Obispos de EE. UU.: «Es inaceptable» que 22 millones de personas pierdan su seguro médico

Una de las promesas de Donald Trump en la campaña electoral, abolir la reforma sanitaria aprobada por la Administración Obama en 2010, lleva meses enfrentándose a una carrera de obstáculos. El rechazo de cinco senadores republicanos, que quieren salvar al menos parte de la ampliación de la cobertura sanitaria a los más desfavorecidos, obligó al gobierno a paralizar su votación el martes, pues los cinco senadores rebeldes habrían hecho que el «No» ganara por un voto.

Según un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, un órgano independiente formado por miembros de ambos partidos, la nueva ley sanitaria dejaría sin cobertura sanitaria en diez años a 22 millones de estadounidenses más, lo que elevaría el número total a 49; el 15 % de la población.

Para la Conferencia Episcopal Estadounidense, esta «pérdida del acceso asequible [a la cobertura sanitaria] para millones de personas es simplemente inaceptable. Son familias reales que necesitan y se merecen atención sanitaria», afirmó el lunes monseñor Frank Dewane, presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano.

Luces y sombras

Los obispos del país siempre se opusieron con contundencia a la cobertura del aborto a través de algunos mecanismos incluidos en el llamado «Obamacare», y a que se obligara a las empresas a contratar seguros médicos que incluyeran la anticoncepción. Sin embargo, al mismo tiempo valoraban de forma muy positiva que el país más rico del mundo diera pasos hacia una cobertura sanitaria universal.

Por eso, en su comunicado, monseñor Dewane pide que el Senado trabaje «para conservar los aspectos positivos de las propuestas actuales, añadir elementos necesarios que faltan y no situar a nuestros hermanos que luchan cada día en un peligro tan grande para un derecho tan básico».

Las consecuencias del veto migratorio

El mismo lunes, los obispos también respondieron a dos sentencias del Tribunal Supremo, que durante su última semana de trabajo antes del final de curso ha tomado varias decisiones de peso. La más sonada, sin duda, ha sido la aceptación parcial del veto migratorio de la Administración Trump.

Como medida de emergencia hasta que analice el veto en profundidad, el Tribunal Supremo anuló parte de las sentencias de los tribunales federales de Maryland y Hawaii que paralizaban temporalmente el veto migratorio, y que habían dos circuitos de apelaciones habían mantenido.

Después de la decisión del Supremo, la acogida a refugiados y viajeros de seis países de mayoría musulmana (Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen) quedará limitada a aquellas personas que puedan demostrar «una relación fiable con una persona o entidad en Estados Unidos». Así, el programa de refugiados queda suspendido durante 120 días, y la emisión de visados a personas de estos países, durante 90.

Menores y minorías, los más afectados

Monseñor Joe Vásquez, obispo de Austin (Texas) y presidente del Comité de Migraciones, agradeció que se permita la entrada al país a esas personas, pero denunció que la decisión de restringir el acceso a las demás «tendrá consecuencias humanas». «Nos preocupa profundamente el bienestar de las otras muchas poblaciones vulnerables a las que no se permitirá llegar y buscar protección, especialmente algunos individuos que huyen de la persecución religiosa y menores refugiados no acompañados».

Por ello, pide que la revisión del proceso de acogida de refugiados pide que esto se haga de forma «transparente, eficiente y puntual», teniendo en cuenta a la sociedad civil y a quienes prestan atención a los refugiados, así como a los expertos en seguridad nacional e inmigración. «Es vital utilizar toda la experiencia del programa de reasentamiento ya existente».

No a la discriminación a un colegio religioso

La otra sentencia relevante ha sido la del caso Trinity Lutheran Church vs. Comer. El estado de Missouri había negado a la guardería de una iglesia luterana participar en un programa para financiar la cobertura del suelo con neumáticos reciclados. Alegaban que eso supondría financiar a una Iglesia, y violaría la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, según la sentencia del Supremo, excluir a una entidad religiosa de un beneficio público de este tipo viola la libertad religiosa.

Monseñor William Lori, presidente del Comité Episcopal Ad Hoc para la Libertad Religiosa, ha calificado la decisión de «una victoria emblemática para la libertad religiosa. El Supremo ha reconocido, con razón, que no se debería discriminar a las personas de fe en lo que se refiere a programas gubernamentales que deberían estar disponibles para todos».

Las enmiendas en 38 constituciones estatales que prohíben la financiación con dinero público de escuelas confesionales –recuerda monseñor Lori– «datan en su mayoría del siglo XIX y nacen de una época de intensa intolerancia anti-católica en muchas partes del país».