«Querían llevarnos a la cárcel por acoger a hermanos»

Año 2006. Madrid. Dos jóvenes marroquíes, menores de edad, deambulan por la calle en plena noche. No quieren volver a dormir a la residencia de menores donde viven –hasta que cumplan los 18 años– bajo la tutela de la Administración Pública. El motivo es que «por la noche llegaba la Policía, se llevaba a la fuerza a los chicos, y al día siguiente amanecían en Tánger», cuenta Roberto Borda, uno de los ponentes del 5º Congreso Internacional de Pastoral Mercedaria que tuvo lugar el fin de semana pasado en la capital. «Recuerdo todavía el día que conocí a estos dos menores, en un bar al lado del metro Oporto. Me contaron las penurias que pasaron hasta llegar a España. Por aquel entonces, la mayoría de los niños de Marruecos venían escondidos en los bajos de los camiones. Y su destino en Madrid era escapar de noche de una residencia por miedo a ser devueltos otra vez a ese infierno».

Roberto habló con su mujer, Cuca, y decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. «Fue una interpelación directa. Por nuestra fe y por nuestro modo de entender el mundo, en el que velar por la justicia social y los derechos humanos es prioritario, no podíamos dormir tranquilos sabiendo que nuestros hermanos vivían huyendo por la presión de la policía. Su único delito era haber nacido al otro lado de la frontera».

Con la ayuda de la asociación Apoyo de Moratalaz, donde trabaja Roberto, de la Fundación Raíces y de la propia Cuca, abogada, «nos pusimos a trabajar en el plano legal». Pero las cosas de palacio van despacio. Y mientras, «como teníamos una casa con habitaciones de sobra, les propusimos que se vinieran a vivir con nosotros. Por justicia», afirma. «Dos niños no podían estar vagando sin rumbo fijo porque alguien se hubiera empeñado en que no vivieran en España».

Los dos nuevos miembros de la familia se quedaron tres años con Roberto y Cuca. Después de independizarse llegaron otros menores, siempre de Marruecos. A partir de 2011, cuando «la Comunidad de Madrid expulsó a un gran número de subsaharianos acogidos al considerarlos mayores de edad», el perfil de la familia cambió. «Muchos de estos chicos contactaron con nosotros, y hemos ido acogiéndolos el tiempo que han necesitado. Cuando se han ido de casa es porque tenían posibilidades de vivir de manera digna por sus propios medios». Mínimo suelen estar tres años, porque es el tiempo que necesitan para conseguir los papeles de arraigo. A día de hoy, dos chicos subsaharianos conviven con Roberto, Cuca y sus dos hijos de 2 y 4 años.

De repente, sin médico

Cuando Roberto Borda se refiere a sus jóvenes acogidos, los llama siempre mi familia. «Cuando nos han llamado porque uno de ellos había sido internado en un CIE, hemos salido corriendo a intentar sacarle. Lo que harías con tu hermano, con tu padre». Redadas, internamientos en el CIE de Aluche… «Hemos vivido verdaderas burradas. Una de las mayores fue cuando un día, de la noche a la mañana, dos miembros de mi familia se quedaron sin poder acceder a la sanidad pública». Cuando entró en vigor el decreto sobre exclusión sanitaria, uno de los chicos que convivía con ellos «tenía la rodilla mal, y se quedó en mitad del tratamiento. Ya no pudo seguir yendo a curarse». Roberto recuerda «el daño que provocó esa medida».

Otra de las situaciones más duras por las que la familia ha pasado fue cuando el Gobierno quiso reformar el Código Penal. Una de los nuevos artículos proponía penalizar la hospitalidad de los españoles con inmigrantes. Roberto y Cuca, que formaron parte de la Plataforma Salvemos la Hospitalidad, recuerdan lo «irreal que fue pensar que nos iban a llevar a la cárcel por acoger a otros hermanos». El Gobierno rectificó a tiempo y se paró la propuesta, pero «durante el tiempo de incertidumbre, supimos cuánta gente nos apoyaba. Antes, en nuestra comunidad de vecinos, éramos los raros que vivían con negros y marroquíes, pero a raíz de esa campaña hubo vecinos que estaban a nuestro lado».

La situación no mejora

Roberto asegura que, aunque ahora se escuche que hay menos redadas o se hable menos de los CIE, «la situación no ha mejorado. Tampoco va a peor, pero que se mantenga es un fracaso». Que hayan disminuido las redadas «es incierto, lo que pasa es que son más selectivas: antes se pedía los papeles a todo aquel que parecía extranjero. Ahora, dos meses antes de fletar un vuelo a Senegal, van buscándolos por la calle. Cuando los encuentran, les dan una citación para ir a comisaría en dos meses, porque “hay que hacer un trámite importante”». Cuando llega la fecha de la cita, los senegaleses van a comisaría y entonces, «los detienen y los deportan», advierte Roberto.

En el plano laboral tampoco hay avances. «Mucha población inmigrante está realizando trabajos que rozan la esclavitud». Uno de los miembros de su familia «estuvo trabajando en una frutería en un centro comercial. En lugar de pagarle dinero, a final de mes le daban cheques regalo por valor de 200 euros para gastar en su centro». Roberto denuncia que los inmigrantes tienen que aceptar «barbaridades como esta porque para renovar la tarjeta de residencia tienen que trabajar. Y con lo que han sufrido para conseguir los papeles…». Por eso, añade, «nos duele cuando escuchamos que los inmigrantes aceptan trabajar en cualquier cosa. Si su permiso de residencia no estuviera unido a la cotización en la Seguridad Social, no lo aceptarían».

Dos proyectos de autoempleo

Como conseguir un trabajo digno es difícil, máxime si eres inmigrante sin papeles, Roberto y Cuca, junto con la asociación Apoyo y otros amigos han puesto en marcha dos iniciativas de autoempleo. Una es el www.huertohermanatierra.org, un proyecto de huertos ecológicos en colaboración con los frailes capuchinos. «Jamás pensé que acabaría siendo agricultor a mis 43 años», bromea Roberto. Pero «cuando los miembros de tu familia no encuentran trabajo, o viven en una sociedad que ofrece 200 euros al mes a una persona que ha venido en cayuco, ha visto morir a gente y no puede volver a su casa… me enfado mucho. Y como me dan ganas de hacer muchas cosas, opto por hacer algo positivo». El segundo proyecto que están poniendo en marcha tiene que ver con recuperar juguetes de segunda mano y venderlos en parroquias y mercadillos, aunque «cuesta encontrar puntos de venta». Su siguiente paso será intentarlo online.