Reforma laboral: «Les toca a los empresarios mover ficha»

La reforma laboral implementada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular va a ser revisada finalmente en los próximos meses, según se desprende del comunicado del Gobierno hecho público esta semana. Así, el Ejecutivo se compromete a «dejar atrás» la temporalidad, la precariedad y el desempleo, que son «las principales anomalías del mercado laboral español». De este modo, el Gobierno abordará un asunto que formaba parte de los acuerdos para formar la coalición entre PSOE y Podemos.

Dejando de lado los detalles de la negociación entre las diferentes sensibilidades del Ejecutivo –encabezadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño–, el hecho es que ya se ha empezado a elaborar un borrador a nivel técnico entre ambos ministerios, y este miércoles se ha producido la primera reunión entre Gobierno, patronal y sindicatos para tratar este asunto.

Entre los objetivos del Gobierno está limitar los contratos temporales al 15 % del total en una empresa –los datos de empleo del mes de octubre indican que el 90 % de las nuevas incorporaciones han sido temporales–, así como eliminar los contratos por obra o servicio, que en la actualidad conforman el 92 % de todas las contrataciones eventuales.

Aunque no se ha llegado aún a un acuerdo definitivo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, declaraba este miércoles en la cadena SER que la nueva reforma laboral «potenciará el contrato indefinido» y creará «unos niveles mínimos de salario» para combatir «el problema de los trabajadores pobres». Junto a ello, fortalecerá «herramientas como los ERTE» para generar «una red de seguridad» ante la destrucción de empleo.

Desde la doctrina social de la Iglesia

Para Maru Megina, presidenta de la de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), «partimos de una situación lesiva para las personas», en alusión a la reforma laboral de 2012. Aquella normativa «debilitó la negociación colectiva y la organización de los propios trabajadores, abarató el despido y desestabilizó los contratos indefinidos». De hecho, a partir de entonces resulta «más fácil y más barato despedir», al tiempo que se ha producido «una notable reducción salarial con la excusa de ajustar los sueldos a la productividad».

El resultado de todo aquello ha sido «un aumento del número de trabajadores pobres, precarizando sobre todo el empleo juvenil». Así, lo que nació para permitir un mayor acceso de la gente a un empleo «en realidad fue en detrimento de la vida de las personas», pues «mucha gente se quedó en la cuneta».

Once años después, «es preciso que esa reforma se derogue y se haga una nueva», reclama la presidenta de la HOAC, para la que la nueva normativa debe recoger algunas cuestiones imprescindibles: «que exista un diálogo social y una voluntad política clara de que cambien las condiciones laborales. Tiene que haber un trabajo estable para todas las personas, que permita una vida digna, con salarios suficientes para una seguridad vital».

Alcanzar esto exige «no solo la reforma de una ley, sino realizar un cambio de modelo económico, algo mucho más profundo, que no esté al servicio de la rentabilidad. Es la economía la que tiene que adaptarse a las personas, y no al revés», dice Megina.

La presidenta de la HOAC recuerda en este sentido las palabras del Papa Francisco en el último Encuentro Mundial de Movimientos Populares, en el que propuso un ingreso básico universal «para que cada persona pueda acceder a los más elementales bienes de la vida», y sugirió la reducción de la jornada de trabajo para que este sea un bien accesible a todos.

«La doctrina social de la Iglesia pide mejorar las condiciones laborales para evitar la pobreza», atestigua Maru Megina, y para ello «hay que atreverse a implementar medidas concretas».

Ante las objeciones de que este tipo de medidas podrían alejar las inversiones y la iniciativa de los empresarios, la presidenta de la HOAC responde que «cuando se aumentó el salario mínimo interprofesional, se dijo que eso iba a suponer más paro, pero se ha demostrado que no es cierto».

Por eso, defiende que «dado que hemos llegado a un extremo en el que en todas las crisis claramente los que salen perjudicados han sido los de abajo, ahora les toca a los empresarios mover ficha y trabajar para una economía de las personas».

Para Megina, ello «no es incompatible» con el beneficio, pero «los empresarios deben estar al servicio del bien común y de una riqueza social, no únicamente privada».