Abusos en España: «Se equivoca quien cree que hay pocos casos»
La Iglesia en España presenta su primer informe sobre esta realidad, que recoge testimonios de más de 900 víctimas y los protocolos y la normativa para ser «un lugar seguro para niños y jóvenes»
927 víctimas de abusos y 728 agresores en los últimos 80 años. Estas son las principales cifras que aporta el primer informe sobre la pederastia en la Iglesia en España, presentado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) recientemente con el título Para dar luz. Datos que llevaron al secretario general y portavoz de la CEE, César García Magán, a expresar en nombre de la Iglesia «dolor y vergüenza», durante un encuentro en Madrid. También lanzó un mensaje inequívoco: «No nos cansaremos de pedir perdón. No nos cansaremos de atender a las personas que sufren esta lacra en cualquier lugar ni nos cansaremos de poner los medios para que la Iglesia siga siendo un lugar seguro para niños y jóvenes». Josetxo Vera, director de la Oficina de Información de la CEE, encargado de desgranar las estadísticas, fue un poco más allá al recordar que un solo caso «es suficientemente grave por sí mismo». «Quienes creen que son pocos casos, se equivocan. Todos estos casos son muchos. Son una tragedia para la víctima, para su familia, para su entorno y para toda la Iglesia», agregó.
Según los datos facilitados por las oficinas diocesanas, la mayor parte de los agresores de las víctimas que presentaron testimonio son hombres (99 %), sacerdotes (52 %) y ya han fallecido (63,6 %). 170 son presbíteros diocesanos, 208 clérigos consagrados, 234 religiosos no ordenados y religiosas, 92 laicos y un diácono. En 23 casos no se pudieron identificar. La gran mayoría de las víctimas también son varones (82,62 %).
En cuanto a la fecha en la que se cometieron los abusos, más del 80 % se produjeron en el siglo XX, el 75 % antes de 1990. 94 se dieron desde 2010 hasta la actualidad. Si nos atenemos al lugar donde se cometió el delito, el ámbito escolar es el más recurrente (46,96 %), seguido del parroquial (15,79 %), seminarios, escolanías o internados (14,57 %).
En la jornada, organizada cuando se cumplía el cuarto aniversario de la entrada en vigor de Vos estis lux mundi, el motu proprio del Papa que da respuesta a los casos de abusos en el seno de la Iglesia y que ha sido reformado este mismo año, también se dio cuenta del protocolo marco aprobado por la Asamblea Plenaria en noviembre de 2022, donde se incluye entre otras cuestiones la prevención, un manual de conducta y la formación —se ha impartido ya a 168.000 personas, la mayoría menores—, y la instrucción que recoge cómo proceder ante una denuncia, ratificada por los obispos en abril.
Este último texto, según explica en entrevista con Alfa y Omega Carlos López Segovia, vicesecretario de Asuntos Generales de la CEE, uno de sus redactores, es el primero de su especie elaborado por una conferencia episcopal en el mundo. ¿Su principal aportación? Que recoge toda la normativa canónica vigente, bastante dispersa, sobre el procedimiento a seguir tras la recepción de una denuncia por abusos sexuales a menores. El contenido es de aplicación para todo el país y obligatorio, añade López Segovia, en la medida «en que refleja la normativa vigente, que es la que hay que cumplir». Pero, además de recoger y unificar la documentación, la explica, la desarrolla e introduce novedades. Por ejemplo, establece el deber de informar a la víctima en la investigación previa, aunque, como el derecho canónico no la considera una etapa procesal, no habría obligación de hacerlo. Así, habrá que comunicar quiénes son las personas que van a llevar a cabo las pesquisas, el estado de las mismas y las medidas cautelares. También establece los momentos en los que es necesario comunicarse con las autoridades civiles.
«Llevar a cabo el proceso correctamente es importante para las víctimas. Agradecen mucho cuando se les llama e informa. Ven que la Iglesia está actuando, se lo toma en serio y vela por ellas», agrega. De hecho, refiere que, incluso cuando la víctima ha renunciado a la vía penal, desde la Iglesia se ha derogado la prescripción e impuesto sanciones, incluso económicas, que deberán asumir las instituciones si el victimario no lo hace.