¿Se puede cuestionar el secreto de confesión?

Todavía resuenan los ecos del informe que la Conferencia de Obispos de Francia (CEF) encargaron una comisión independiente –la CIASE– para estudiar los casos de abusos en el seno de la Iglesia del país. De hecho, los obispos dedicaron una gran parte de su última Asamblea Plenaria, celebrada hace unos días en Lourdes, a la recepción y análisis de esta investigación, que acompañaron de la escucha a las víctimas y de un acto público de contrición. Como consecuencia tomaron varias decisiones, como la creación de un organismo independiente de reconocimiento y reparación para las víctimas (INIRR) o la puesta en marcha de grupos de trabajo con presencia de sacerdotes, laicos, obispos y víctimas.

Uno de estos grupos abordará la confesión y la guía espiritual, cuestión que ha generado debate al hilo de una de las recomendaciones de la CIASE, que pide que se levante el secreto de confesión. Según explica a Alfa y Omega el padre Hugues de Woillemont, secretario general y portavoz del episcopado galo, la decisión de crear el citado grupo tiene como objetivo «articular el secreto de confesión y la protección de las víctimas». En este sentido, el sacerdote recuerda que mantener el sigilo «puede ser una oportunidad para que las víctimas cuenten lo que les ha sucedido», un paso que les permitirá «hablar más tarde». «La confesión puede ser un lugar donde la palabra se libere», añade. Además, explica que el sacerdote tiene la opción de pedir a la persona que acuda a él que tan pronto termine la confesión hable fuera de ella «para que se puedan tomar medidas para proteger a la víctima y denunciar al agresor».

Hugues de Woillemont. Secretario general de la CEF

«La confesión puede ser un lugar donde la palabra se libere»

La doctrina de la Iglesia católica es muy clara, como recoge el Código de Derecho Canónico: «El sigilo sacramental es inviolable». La pena es la excomunión. Lo recordó en junio de 2019 la Penitenciaría Apostólica, que recalca que el confesor debe proteger el sigilo sacramental incluso con el martirio. No admite excepción, señala. Asimismo, recuerda que para la validez del sacramento es necesario «el arrepentimiento sincero, la firme intención de enmendar y no repetir el mal cometido», y que , por tanto, los sacerdotes pueden negar la absolución en caso de que no se cumplan estos requisitos. Siempre sin revelar nada.

El documento señala que cualquier acción legislativa que ataque este secreto constituye «una violación de la libertad religiosa» y, por tanto, «la violación de la libertad de conciencia de los ciudadanos». Una afirmación que defiende Rafael Navarro-Valls, catedrático emérito y profesor de honor de la Universidad Complutense de Madrid. Según explica a este semanario, «la libertad religiosa es la primera de las libertades» y el sigilo tiene «una especial intensidad» a la hora de «proteger la lealtad del confesor, el sacramento y la libertad religiosa».

Lo que debe primar en una cuestión como esta, dice, es el sentido común, y advierte de que no se puede luchar contra los abusos a través de una «dudosa solución legal». Cree que «podría ser
ineficaz en su objetivo» y, reitera, «jurídicamente desproporcionada».

En Australia, donde la mayoría de los estados ya han eliminado la protección civil al secreto de confesión, el debate sigue abierto. El Parlamento de Australia Occidental ha sido el último en incluir en su legislación esta medida, recomendada por el informe final de la comisión gubernamental para analizar los abusos a menores en el país (2017).

Timothy Costelloe. Arzobispo de Perth

«El sacerdote puede convencer al agresor de que se entregue»

El arzobispo de Perth, Timothy Costelloe, ha sido contundente en su reacción a la norma. Además, la mayoría parlamentaria no ha atendido al dictamen de un comité legislativo que recomendó que no se levantase el secreto. «El sacerdote actúa en la persona de Cristo. Por tanto, la confesión se hace a Cristo a través del sacerdote, que escucha, aconseja, anima y asiste a esa persona. No puede traicionar la confianza», defiende el arzobispo. Y esto se aplica, añade en una carta, a aquellas personas que confiesan un crimen o un abuso. En estos casos, explica, el sacerdote podrá intentar convencer al abusador para que acuda a la Policía: «Con la nueva ley es casi inconcebible que un agresor se exponga ser descubierto. Por tanto, cualquier pequeña posibilidad de que el sacerdote lo convenza del mal de sus acciones y lo dirija a la Policía se esfuman».

La ley del Estado de Australia Occidental, en vigor desde el 19 de octubre aunque muchas de sus normas no se aplicarán hasta el 1 de mayo de 2022, prevé multas de 12.000 dólares australianos –casi 8.000 euros– o penas de prisión de un año para quien no cumpla la obligación de la denuncia. Ante esta situación, la archidiócesis de Perth ha confirmado a este semanario que el mes que vienen tendrán sesiones formativas con sacerdotes en las que se abordarán los cambios legislativos sobre el secreto de confesión. En ella se decidirá tanto sobre el modo de actuar de los sacerdotes como sobre los planes de contingencia cuando surjan problemas con el secreto de confesión.

Reparación económica

Otro de los asuntos que está sobre la mesa en materia de abusos es el de la reparación financiera de las víctimas. Los obispos franceses se comprometieron recientemente a nutrir el fondo creado para tal fin, incluso con la venta de bienes muebles inmuebles. Eso sí, no podrán ser enajenados los bienes construidos antes de 1905, pues pertenecen a las comunas, ni las Iglesias o salones parroquiales posteriores, ya que se excluye todo lo que sirve a la misión. Se podrán desprender de «inversiones inmobiliarias y financieras», explica el padre Hugues de Woillemont. El secretario general de la CEF señala que la INIRR estudiará las peticiones de las víctimas a partir del próximo año.

La opción francesa sigue la línea de la Iglesia alemana, aunque diferente a la situación en Estados Unidos. Allí, la eliminación de la prescripción en algunos estados ha dado lugar a numerosas denuncias e indemnizaciones millonarias, lo que ha provocado que muchas diócesis se hayan declarado en quiebra para poder mantener la actividad pastoral y negociar con las víctimas.

Investigación en Portugal

La Conferencia Episcopal Portuguesa, reunida la semana pasada en Fátima en Asamblea Plenaria, aprobó la realización de una investigación histórica sobre la realidad de los abusos sexuales en la Iglesia del país. Además, decidió la creación de una comisión nacional para reforzar la atención de los casos y el acompañamiento tanto a nivel civil como canónico. De esto modo, se constituirá un punto de atención permanente a nivel nacional.

Con todo, los obispos del país vecino reconocen el trabajo realizado por las comisiones diocesanas, constituidas por expertos en derecho, psiquiatría y psicología, y muestran «su confianza» en la mayor parte del clero portugués, que «con disponibilidad y dedicación sirven a la Iglesia a través de su ministerio pastoral».