Sara Degli-Esposti, experta en IA: «Me preocupa su implementación en lo público»

«Cuando hablamos de inteligencia artificial, se suele recalcar mucho esa inteligencia, pero los que trabajamos en este mundo sabemos que de inteligente tiene poco y de artificial mucho», ha declarado Sara Degli-Esposti este miércoles durante el ciclo de conferencias Aula Veritatis Splendor que organizan la Pastoral Universitaria y la Delegación de Jóvenes de la archidiócesis de Madrid. Según está investigadora del CSIC especializada en la disciplina, tras la popularización de herramientas como ChatGPT diferentes profesionales como ella están implementando un manual para utilizarlas de manera ética. Una algorética a la que el Papa ya ha llamado en numerosos documentos.

La científica ha advertido a los profesores y capellanes procedentes de diferentes centros y reunidos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid que «si hay universidades que utilizan inteligencia artificial para saber a qué estudiantes admitir, tienen que saber que están empleando sistemas de alto riesgo para los derechos humanos fundamentales de las personas». Y ha señalado al respecto que «hay una preocupación de los reguladores de la sociedad por la capacidad que tienen estos servicios de entrar en nuestras casas y cambiar nuestras vidas».

En respuesta, ha llamado a «establecer sistemas de gobernanza de datos más equitativos porque, si yo te doy los míos, ¿qué recibo a cambio?». Considerando el mero uso del servicio como una retribución insuficiente, se pregunta también qué más se le exigirá al ser humano en el futuro para emplear estos programas cuando toda la información sobre él ya esté disponible.

Finalmente, Degli-Esposti ha recalcado que una de las restricciones más urgentes que imponer a la inteligencia artificial afecta a su uso en la Administración. «Me preocupa mucho su implementación en la colaboración público-privada porque en lo público faltan profesionales con conocimiento». A su juicio, como los funcionarios carecen actualmente de la especialización para «escribir pliegos de condiciones que puedan beneficiar a la Administración», el riesgo que se corre es que «me lo redacte la empresa» de manera torticera y con un oculto «incentivo y beneficio para ellos mismos».