Obispos de EE. UU. critican que se deniegue el asilo a quien huye de bandas criminales

La propuesta de una nueva normativa para tramitar las solicitudes de asilo «cortan el acceso» a este derecho a «prácticamente todos los solicitantes», y dejan fuera explícitamente las formas de violencia de las que huyen miles de centroamericanos, como las relacionadas con los crímenes de las maras y pandillas

María Martínez López
Foto: AFP / Paul Ratje

La propuesta de una nueva normativa para tramitar las solicitudes de asilo «cortan el acceso» a este derecho a «prácticamente todos los solicitantes», y dejan fuera explícitamente las formas de violencia de las que huyen miles de centroamericanos, como las relacionadas con los crímenes de las maras y pandillas

Los obispos de Estados Unidos han pedido al Gobierno del país que elimine su propuesta de una nueva normativa para tramitar las solicitudes de asilo, ya que tendrá «consecuencias devastadoras». Son las palabras con las que monseñor Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal Estadounidense, acompaña la respuesta legal del episcopado.

El proyecto de regulación se presentó el 15 de junio, y hasta este miércoles estaba abierto al debate público. El lunes, el episcopado presentó sus alegaciones, en las que pide eliminar totalmente la propuesta. Se trata, asegura el documento, de normas «ilegales y contrarias al interés público».

Justifican esta acusación en el hecho de que buscan «alterar de forma perjudicial» el «marco de protección del derecho de asilo en nuestro país y romper décadas de precedentes legales, creando procedimientos irreconocibles y estándares imposibles» de cumplir. Se permite además que los jueces de inmigración puedan denegar las solicitudes sin haber siquiera escuchado a quienes las presentan. Por todo ello, existe el riesgo de que se «corte el acceso al asilo para prácticamente todos los solicitantes».

Contraria al derecho nacional e internacional

Dentro de todos los aspectos problemáticos de la regulación, la Conferencia Episcopal insiste en que «es contraria al derecho nacional e internacional de asilo». Por ejemplo, se incluye una definición muy restrictiva de persecución. Y explícitamente se enumeran casos que no entrarían en ella. Por ejemplo, las amenazas de muerte repetidas, a no ser que hayan estado acompañadas de un intento de asesinato.

Tampoco se considera riesgo de persecución el haber pertenecido a grupos criminales (como las bandas de tantos países centroamericanos), la violencia generalizada, haber sufrido intentos de reclutamiento para grupos criminales o ser víctima de violencia doméstica o de actividades criminales con fines económicos (como la extorsión). Se eliminan así las formas de violencia «que constituyen gran parte de las solicitudes de asilo» de centroamericanos.

Sin protección especial para los niños

Los obispos critican por otro lado que no se incluyan consideraciones específicas para los casos de niños, que «pueden experimentar el daño de forma diferente a los adultos», y para los cuales riesgos menores pueden tener mayores consecuencias a largo plazo.

También se pone fin a la posibilidad de que los jueces decreten que la acumulación de varios tipos de riesgos pueda considerarse persecución, si individualmente no lo son. Esta codificación «limita de forma indebida la definición de persecución» y es «contraria a la letra y el espíritu» de las instrucciones de ACNUR sobre los procedimientos de asilo, incorporadas por Estados Unidos en la interpretación de su Ley de Refugio.

Fin del liderazgo histórico de EE. UU.

La otra gran alegación de la Conferencia Episcopal es que la normativa resulta perjudicial en diversos asuntos de interés público. En primer lugar, «no protege a los solicitantes de asilo de la persecución» que les ha obligado a huir de sus países.

Como muestra de la realidad de la que estas personas huyen, se cita como ejemplo lo relatado por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador (El Salvador), en una carta pastoral: «Los fieles saben que [las bandas] siguen sus movimientos. Lo mismo se aplica a los agentes de pastoral». En una de sus parroquias, por ejemplo, seis fieles comprometidos fueron asesinados en un año. «El éxodo de familias es descorazonador», concluía el prelado salvadoreño.

Cerrándose a dicha realidad con el único objetivo de mantener a estas personas fuera del país, las nuevas normas «minan el papel de Estados Unidos como un líder tradicional» en el ofrecimiento de protección humanitaria a nivel global, continúan los obispos estadounidenses. Esa generosidad, vivida desde el nacimiento del país, ha hecho que desde 1980 Estados Unidos haya reubicado a más de tres millones de refugiados, más del triple que el resto del mundo junto; de ellos, un millón ha pasado por instituciones de la Iglesia. También se han concedido 720.000 solicitudes de asilo.

La obligación de «proteger el derecho a la vida»

Sin embargo, desde 2016 las reubicaciones anuales han caído de 110.000 a 18.000, y las concesiones de asilo de 85.000 a 30.000. Por todo ello, el país «ya no lidera a través del buen ejemplo a la comunidad de naciones y ha perdido una considerable autoridad» para intentar que otras naciones protejan a los refugiados.

Aunque la Iglesia reconoce «el derecho de las naciones soberanas a controlar sus fronteras», admite la respuesta de la Conferencia Episcopal, «también enseña que tienen la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes y de proteger el derecho a la vida de los que huyen de la violencia y la persecución». Y subraya que «cómo respondemos como país a los solicitantes de asilo que llegan a nuestras fronteras es una prueba de nuestra moral».

María Martínez López