Omella defiende cualquier pacto político que respete el ordenamiento jurídico y la separación de poderes

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha querido abrir la Asamblea Plenaria de la CEE pidiendo «nuevamente perdón» por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica. Ante todos los obispos, y en presencia del nuncio Bernardito Auza, el cardenal Juan José Omella ha vuelto a condenar estas «execrables acciones» durante su discurso de inauguración. «No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos» el dolor de las «víctimas y sus familias», así como «la traición cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades», ha dicho.

Ante esta lacra, el también arzobispo de Barcelona ha asegurado durante su discurso que «estamos endureciendo y revisando todos nuestros protocolos de seguridad y formación, así como colaborando estrechamente con las autoridades civiles para garantizar que los responsables de esta clase de actos sean llevados ante la justicia». En este sentido, ha instado a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis. «Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas».

Dentro de este marco de colaboración y escucha, Omella ha aludido al informe presentado recientemente por el Defensor del Pueblo, un documento que consideran valioso por los testimonios de las víctimas recogidos y por «las recomendaciones propuestas». No obstante, «nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación pública causada por una intencionada y errónea extrapolación» de los datos realizada por algunos medios de comunicación. Según el cardenal, se trata de un «disparate» que ha «generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general».

El presidente no ha querido aludir al otro informe sobre el mismo asunto, que encargó el episcopado español al bufete Cremades & Calvo-Sotelo. La ausencia sorprende ante el hecho de que los obispos ya conocen un resumen del informe muy completo, casi definitivo, que se entregará finalmente el 14 de diciembre.

En defensa del diálogo

Durante su alocución, el presidente de la CEE también ha pedido a la clase política rebajar el clima de crispación social. «Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país».

Asimismo, ha hecho un llamamiento al diálogo entre todas las instituciones de la sociedad «sin cordones sanitarios ni exclusiones». «Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978».

De esta forma, la Conferencia Episcopal, a través de su presidente, ha rechazado cualquier pacto «que trate de modificar el statu quo» surgido de la Transición si no se cuenta con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario y con el apoyo de «una mayoría muy cualificada» de la sociedad. De no ser así, ha dicho sin citar la amnistía o la independencia de Cataluña, «tales pactos solo conducirán a una mayor división y confrontación entre los españoles». Con la mirada puesta en la situación política, Omella ha aseverado que «no vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma», pero «tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España».

Migraciones: Mirada cortoplacista

Otro de los temas en los que se ha detenido el arzobispo de Barcelona es en el tema de las migraciones. El propio Omella ha ofrecido algunos datos al respecto: en 2023 la población de origen extranjero residente en España asciende a 7,5 millones de personas, cerca del 15 % de la población total del país. A esta cifra, según el presidente de la CEE, deberíamos añadir los más de dos millones de jóvenes y niños de la segunda generación de migrantes que, si bien han nacido en nuestro país, «sociológicamente están a caballo entre el origen migrado de sus padres y sus contemporáneos nacionales». A la luz de estos datos, el cardenal ha asegurado que se «ha transformado la sociedad española y, con ella, nuestras diócesis, parroquias y comunidades eclesiales».

También hay que tener en cuenta la «inmigración irregular», que llega en no pocas ocasiones a través del Mediterráneo. Para el prelado, esta se trata de una «ruta trágica que acaba tantas veces en la muerte». A los obispos les preocupa también «el incremento de personas» que llegan a las costas canarias procedentes de África, y también «las respuestas cortoplacistas de las administraciones públicas española y europea».

Por todo ello, el presidente de la conferencia episcopal ha reclamado una «migración segura», que «salvaguarde la dignidad de las personas en movilidad» y que frene «la acción de las mafias». Asimismo, ha llamado a la Iglesia a «seguir aportando nuestro granito de arena para colaborar con las autoridades políticas en la resolución del drama de la inmigración irregular».

Por último, el cardenal Omella ha aludido al Sínodo de la sinodalidad, ha recordado la JMJ, ha llamado a reflexionar sobre la educación, ha pedido una economía «atenta al que sufre» y se ha referido a los «tiempos difíciles» que vive la sociedad. Nos encontramos en «un momento marcado por la guerra, la polarización y la crisis económica, social y política», con once millones de personas en España viviendo en una situación de exclusión social. Ante esta situación, «los cristianos estamos llamados a mirar el futuro con realismo y, sobre todo, con esperanza».