Reglamento de Extranjería: poco ambicioso y vinculado al trabajo

La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería sigue dando pasos después de que finalizase la fase de audiencia pública el pasado 13 de junio. Se trata de una modificación normativa necesaria y que pretende responder, fundamentalmente, a la realidad del mercado de trabajo. Así, en la exposición de motivos se afirma que el 50 % de las empresas declaran tener dificultad para la cobertura de vacantes y añade que el modelo migratorio español «carece de agilidad en la capacidad de dar respuesta a los retos del mercado laboral, incluye ineficiencias y genera prácticas de economía informal con elevados costes humanos, económicos y de gestión».

Con estas premisas, la propuesta favorece la contratación en origen —como se hace con algunos temporeros—, plantea que estudiantes extranjeros puedan trabajar o una nueva figura de arraigo con formación, que permite incorporar al mercado laboral a personas que hayan obtenido la cualificación que requiere la situación económica en el corto plazo, con una formación orientada a cubrir las carencias existentes. Del mismo modo, flexibiliza la autorización de trabajo por cuenta propia para incentivar el emprendimiento, la renovación de permisos y los requisitos para arraigo social. En este último caso, por ejemplo, se cambia la obligatoriedad de presentar un contrato de trabajo por un año por otro que garantice el salario mínimo interprofesional. Además, la reforma recoge los cambios normativos y la jurisprudencia que se han venido produciendo en los últimos años, pues el reglamento en vigor es de 2011. Por ejemplo, el nuevo texto ya recoge las exigencias marcadas por la reforma laboral.

Con todos los avances, un grupo de organizaciones estatales —Cáritas, Cepaim, CEAR, Andalucía Acoge y Red Acoge— han presentado a través del Portal de Transparencia un informe jurídico con aportaciones a la reforma. Aunque ven aspectos positivos, como los ya citados, creen que debería ser «más ambiciosa». De hecho, subrayan que el texto refuerza el vínculo entre migración y mercado laboral, y añade que a estas personas se les debería reconocer su condición de ciudadanos de pleno de derecho más allá de la coyuntura económica.

María Segurado, responsable de Políticas Migratorias de Cáritas Española, explica a Alfa y Omega que habría esperado una modificación «más global». Cita, por ejemplo, que no se habla de vías legales y seguras, es decir, «que la gente pueda venir sin jugarse la vida» o que no se abordan los procesos de reagrupación familiar, que «son largos, complejos y costosos», y que ponen en tela de juicio el derecho a la vida en familia reconocido por los tratados internacionales y por la propia Ley de Extranjería. También echa en falta la posibilidad de otorgar autorizaciones de residencia para la búsqueda de empleo: «Nos parece una oportunidad para no traer solo perfiles muy cualificados. Podrían entrar para buscar trabajo y, si no lo hacen, regresar sus países».

Por todo ello, insiste en que se pierde una oportunidad. «Toda reforma legislativa supone un esfuerzo y tenemos la sensación de que es un parche. Por eso nuestra propuesta es más amplia y esperamos que nos escuchen», añade la representante de Cáritas que, junto con las demás organizaciones, ha pedido una reunión con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Le preocupa, además, que esta modificación se esté tramitando por la vía de urgencia. «Nos da pena y no es bueno en casi ninguna norma, y menos en extranjería. Podría ser un diálogo pausado, pero, al final, se convertirá en algo atropellado», añade. En cualquier caso, dice que esta opción «no puede evitar ver si hay una propuesta mejor».

Por su parte, la directora de Políticas y Programas de CEAR, Paloma Favieres, lamenta que se haya dejado fuera del arraigo laboral a los solicitantes de asilo y protección internacional, y pide una reducción de tres años a 18 meses de los plazos para conseguir la residencia por arraigo social para que más personas puedan beneficiarse.