Portugal se enfrenta a varios frentes mientras retoma la legalización de la eutanasia

Redacción
Manifestación en el exterior del Parlamento portugués mientras en el interior, comienzo a tramitarse la despenalización de la eutanasia con cinco proyectos de ley, en Lisboa, el 20 de febrero de 2020. Foto: REUTERS/Rafael Marchante

Seguir adelante con la legalización de la eutanasia es todavía más «deplorable» después de la experiencia de la pandemia de COVID-19, ha denunciado la Asociación de Juristas Católicos de Portugal. En un comunicado hecho público el lunes, la entidad subraya que esta práctica «desnaturaliza la labor de los profesionales de la salud», cuya misión «siempre ha sido y debe seguir siendo servir y proteger la vida humana» hasta el final.

La actitud de los partidarios de la muerte provocada contrasta, continúa la nota, con lo vivido durante la emergencia sanitaria, que «nos ha recordado el valor supremo de la vida humana en todas sus fases y la misión de los agentes sanitarios».

«No confirmar en la desesperación»

Solo un objetivo «tan importante» como proteger vidas humanas ha justificado durante estos meses que se aceptaran «las privaciones de libertades fundamentales, la parálisis del país y los incalculables daños económicos y sociales». Únicamente esa meta «da sentido a tantos sacrificios».

«Cuando la vida de una persona está marcada por la enfermedad y el sufrimiento, la respuesta de la sociedad y del Estado no puede ser confirmar su desesperación contribuyendo a su muerte», subrayan los juristas. Al contrario, «movidos por el amor fraterno», no debe «escatimarse ningún esfuerzo para eliminar o aliviar ese sufrimiento».

Prisa en el Parlamento

La Asociación de Juristas Católicos responde con este comunicado al anuncio del Parlamento, hecho inmediatamente después del final del confinamiento, de su intención de retomar lo antes posible el debate parlamentario sobre las cinco proposiciones de ley, cuya toma en consideración se aprobó el 20 de febrero.

Sin embargo, la semana pasada estos proyectos sufrieron dos reveses. El día 15 de junio, 15 importantes catedráticos de Derecho de las universidades portuguesas hicieron pública una declaración en la que manifestaban su opinión de que los proyectos que se están tramitando «se muestran contrarios a la Constitución» en aspectos como el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección de la salud.

Con esta valoración coinciden los juristas católicos. Y añaden que la legalización es contraria a otro fundamento del ordenamiento jurídico: el que asegura que «todas las vidas humanas sin excepción son dignas de protección».

El Colegio de Médicos no colaborará

Pocos días después, el viernes, también el Colegio de Médicos dejó constancia de su oposición a la eutanasia en una carta al presidente de la Cámara. Al tiempo, anunciaba que dentro del rechazo a cualquier forma de participación en esta práctica, no integrará las comisiones que decidan sobre ella ni designará a ningún médico para implicarse en los procesos de muerte provocada.

Por otro lado, la Federación Provida de Portugal presentó el jueves en el Parlamento 95.000 firmas pidiendo que se convoque un referéndum sobre la ley. Esta iniciativa, lanzada el 7 de febrero, ha superado en más de un 50 % las 60.000 necesarias para obligar al Parlamento a someter la solicitud a voto. Ese mínimo se alcanzó en menos de un mes, y durante los meses de confinamiento se lograron las últimas 10.000. La Asociación de Juristas Católicos apoya esta propuesta, que «correspondería al mínimo de verdad democrática», ya que los partidos más grandes no incluían la legalización de la eutanasia en sus programas electorales, y sus parlamentarios están divididos.

El presidente de la Federación Provida, António Torres, atribuye a «toda esta presión» las declaraciones de algunos parlamentarios afirmando que «el debate, junto con las comparecencias que estaban intentando evitar, se prolongará como mínimo hasta septiembre u octubre».

Vatican News/Alfa y Omega