Objetivo: cancelar la deuda externa

El coronavirus no solo ha puesto a prueba la resistencia de los sistemas sanitarios más avanzados, sino también de la solidaridad internacional. El sistema público de ayuda humanitaria se tambalea ante la incapacidad de los países donantes —que cuentan sus muertos de COVID-19 por miles y temen una brutal recesión— de seguir bombeando ayudas económicas. Para los habitantes de las regiones más pobres del planeta el panorama era desolador también antes de la pandemia. Según los últimos datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 135 millones de personas en 55 países sufrieron en 2019 desnutrición aguda.

Casi todos tienen que hacer cuentas con el bolsillo de sus prestamistas, que van desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional hasta países como China, y con unos intereses que engordan cada día como si fueran una bola de nieve que cae ladera abajo. El periódico The Guardian calculó que el coste de los préstamos de la deuda externa alcanzó los 424.000 millones de dólares anuales en 2017. Un palo en la rueda que hipoteca cualquier paso adelante que dé una incipiente economía, empobrece aún más a sus ciudadanos y deja poco margen para aumentar el gasto en atención a la salud.

La denuncia llegó desde la imponente basílica de San Pedro, vacía por las medidas de confinamiento. El Papa aprovechó su alocución durante el Domingo de Resurrección para reclamar de forma clara que «se relajen las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada». No era la primera vez. En la encíclica Laudato si Francisco denuncia que la deuda externa de los países pobres se ha convertido en un «instrumento de control».

Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de Naciones Unidas en materia de deuda externa y obligaciones financieras internacionales conexas a los estados, lo explica así: «Si hubiera cancelación de la deuda, esta podría estar vinculada al aumento sustancial del gasto interno en protección social con el énfasis puesto en salud, educación y nutrición». Y añade: «Las instituciones financieras internacionales y otros acreedores deben movilizar urgentemente sus recursos financieros para ayudar a los países a combatir la pandemia y garantizar que la aprobación de cualquier préstamo o donación no dependa de la implementación de ningún tipo de condicionalidad, como medidas de austeridad, privatizaciones o ajustes estructurales, con el riesgo de impactar negativamente los derechos humanos».

«No se trata de ser benévolos»

El Vaticano está de acuerdo con la ONU. Pero incluso va más allá. El sacerdote argentino Augusto Zampini, secretario adjunto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, defiende que la condonación de la deuda de los países más desfavorecidos no debe verse como un gasto en ayuda internacional, sino como una inversión en la batalla global contra el coronavirus: «No se trata de ser benévolos. Es realismo puro. No podemos parar la pandemia si algún país está infectado y no consigue controlarlo. La alternativa es que pidan más dinero, pero eso sería un desastre que lastraría todavía más su economía. Por eso, creemos firmemente que este es el momento de revisar la deuda; de reducir o cancelar completamente el importe, dependiendo del país y de sus condiciones». Para Zampini, a quien el Papa colocó al frente de la gestión de la comisión del Vaticano concebida para remediar los embistes de la pandemia, el razonamiento es claro: «Si tú eres un país en desarrollo o un país pobre al que está llegando la pandemia, debes gastar la mayor parte de tus recursos en fortalecer tu sistema sanitario. Pero es imposible que inviertas en material sanitario o en equipamientos para proteger a tus médicos y enfermeras si además tienes que pagar una deuda internacional. Tenemos que poner a las personas primero, y dejar de pensar solo en los beneficios económicos».

Precisamente uno de los grupos del equipo de trabajo del Vaticano que debe dar respuesta inmediata a la emergencia –además de proponer líneas de acción para la reconstrucción a medio y largo plazo–, está organizando en red con agentes externos y expertos internacionales para analizar los aspectos técnicos que permitirían reducir o cancelar la millonaria deuda externa que ahoga a los países en vías de desarrollo. Hasta ahora, la única reacción del G20 ha sido aprobar una suspensión temporal del pago de deuda de los países más pobres. Pero para el Vaticano este alivio no es suficiente.