Nuevo respaldo judicial a la educación diferenciada
El Tribunal Constitucional acaba de anular la decisión del Gobierno de Cantabria de no conceder el concierto a un centro porque considera que vulneró el derecho a la libertad educativa. Alfonso Aguiló, presidente de CECE, pide al Gobierno que deje a un lado «los discursos excluyentes» y cuente «con todos» para abordar los «verdaderos» problemas de la educación
En apenas tres meses, el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido dos sentencias en las que fundamenta que la opción por la educación diferenciada no solo es constitucional, sino que, además, puede acceder al sistema de financiación pública en condición de igualdad con el resto de centros. Los criterios que expuso se basan fundamentalmente en el artículo 27 de la Constitución, que protege la libertad de enseñanza y la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus convicciones.
La primera respondió a un recurso del PSOE contra algunas cuestiones de la LOMCE, entre las que se incluían los conciertos a la educación que separa por sexos, mientras que la segunda lo hizo después de que el Gobierno de Cantabria retirara en 2009 la financiación pública a un centro de estas características.
También el Tribunal Supremo se pronunció en este sentido hace poco más de un año. La conclusión: esta opción pedagógica no discrimina y, por tanto, no hay razón para que le sean retirados los conciertos. Así confirmaba la anulación de la orden de la Junta de Andalucía –que ya había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad– por la que retiraba fondos a un centro de Sevilla.
Además de las incluidas en el artículo 27 de la Constitución, unas y otras sentencias ofrecen más claves argumentales que dan validez al modelo. Por ejemplo, el TC sostiene que la educación diferenciada es una opción pedagógica más, que nada tiene que ver con una concepción de la vida o cosmovisión particular, sino «un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico para optimizar las potencialidades propias de cada sexo». Además, no contradice ni la convención de la UNESCO relativa a la lucha contra la discriminación, ni la de la ONU sobre la eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Y es admitida en muchos estados de nuestro entorno como Reino Unido, Francia, Alemania o Bélgica.
En este sentido, Alfonso Aguiló, presidente de CECE, que integra entre otros a centros de educación diferenciada, sostiene que la nueva sentencia del Tribunal Constitucional es «una confirmación más de la línea que está siguiendo la jurisprudencia, de respeto a la pluralidad». Aguiló defiende que la educación diferenciada no es un problema, porque, además, estos centros suelen tener buenos resultados en general y en particular en lo que se refiere a la igualdad. «Los problemas de la educación hoy tienen que ver con la equidad, el fracaso escolar, los idiomas o el empleo juvenil», reconoce.
En este sentido, y a nivel político, celebra que la ministra de Educación, Isabel Celaá, haya moderado su discurso. La también portavoz del Gobierno reconoció este martes en un desayuno informativo que el Gobierno no pretende acabar con la concertada y lanzó «un mensaje de tranquilidad» a las familias que han decidido escolarizar a sus hijos en estos centros. En ese mismo foro, Celaá centró su discurso en los problemas fundamentales de la educación, algo que aplaude Aguiló: «Le he dicho que me alegra que se haya centrado en la educación y no en una deriva ideológica sobre la concertada y la religión, que no son un problema».
Así, reconoce que el discurso que lanzó la ministra «mejora los anteriores» –sobre todo, su comparecencia en comisión en el Congreso de los Diputados– y señala que ahora es tiempo «de abrir un diálogo, de dejar la ideología y los discursos excluyentes, y de contar con todos para mejorar la educación».
Su compañero de partido y exministro de Educación, Ángel Gabilondo, la sitúa en esta línea: lejos de «posiciones intransigentes», «cuidadosa, mesurada, elegante y alejada de todo tipo de extremismos». «Se equivocan y además lo tienen muy difícil, quienes pretenden situarla en posiciones intransigentes en temas educativos como la concertada, la Religión…», apunta.
Valores éticos
Durante el citado encuentro, la ministra Celaá anunció que quiere que la futura asignatura de Valores Éticos esté presente en Primaria y Secundaria. «Estamos pensando en un curso en Primaria y en un curso en Secundaria. Trataremos de acordar con el resto de fuerzas políticas cuáles serán los cursos más idóneos para su incorporación». Sobre los contenidos, avanzó que la asignatura «básicamente ya está diseñada», pues sería muy parecida a la alternativa a la Religión actual, y concretó que se basará en los derechos básicos, nuestra Constitución y las de nuestro entorno e incluirá aspectos relacionados con la igualdad de género, «un valor universal con el que se trabaja hoy en todos los países desarrollados».