Objetivo: que en 2025 la India sea solo hindú

La tranquilidad ha vuelto a Delhi después de los disturbios que durante una semana, del 23 de febrero al 1 de marzo, sembraron la zona noreste de la gran urbe de al menos 53 muertos, 350 heridos, y 92 casas, 57 tiendas, dos escuelas y cuatro mezquitas quemadas. Pero es «una calma escalofriante —asegura a Alfa y Omega el arzobispo de la ciudad, monseñor Anil Couto—. Por todas partes hay signos de destrucción masiva». 3.000 personas han huido tras el destrozo y saqueo de sus hogares y negocios, y se refugian en campamentos temporales.

Esta oleada de violencia es la más grave de las que se han producido en el contexto de las protestas contra la Ley de Enmienda de la Ciudanía (CAA por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 10 de enero. Otra veintena de personas murieron desde que la ley se aprobó en diciembre.

La polémica reforma contempla conceder la ciudadanía a los inmigrantes hindúes, cristianos, sijs, budistas, jainistas y parsis que estén en el país ilegalmente y aleguen haber huido de tres países de mayoría musulmana (Afganistán, Bangladés y Pakistán) por la persecución religiosa. Estos requisitos ignoran que gran parte de los solicitantes de asilo proceden de países no musulmanes (incluidos los rohinyá de Myanmar, ellos mismos musulmanes), y que hay grupos musulmanes, como los ahmadies, perseguidos en países de su misma religión.

Citando las palabras del cardenal Oswald Gracias, presidente de la Conferencia Episcopal India, monseñor Couto denuncia que «no debería dejarse a los musulmanes fuera de esta ley, pues resulta discriminatoria» y contraria a la Constitución. «El Gobierno no debe tener miedo de dar marcha atrás por el bien de la unidad nacional», amenazada por un proceso de polarización que puede tener consecuencias «muy negativas. Se están poniendo en riesgo los pilares en los que se basa la nación».

Pero la CAA va mucho más allá. Es, de hecho, parte de un plan que puede llegar a arrebatar la ciudadanía a una parte importante de los 200 millones de musulmanes del país. El 1 de abril está previsto el comienzo del Registro Nacional de Población. El jesuita Denzil Fernandes, director ejecutivo del Instituto Social Indio, explica que en este proceso los funcionarios tienen el «poder arbitrario de declarar a una persona ciudadano dudoso por cosas como una pequeña errata en su nombre».

De ciudadanos a apátridas

A esas personas no les bastará tener documentos oficiales como pasaporte, carné de votante o la tarjeta aadhar de identificación biométrica; se les exigirán pruebas documentales de su fecha y lugar de nacimiento, propiedad de tierras, etc. Si no, pasarán a constar como «inmigrantes ilegales». Demostrar la indianidad con estos criterios es casi imposible para una parte importante de la población.

Hasta 1970 el registro de nacimientos era voluntario, y la tasa de analfabetismo es todavía del 25,6 %, sobre todo en zonas pobres y remotas (solo el 34 % de los habitantes viven en zonas urbanas, frente al 80,8 % en España). También están amenazados los indígenas, miembros de castas intocables y tribus nómadas, personas sin hogar y otros marginados, mujeres que se desplazaron a la zona de su marido al casarse, o comunidades afectadas por distintas formas de violencia, desde tan atrás en el tiempo como la separación de Pakistán en 1947.

«Irónicamente, el 80 % de los afectados serán hindúes —calcula el jesuita—. Aquí es donde entra en juego la Ley de Enmienda de la Ciudadanía», para concederles a ellos y a los miembros de otras cinco religiones la ciudadanía que se les acaba de arrebatar. En cambio, los musulmanes, judíos, otros creyentes y ateos se convertirán en apátridas, y «el Tribunal de Extranjería los enviará a centros de detención».

Estos ya se están construyendo en el estado nororiental de Assam, donde un proceso similar al que va a comenzar a nivel nacional ya ha excluido del censo a un millón de hindúes (que seguramente podrán volver a solicitar su ciudadanía) y otro de musulmanes. Las únicas opciones de los nuevos apátridas, denuncia el padre Fernandes, «son pasar en estos centros el resto de su vida o pedir asilo en otro país. Es improbable que ninguno los acepte». Se está gestando, en otras palabras, una situación similar a la de los rohinyá en Myanmar antes de su expulsión del país.

Los siguientes, los cristianos

Esta estratagema responde a las aspiraciones nacionalistas del partido Bharatiya Janata (BJP), al que pertenece el primer ministro, Narendra Modi. «Su objetivo es hacer de la India un país hindú para 2025, el centenario del Rashtriya Swayamsevak Sangh, una organización de inspiración sionista, fascista y nazi», explica el padre Fernandes. En ese modelo de país, se aceptaría la presencia de «cristianos y musulmanes sin derechos de ciudadanía o como ciudadanos de segunda clase. Es probable que los cristianos sean los siguientes en el punto de mira» de estos radicales, mientras «la comunidad internacional es un espectador mudo».