Religiosos filipinos: la ley antiterrorista «infringe la libre expresión de la Iglesia»

Los religiosos filipinos han llevado a los tribunales sus quejas contra la nueva ley antiterrorista del país. No solo la califican de «inconstitucional», sino que además se consideran directamente afectados por ella, pues «infringe la libre expresión religiosa de la Iglesia».

La Asociación de Superiores Mayores Religiosos de Filipinas (AMRSP por sus siglas en inglés) presentó el miércoles 26 de agosto una petición ante el Tribunal Supremo del país contra la ley antiterrorista, que entró en vigor el 18 de julio después de ser firmada el día 3 del mismo mes por el presidente, Rodrigo Duterte. Se trata del 30º recurso contra la ley que presentan distintas entidades de la sociedad civil. Se trata de un paso más en la firme y abierta oposición de la Iglesia a la nueva norma.

«Para reprimir la disidencia»

«La amplia y vaga definición» del concepto de terrorismo hace que la misión de la Iglesia se vea «obstruida y afectada negativamente», se lee en las 33 páginas del documento que presentaron los superiores religiosos, según recoge la publicación católica asiática Licas News. Los autores del texto advierten de que la ley «se puede usar y se usará para reprimir la disidencia y restringir el derecho a expresarse libremente, a crear asociaciones y a reunirse pacíficamente» para protestar por agravios sufridos en distintos ámbitos.

Citan como ejemplo cómo los Misioneros Rurales de Filipinas, socio de la AMRSP, han sido puestos en el punto de mira de las autoridades como sospechosos de terrorismo por su trabajo con los grupos más desfavorecidos de la sociedad y su denuncia de las injusticias que sufren. «Puesto que forman parte de los sectores marginados de la sociedad, ayudar a los pobres se podría interpretar como prestar asistencia a “terroristas”», aseguran los religiosos en sus alegaciones.

En conflicto con la doctrina social de la Iglesia

Por todo ello, la norma afecta al «derecho fundamental de la Iglesia a la libre expresión religiosa», que incluye «transmitir la fe» que emana del Evangelio «en palabras y obras. Ser testigo es un acto de justicia».

La nueva norma entra en conflicto, añaden los firmantes, «con la doctrina social de la Iglesia, particularmente con sus acciones de evangelización y misioneras». Estas tareas son una llamada y un deber de todos los católicos. La amenaza, por tanto, «no afecta solo a los miembros de congregaciones, sino, más importante aún, a los fieles cristianos».

«Restricciones logísticas»

Antes de recibir el recurso de los religiosos católicos, añade Licas News, el alto tribunal filipino anunció que a partir de la tercera semana de septiembre se programarían las audiencias sobre las quejas contra la ley. Una decisión a la que se ha opuesto el Fiscal General, apelando a las «restricciones logísticas» impuestas por las autoridades sanitarias.

El recurso presentado por los superiores religiosos se hace eco también de la situación que vive actualmente el país debido a la pandemia de COVID-19, pero de forma diferente. Critica que el Gobierno tenga como prioridad la entrada en vigor de la ley antiterrorista en vez de la lucha contra el coronavirus y la ayuda a las personas más vulnerables afectadas por la pandemia y las medidas de restricción de la movilidad o de confinamiento de los últimos meses. La salud y seguridad de la gente es lo que más debería preocupar a los líderes del país, afirman.

Atentando en Jolo, una «tragedia»

«El terrorismo no es una preocupación inmediata para nosotros», apuntan los religiosos en su recurso. Esto no implica que la Iglesia se desentienda de este problema, que volvió a golpear al país el lunes. Dos mujeres suicidas, probablemente viudas de miembros de Abu Sayyaf, detonaron sendas bombas en Jolo, capital de la provincia meridional de Sulu, causando la muerte de 15 personas (seis civiles, un policía y ocho militares) y dejando 75 heridos.

Monseñor Charlie Inzon, vicario apostólico de Jolo, lamentó la «tragedia», y pidió que no se sume más dolor a la «terrible carga» que ya supone la pandemia. También la oficina nacional de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada denunció los atentados, afirmando que «ninguna razón puede justificarlos». «Los responsables de estas atrocidades son crueles y despiadados, carentes de humanidad o respeto por la vida y la propiedad».

Debilitados, pero más radicales

Abu Sayyaf es un grupo terrorista filipino fundado en 1991 y que en 2014 juró lealtad al Estado Islámico. Está presente en las islas del sur del país, especialmente en Sulu. Aunque su presencia en el resto del Mindanao Musulmán es cada vez más reducida, se estima que hay unos 300 efectivos en este archipiélago, que es la provincia más pobre de Filipinas.

A pesar de que la amenaza terrorista se ha debilitado, también se ha radicalizado. Abu Sayyaf y otras formaciones afines al Dáesh que operan en la zona —como Luchadores Islámicos para la Liberación del Bangsamoro, Ansar Khalifa o Maute— han abrazado nuevas formas de violencia como los ataques suicidas, que antes no perpetraban. En los últimos tres años, se han producido seis atentados de este tipo, incluyendo el de enero de 2019 contra la catedral de Jolo.

El problema es real. Pero una respuesta eficaz, aseguran los superiores religiosos en su recurso contra la ley antiterrorista, llegará «solo por medio de esfuerzos [orientados a] la resolución pacífica de las hostilidades mientras se abordan las causas de raíz de los actos violentos de forma integral, y no solo militarmente».