Recuperar la autoridad del profesor en el aula no es represivo sino «absolutamente necesario»

El pasado lunes, el Parlamento de Cantabria aprobó el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar. Es una norma que regula de forma explícita cómo responder ante el acoso escolar —también hacia los docentes— y que desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos valoran como «absolutamente necesaria».

En entrevista con Alfa y Omega, José Luis Castellano, vicepresidente de CONCAPA diagnostica que «se había degradado completamente a nivel social la figura del profesor». A su juicio, ha sido una tónica en España en las últimas décadas y «la puntilla se le dio la LOMLOE con el tipo de modelo educativo que viene a imponernos».

Ocho de cada diez docentes señalan agresiones

Castellano recuerda que «la Comunidad de Madrid ya sacó una ley similar en 2020 «que se está intentando ampliar» y que trataba de atajar «la situación de violencia que sufren en las aulas los profesores». De hecho, el pasado enero este semanario ya se hizo eco con un ambicioso reportaje de la protesta del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE), según la cual ocho de cada diez profesores de la pública «valoran el clima de trabajo en las aulas como conflictivo» y «perciben un aumento de las agresiones verbales por parte del alumnado» e incluso físicas.

Estas agresiones «se dan a todos los niveles, también en los concertados aunque quizás estén un poco más controladas», valora Castellano, quien subraya «un factor muy importante»: «los padres han diluido mucho el respeto hacia la autoridad del profesor». Es un efecto colateral de la deseable democratización de la sociedad pues, del mismo modo que los ciudadanos son más conscientes de sus derechos, hay quienes se sienten —sin conocimiento alguno— autorizados, por ejemplo, «a discutir con los médicos». Con el agravante de que, al ser aparentemente intuitivo, todo el mundo se siente capacitado para educar y «en muchas casas no gusta que el hijo llegue sancionado» porque la firmeza de un buen profesor evidencia las carencias que se están tolerando en el hogar.

Los insultos deben tener correcciones claras

Según José Luis Castellano, «con esa primera ley que sacó la Comunidad de Madrid hemos hecho un trabajo en el Consejo Escolar durante todo este año porque muchos profesores nos decían que no sabían dónde acudir» tras sufrir una agresión física o verbal. Y explica que «por eso se está trabajando en un nuevo decreto» a nivel regional que «dará más maniobrabilidad para que, si hay un incidente en el aula, que los profesores puedan expulsar claramente con consecuencias». El vicepresidente de CONCAPA adelanta que este decreto incluso categorizará sanciones específicas para diferentes tipos de insultos para dejar fijado de forma clara qué hacer en cada caso.

Preguntado sobre qué es lo primero que debería hacer un colegio para desescalar estas dinámicas, Castellano sostiene que «desde que entra una familia en un colegio, se le tiene que hacer saber que el profesor es la autoridad». Y, después, que este docente tenga la certeza de que «la administración educativa le va a respaldar y proteger». Porque, del mismo modo que «si el profesor hace algo mal tendrá una sanción», existe «el otro lado de la moneda» por el que los alumnos violentos y groseros deben ser abiertamente corregidos.