El año 2020 siempre será recordado como el año del confinamiento. Todos tendremos en la memoria siempre aquel fatídico mes de marzo en el que nos vimos de la noche a la mañana recluidos en nuestras casas, llenos de incertidumbres y de miedos. Hoy, casi dos años después, con la pandemia aún viva, pero transformada, y una vez que hay datos disponibles, llega el momento de echar la vista atrás y tratar de entender cómo impactó toda esta realidad a los hogares españoles desde la perspectiva de la pobreza energética. A esa tarea se ha dedicado la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas en los últimos meses. Fruto de ello nace el informe de indicadores que se acaba de presentar.
La cuestión de la medición de la pobreza energética no es sencilla. Y es lógico que así sea. Se trata de una realidad social compleja que difícilmente puede quedar recogida en una sola métrica. Es importante entender que cada indicador que se utiliza para medirla está recogiendo una realidad o dimensión particular de la misma. Concretamente, cuatro son las dimensiones principales que tradicionalmente se han utilizado: el gasto desproporcionado, es decir, hogares que están en pobreza energética por exceso de gasto; el gasto insuficiente, u hogares que están en pobreza energética por no cubrir las necesidades mínimas; el retraso en pagos, u hogares en pobreza energética por la acumulación de deudas energéticas, y la temperatura inadecuada, u hogares en pobreza energética por incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Los dos primeros pertenecen a la categoría de indicadores objetivos, mientras que los dos últimos se consideran indicadores subjetivos.
Para cada una de estas dimensiones, el Observatorio Europeo de Pobreza Energética (EPOV) propuso un indicador asociado, y estos fueron luego adoptados por la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica, como los indicadores de referencia en nuestro país. Así, en coherencia con esta iniciativa, la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas ha calculado estos mismos indicadores, así como dos indicadores objetivos adicionales que los complementan. Veamos qué resultados se obtuvieron para 2019 y 2020.
Los cuatro indicadores del EPOV muestran evoluciones muy diferentes. Si bien los indicadores objetivos (gasto desproporcionado y gasto insuficiente) han experimentado pocos cambios, los dos indicadores subjetivos han empeorado notablemente. Por un lado, el incremento del indicador de retraso en pagos (del 6,6 % en 2019 al 9,6 % en 2020) nos está indicando que el escudo social pudo funcionar en el corto plazo, pero que las deudas se están acumulando. Es muy urgente atender esta realidad para evitar que esta situación de deuda se cronifique y termine conllevando antes o después el corte de suministro. Habrá que estar muy atentos a la evolución de este indicador en los próximos dos años para ver cómo está evolucionando la deuda energética de las familias vulnerables en nuestro país.
Por otro lado, el indicador de temperatura inadecuada también ha empeorado ostensiblemente (pasó del 7,6 % en 2019 al 10,9 % en 2020). Aunque es arriesgado reducir toda la explicación a una sola causa, desde la cátedra consideramos que el confinamiento es una de ellas. La obligatoriedad de permanecer en nuestros hogares nos ha abierto los ojos a la precariedad e ineficiencia de muchísimos de ellos.
En relación con el indicador de gasto desproporcionado adicional que se ha incorporado en el informe, nos encontramos con una evolución parecida. No se percibe un aumento muy destacado en 2020 con respecto a 2019. Lo que llama poderosamente la atención es las enormes diferencias regionales. La incidencia de este indicador va del 3,6 % en el País Vasco al 22,5 % en Ceuta. Urge una reflexión al respecto que nos lleve a copiar modelos de éxito en algunas autonomías y a poner más esfuerzos en aquellas más desfavorecidas.
Por último, el indicador de gasto insuficiente adicional, que denominamos de pobreza energética oculta, nos ha ofrecido una perspectiva nueva de esta esquiva dimensión del fenómeno de la pobreza energética. El indicador compara el gasto real de los hogares con su gasto energético requerido para satisfacer sus necesidades. Su evolución en 2020 con respecto a 2019 muestra un descenso moderado, pero su alta incidencia (25 % en 2019 y 21 % en 2020) nos indica que la pobreza energética oculta no es una dimensión menor del problema sino, al contrario, seguramente la más acuciante.
De todo lo anterior, se pone de manifiesto que 2020, el año del confinamiento, vio incrementar la pobreza energética en nuestro país, pero de una forma limitada. El escudo social impidió que los daños fueran aún mayores. Ahora tenemos el reto de que la situación de impagos no se enquiste, y que la pobreza energética oculta vaya poco a poco disminuyendo de la mano de actuaciones de mejora en la eficiencia energética de nuestros edificios, empezando por aquellos más vulnerables.