Obispos canadienses: «Ayudar a alguien a suicidarse no es ni justicia ni piedad»

«Ayudar a alguien a suicidarse no es ni un acto de justicia o piedad, ni parte de los cuidados paliativos». Es la conclusión de monseñor Paul-André Durocher, presidente de la Conferencia Episcopal Canadiense, en un comunicado sobre la Sentencia del Tribunal Supremo, tomada el pasado viernes, de exigir al Gobierno que despenalice el suicidio asistido.

La sentencia del Tribunal en el caso Carter vs. Canadá da marcha atrás respecto a la decisión que tomó en 1993, y anula el artículo del Código Penal que prohíbe ayudar a una persona a suicidarse. La Sentencia otorga al Gobierno federal el plazo de un año para que rectifique la ley, de forma que no se castigue la ayuda al suicidio de una persona adulta que dé su consentimiento, cuando esté en una situación irremediable y grave, incluyendo –pero no limitándose– una enfermedad o una discapacidad que le cause un sufrimiento duradero que para él sea intolerable. El Consejo de Canadienses con Discapacidad ha alertado de que la formulación de la Sentencia puede dar lugar a la ley más permisiva del mundo: no hace falta que la enfermedad sea terminal, y se basa en criterios muy difíciles de evaluar y restringir, como el sufrimiento psicológico e intolerable.

«Consolar a los que están muriendo y acompañarlos en amor y solidaridad ha sido considerado por la Iglesia, desde su inicio, una de las principales expresiones de la misericordia cristiana –afirma el comunicado de los obispos–. Sin embargo, ayudar a alguien a suicidarse no es ni un acto de justicia o piedad, ni parte de los cuidados paliativos. La decisión del Tribunal Supremo de Canadá no cambia la doctrina católica», que afirma a través del Catecismo que «una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador».

Miedo a que se vaya más allá

Por este motivo, los obispos ruegan a los gobiernos y los tribunales que la sentencia «se interprete en los términos más estrictos, resistiendo cualquier llamada a ir más allá, hacia los llamados actos de muerte por piedad y eutanasia». También invitan a todos los canadienses, en especial a los católicos, a las autoridades provinciales, «a hacer todo lo que puedan para llevar consuelo y apoyo a todos los que están muriendo y a sus seres queridos, para que nadie, por soledad, vulnerabilidad, pérdida de autonomía, o miedo al dolor y al sufrimiento, sienta que no tiene más opción que suicidarse».

En este sentido, la Conferencia Episcopal se compromete a «seguir promoviendo los cuidados paliativos y a domicilio, y a animar a todos los fieles a trabajar por la revalorización de los ancianos, los discapacitados, los enfermos y los que están asilados socialmente». Por último, el comunicado pide a las asociaciones profesionales que pongan en funcionamiento políticas y recomendaciones «que aseguren el respeto a la libertad de conciencia de todos los trabajadores sanitarios, así como de los administrativos que no quieren o pueden aceptar el suicidio como una solución médica al dolor y al sufrimiento».

Magistrados activistas

La Sentencia llega después de que el Parlamento canadiense haya rechazado varios intentos de legalizar esta práctica, lo que ha supuesto duras críticas por parte de los parlamentarios contra la actuación activista de los magistrados del Tribunal Supremo. Hace menos de un año, en mayo de 2014, el Parlamento aprobó con una amplia mayoría para promover una estrategia nacional de cuidados paliativos.

El caso de Carter, que ha dado lugar a la Sentencia, surge en 2011, y en un primer momento el demandante era sólo Lee Carter, que el año anterior había llevado a Suiza a su madre, una anciana de 89 años con una enfermedad degenerativa, para que allí le aplicaran una inyección letal. A su demanda se sumó Gloria Taylor, de 64 años, que sufría esclerosis lateral amiotrófica, y que murió en 2012 de forma natural.