Se amplía la ley de eutanasia francesa antes incluso de aprobarse
La comisión parlamentaria abrió su aplicación a pacientes con enfermedades crónicas y que no esté en pleno uso de sus facultades
El comienzo del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de eutanasia en Francia ha puesto en evidencia esta semana la rapidez con la que un proyecto presentado por el presidente, Emmanuel Macron, como muy restrictivo, puede terminar llegando mucho más lejos. El debate se abrió el lunes con el lamento de la diputada ponente del texto, Agnès Firmin-Le Bodo, sobre cómo la tramitación en comisión rompió «el equilibrio de origen» que tenía el texto, informa EFE.
Así, el texto final corre el riesgo de que se hayan ampliado varios de los cinco criterios originales para acceder a la muerte. Por ejemplo, en el texto inicial debe existir riesgo de muerte «a corto o medio plazo», mientras que el que se debatirá admite esta práctica ante cualquier enfermedad grave e incurable «en fase terminal o avanzada», lo que permite que se acojan a ella personas con enfermedades crónicas no mortales.
Además, frente al requisito de que el solicitante tenga capacidad de discernimiento en el momento de tomar la decisión final, algunos diputados plantearon la posibilidad de abrirla a un paciente que haya perdido esta capacidad si había manifestado su voluntad en unas directivas anticipadas. La diputada ecologista Sandrine Rousseau quería que se pudiera utilizar, por ejemplo, cuando un enfermo de alzhéimer ya no pueda reconocer a sus hijos.
Intento de reconducir
Otra modificación del texto inicial se refiere a la administración de la sustancia letal. El Gobierno pretendía que los propios pacientes se la administraran salvo en los casos en los que fueran incapaces de hacerlo. Las enmiendas de la comisión acabaron por dar libertad a los pacientes para delegar la administración de esa sustancia a otra persona, que no sea necesariamente un sanitario.
Las modificaciones del texto inicial y el cariz que han tomado algunos debates han llevado a que el texto que ha salido de la comisión y llega al plenario tenga más adhesión de grupos de izquierda, pero más oposición de los conservadores y de la extrema derecha. En el grupo del partido de Macron hay división de opiniones.
La ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, señaló horas antes del inicio del debate que el Ejecutivo quiere reconducir los debates al texto inicial. En una entrevista al canal BFMTV, insistió en que la ley no debe acabar traduciéndose en una desigualdad de trato entre los que puedan disponer de asistencia y los que no.
«Nadie en Francia debe llegar a pedir la ayuda para morir por no tener cuidados paliativos», subrayó. «El objetivo son cuidados paliativos para todo el mundo». El proyecto de ley va precedido de un plan para ampliar de forma muy significativa esos servicios. En concreto, se prevé una dotación de 100 millones de euros adicionales cada año durante un periodo de diez años para reforzar los cuidados paliativos.
«Rompe un dique esencial»
El examen en primera lectura en el plenario de la cámara de diputados debe prolongarse hasta el 7 de junio para un voto solemne previsto el día 11. Luego el texto pasará al Senado, donde continuará la tramitación en otoño y, teniendo en cuenta que habrá una doble lectura, la adopción final de la ley no se espera antes del verano de 2025.
Representantes de la Iglesia ya habían manifestado el miedo a que, aun en su propuesta más limitada, el proyecto «rompe un dique esencial, el de la prohibición de matar», e «introduce un desequilibrio», informó a finales de abril la Conferencia Episcopal Francesa. Así lo habían manifestado ante la comisión los obispos Pierre d’Ornellas y Vincent Jordy, respectivamente responsable del grupo de trabajo del episcopado sobre bioética y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Francesa.
«La dignidad de una sociedad humana consiste en acompañar la vida hasta la muerte y no en facilitar la muerte», subrayó entonces Jordy. En este sentido, los obispos criticaron que se utilizara para justificar el proyecto el principio constitucional de fraternidad, que garantiza la solidaridad en los derechos económicos y sociales, y que debería, sobre todo, permitir una verdadera igualdad de acceso a los cuidados paliativos.