¿Por qué puede haber algún signo de esperanza en las fraudulentas elecciones en Myanmar?

El pasado domingo se celebró la segunda fase de las elecciones en Myanmar, convocadas por la Junta Militar que detenta el poder desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Sin embargo, en los comicios apenas participaron representantes de la oposición prodemocrática, cuyos líderes están presos o exiliados desde la asonada.

Se trata de la segunda de tres convocatorias electorales. El pasado 28 de diciembre se celebró la primera fase de estos comicios, los primeros convocados por los militares desde la asonada. La ONU y buena parte de Occidente los considera fraudulentos.

Asia News recoge informaciones sobre puestos electorales controlado por los militares en zonas de guerra. Y, en sitios más pacificados, presiones a los ciudadanos como la amenaza de no recibir ayudas o no poder escolarizar a los hijos por no votar al partido oficialista; o que el votar o no influyera en lo que ocurre en el reclutamiento obligatorio.

Según los resultados parciales publicados hasta el jueves por la comisión electoral, el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP) obtuvo 103 escaños de la Cámara baja en la primera fase de las elecciones en Myanmar. Afirma haber logrado hasta el 90 % de votos en algunas circunscripciones.

Los militares ganaron 28 puestos sin tener que competir porque no se presentaron contendientes. Tienen asegurados otros 166 escaños debido a un privilegio constitucional que otorga el 25 % de cada cámara al Ejército. Según cálculos de medios independientes, los golpistas acumulan hasta ahora 300 miembros en el nuevo Parlamento, que estará integrado por 588.

Así, ya cuentan con los escaños necesarios para elegir al nuevo presidente del país. Otros partidos pequeños, integrados o liderados por personas cercanas al Ejército, ganaron cerca de una decena de escaños en la primera fase.

Atisbos de esperanza

A pesar de todo, la Iglesia miraba con una pizca de optimismo las elecciones en Myanmar. «Siguen siendo un paso que la población vive con expectativas y esperanza de que algo pueda cambiar». Lo afirmaba a Fides, en vísperas de la votación, el sacerdote John Aung Htoi, de la diócesis de Myitkyina (estado de Kachin), una de las ciudades convocadas.

Aunque «la gente va a las urnas por un lado por miedo», también «espera algo nuevo, que desbloquee el estancamiento en el que ha caído la nación». La formación de un Gobierno formado de igual forma por exponentes de la Junta, pero en calidad de civiles elegidos de forma supuestamente democrática, da esperanza de que «haya más posibilidades de diálogo». «Las Fuerzas de Defensa Popular y el gobierno en el exilio siempre han dicho que un diálogo solo será posible con un Gobierno civil».

Asimismo, el Ejército de Independencia de Kachin (KIA), una de las formaciones más poderosas y organizadas, ha declarado que podría iniciar un diálogo con el nuevo Gobierno civil. «Si es así, todos los demás ejércitos étnicos seguirán. Entonces está la perspectiva y la esperanza de un diálogo nacional», observaba Aung Htoi. Aunque matizaba: «Ya veremos».

Juicio en La Haya

La segunda fase de los comicios se produjo en vísperas de que arrancara, en La Haya (Países Bajos), el juicio de la Corte Internacional de Justicia contra Myanmar por un presunto delito de genocidio contra los rohinyá. En concreto, Gambia había presentado en 2019 una acusación por violación de la Convención contra el Genocidio por su «patrón de conducta» con «intención de destruir» a esta minoría musulmana en el estado de Rakáin en 2016 y 2017.

Las audiencias, en su mayoría públicas, se extenderán hasta el 29 de enero, según la agenda oficial. Incluirán varias rondas de argumentos orales de Gambia, que fue quien inició este procedimiento, y de Myanmar. También habrá sesiones a puerta cerrada —por motivos de seguridad— en las que se escuchará a testigos y expertos.

El ministro de Justicia gambiano, Dawda Jallow, describió al iniciar sus argumentos un contexto de «persecución atroz» prolongada y precedida por décadas de «propaganda deshumanizante».Citó asesinatos, expulsiones, violencia sexual y destrucción de aldeas en Rakáin.

La ONU concluyó en 2018 que existían indicios de «actos genocidas» y crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia, más de 700.000 personas huyeron a Bangladés, donde siguen viviendo en campos de refugiados en condiciones precarias.

En una fase provisional del caso en 2019, la entonces líder birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, rechazó ante la CIJ acusaciones, que calificó de «engañosas», y defendió al Ejército que dos años después la depuso. Sin embargo, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), compuesto por legisladores del anterior Gobierno en el exilio, ha «aceptado y acogido con satisfacción» la jurisdicción del tribunal de la ONU y ha «retirado todas las objeciones preliminares».