos. Muchas noches me tumbaba en la cama con el uniforme y me quedaba dormida. De repente, me despertaba pensando que habían pasado solo cinco minutos, pero ya eran las ocho de la mañana. Era un sinvivir», explica ese mismo viernes en el garaje de la parroquia Santo Tomás Apóstol de Madrid, donde tiene su base de operaciones la asociación Bocatas, y donde ella echa una mano.

A la necesidad de sobrevivir y mantenerse se añade la situación de su familia en Honduras, a la que envía algo de dinero. De hecho, con su esfuerzo ha conseguido que su hermano se haya graduado en Informática. Ella no había podido completar sus estudios porque no tenía dinero ni para el autobús. Ahora, en su horizonte ya aparecen claros.

Juli deja de engrosar esta triste lista de personas en situación irregular en nuestro país, pero sigue entrando gente nueva. Es el caso de Josué Ventura, de 27 años, que lleva en Madrid apenas mes y medio tras verse obligado a abandonar El Salvador. O se hacía pandillero o lo mataban. Y tomó una decisión. En este corto periodo de tiempo no lo ha pasado bien: ha dormido cuatro días en la calle y luego, cuando consiguió compartir vivienda, en una colchoneta en el suelo. La mayor parte de los días solo ha hecho una comida y está desesperado porque sale a buscar empleo sin éxito. «Se siente bien duro ir a buscar trabajo y que lo ignoren», confiesa. Josué, que tiene dos hijos de 6 y 7 años —viven con sus padres en El Salvador— y es cocinero, quiere pedir asilo, aunque es consciente de que casos como el suyo no prosperan. De hecho, el pasado mes de agosto, la Audiencia Nacional avaló el criterio del Ministerio del Interior para no concederlo a personas que lleguen amenazadas por estos grupos, al considerarlos «delincuencia común». Así, este joven salvadoreño se verá abocado a vivir en la irregularidad durante tres años hasta que pueda iniciar los trámites. Su objetivo es sacar a sus hijos del país para que no crezcan en un ambiente de violencia. «Yo puedo esperar, pero quiero ayudar a mi familia y no ser una carga», dice también en el garaje de Bocatas, a donde va cada día para preparar cestas de comida para personas sin recursos.

Juli ya ha conseguido el objetivo, pero Josué podría ver resuelta su situación si el Congreso de los Diputados aprueba la iniciativa legislativa popular sobre regularización de migrantes promovida por la sociedad civil. Lo que sí es casi seguro es que los grupos parlamentarios van a tener que votar, pues ya ha superado el medio millón de firmas necesarias para forzar el debate. Las organizaciones promotoras entregarán el 22 de diciembre en la Cámara Baja las cajas con los apoyos, que esperan que estén en torno a los 570.000. «Una vez se verifiquen las firmas, hay seis meses para llevar a cabo el debate parlamentario», explica Jorge Serrano, coordinador general del Partido Por Un Mundo Más Justo.

Aunque la propuesta se debatirá en un contexto electoral, cree que es posible que salga adelante. A día de hoy, tanto PP como PSOE —a los que hay que sumar a Vox— se encuentran instalados en el no, pero el precedente de la moción que se aprobó en el Ayuntamiento de Barcelona abre una posibilidad, pues los grandes partidos se abstuvieron. «Si esto se repite en el Congreso, la iniciativa sale adelante y se fuerza al Gobierno a hacer una regularización», explica Serrano. Ximena Zambrana, de Regularización Ya, el colectivo migrante que también ha liderado esta causa, añade que «esto no se trata de partidos políticos, sino de derechos humanos» y de visibilizar a medio millón de personas, de las que un tercio son menores.