«Nunca un presidente de EE. UU. en funciones ejecutó a seis personas»

Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network (CMN), está aliviada por el próximo fin de la «oleada de ejecuciones federales de Trump». Desde el 14 de julio, cuando el Gobierno federal volvió a aplicar la pena de muerte después de una pausa de 17 años, se han llevado a cabo ocho. Y hay otras cinco previstas entre el 10 de diciembre y el 15 de enero, cinco días antes de la fecha prevista para la toma de posesión de Joe Biden. Incluida la de Lisa Montgomery, la primera mujer en morir a manos del Estado en el país desde 1953.

Dada la oposición del presidente electo a la pena de muerte, la nueva administración no programará más muertes. Vaillancourt Murphy lo pronostica en entrevista a Alfa y Omega con motivo de su participación el lunes en la edición virtual de la jornada Ciudades por la Vida, que convoca la Comunidad de Sant’Egidio para promover la lucha contra la pena de muerte.

Pero esta perspectiva no mitiga su indignación por el hecho de que las muertes se sigan produciendo mientras el presidente saliente está en funciones. Algo así no había ocurrido desde 1889, con el presidente Gover Cleveland. Que se produzcan además hasta seis muertes «de forma tan acelerada es algo sencillamente sin precedentes».

«Ímpetu por la muerte»

Para la directora ejecutiva de CMN, tanto o más «decepcionante» que el hecho de que «se haya interrumpido una larga tendencia de uso limitado de la pena de muerte federal» es «el auténtico ímpetu» con el que se ha hecho, una «rápida y constante» sucesión de muertes difícil de justificar. Las 13 muertes federales programadas de julio a enero cuadruplican las ocurridas desde 1964, solo tres, y en 2020 el Gobierno central ha superado por primera vez el número de ejecuciones perpetradas por los 28 estados donde es legal: diez frente a siete.

Vaillancourt lo atribuye a la «anticuada» visión que asocia pena capital, mano dura contra el crimen, e ideología republicana. Una asunción que ya no se corresponde con la realidad. El apoyo a la pena de muerte en general está en declive, y en 25 años ha pasado del 80 % (su momento más alto) al 54 %.

Republicanos abolicionistas

Esto se ha traducido en el avance del movimiento abolicionista en el país. Desde 2003 (cuando se produjo la última ejecución hasta este año), ocho estados la han ilegalizado y otros tres han declarado moratorias. «Muchas de las iniciativas puestas en marcha han sido lideradas por republicanos. En 2019, por ejemplo, 56 políticos republicanos introdujeron o apoyaron proposiciones de ley en este sentido en diez estados». La responsable del CMN confía en que esta tendencia «es lo suficientemente fuerte para soportar» y superar el retroceso de este año sin verse afectada.

En cualquier caso, el cambio de Gobierno no es momento de relajarse. «Las personas de buena voluntad deben permanecer vigilantes» para que el nuevo presidente cumpla su compromiso. Es más, «hará falta una voz católica firme para guiar el programa contra la pena de muerte de Biden hacia un progreso cuantificable».

Fundada por víctimas

Fundada en 2009 por un grupo de familiares de víctimas de asesinato junto a obispos y religiosas, su entidad se dedica a construir puentes entre entidades católicas y grupos contrarios a la pena de muerte. Por medio de esta colaboración, organiza y participa en campañas como las que han logrado su abolición en Colorado, en marzo, y una moratoria en California.

Su proyecto Misericordia en Acción forma a católicos y no católicos para «movilizarse pidiendo clemencia para quienes están en riesgo de ejecución». Y a sus vigilias virtuales de oración durante las ejecuciones federales se han sumado incluso varios obispos. Una parte importante de su labor, añade su directora, es «dar a conocer las historias de condenados a muerte que han sido exonerados», para subrayar el riesgo de que se cometan injusticias.

También, dados sus orígenes, consideran prioritario difundir los testimonios de víctimas de crímenes o de sus familiares. «Acabar con la pena de muerte requiere que cada pastoral católica se forme sobre el valor de toda vida; incluido», subraya, la de quien ha causado «un daño grave» a otros.