Perú investigará las muertes de manifestantes mientras continúan las protestas

Perú roza ya la cincuentena de víctimas de las violentas protestas que desde diciembre sacuden sobre todo el sur del país, pero que también se están extendiendo ya en la capital, Lima. El jueves se produjo una nueva muerte en Cuzco, la de Rema Candia Guervara, dirigente de la comunidad campesina Urinsaya Collana.

Además, la Defensoría del Pueblo confirmó el fallecimiento de un joven de 16 años, herido el lunes en Juliaca (Puno) durante el día más sangriento de la revuelta. Con él, son 18 las víctimas mortales de ese día, mientras el número total desde el 7 de diciembre alcanza los 49. 41 manifestantes han fallecido en enfrentamientos con las fuerzas del orden, así como un agente de Policía y siete personas más, entre ellos un bebé, «por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo».

La Defensoría recomendó al Ministerio Público que la investigación la lleven a cabo «fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad». «Dada la gravedad de las afectaciones a la vida, integridad y salud, las citadas fiscalías resultarían las idóneas para proseguir con las investigaciones, como ocurre en Ayacucho y Apurímac».

Cierre de aeropuertos

También el Congreso peruano decidió el jueves, con 71 de 130 votos, crear una comisión de investigación sobre las muertes por violencia policial contra las manifestaciones que se oponen al Gobierno de Dina Boluarte. Votaron a favor los partidos de oposición, con el objetivo de evaluar si hay responsabilidades políticas y penales detrás de las muertes, la mayoría de ellas producidas por la dura respuesta de la policía contra manifestantes jóvenes en el sur del país.

Después de Juliaca, Cuzco se ha convertido en los últimos días en el foco de las protestas. Un grupo de manifestantes invadió las instalaciones de la mina de cobre Antapaccay, operada por la multinacional Glencore, y quemó vehículos y maquinaria.

Su aeropuerto, puerta de entrada a la ciudadela inca de Machu Picchu, ha suspendido temporalmente sus operaciones «como medida de prevención», pues las protestas se concentraban en su entorno para intentar tomarlo. En varios puntos del país, los manifestantes han intentado ocupar las instalaciones aeroportuarias, lo que ha provocado también el cierre de otras, como es el caso de Juliaca, colindante con Bolivia.

«¡No más muertes!»

El lunes, la Conferencia Episcopal Peruana condenó las muertes en Juliaca. «Invocamos al Gobierno a detener, urgentemente, la violencia y las muertes vengan de donde vengan; al ministerio público y al poder judicial a investigarlas y sancionarlas; y al Congreso, a tomar las decisiones que exige la coyuntura y la paz social del país», reclamaron.

Los hechos, aseguraron también, «se han producido, por un lado, como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y por otro, por el uso desmedido de la fuerza». Frente a esto, añadieron, «necesitamos distinguir los justos reclamos de otros que no permiten un diálogo racional».

El martes se pronunció de nuevo para condenar la muerte de un policía en Puno. José Luis Soncco Quispe fue quemado vivo en el interior de un coche policial. «No podemos regresar a las épocas oscuras del terror que enlutaron a nuestro país durante 20 años. Esta situación merece el enérgico y contundente rechazo de todos, y reafirmar con suma urgencia el llamado imperativo de ¡no a la violencia, venga de donde venga! ¡No más muertes! ¡Sí a la vida! ¡La vida es sagrada!».

Elecciones en 2023

Las manifestaciones en Perú comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia del país tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo. Tras una tregua navideña, volvieron a sentirse, sobre todo en el sur del país.

Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 —medida que también apoyó la Iglesia— y la creación de una asamblea constituyente. Algo que la nueva presidenta ha rechazado en reiteradas ocasiones, ya que mantiene que los comicios serán en 2024.

Lo vivido en las últimas semanas es la expresión más violenta de la crisis política que vive Perú desde hace años, agravada por la constante crispación política y el cambio constante de gobiernos.