Nueve tareas pendientes en Canarias

Durante su reciente visita a la isla de Gran Canaria para conocer de primera mano la realidad migratoria, el defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, se entrevistó, además de con las autoridades competentes, con entidades de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia, a la que le tocó el turno el pasado 17 de diciembre. Fue un encuentro breve, apenas de media hora, en el que Loli López, la directora del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias, y un voluntario, el abogado Daniel Arencibia, presentaron un informe con cuestiones importantes que abordar, «un listado de derechos que creemos que se han vulnerado». Son las siguientes.

Con el muelle de Arguineguín desmontado, el foco está ahora en dos centros, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, una instalación policial en la que los migrantes no pueden estar más de 72 horas, y el único campamento abierto hasta ahora, en el colegio León, con capacidad para 600 personas. El resto sigue en hoteles o se ha trasladado a la península. Según explica Loli López, aunque las condiciones son mejores que en el muelle –y así lo ha reconocido el Defensor del Pueblo–, «no dejan de estar bajo una carpa y utilizar baños químicos». «Las condiciones no son dignas para nada, debe ser algo muy provisional», añade. Además, denuncia que las entidades sociales siguen sin poder entrar en este recinto y que incluso se negó esta posibilidad al obispo José Mazuelos cuando se pidió.

Miles de personas se han quedado, en los últimos meses, sin ver a un abogado. Daniel Arencibia señala que están en esta situación unos 10.000 migrantes, todos los que llegaron antes del 12 de noviembre. A partir de esa fecha, cuando se produce la alerta en los medios y el Colegio de Abogados recuerda la necesidad de mantener una entrevista reservada con intérprete, la situación cambia. «Mientras estas personas siguen sin ver a un abogado, todos los procedimientos siguen vulnerando derechos», añade.

Los migrantes no pueden estar más de 72 horas retenidos tras su llegada. Pero esto sucedió en el muelle de Arguineguín y hay dudas de que se haya producido también en Barranco Seco. Aunque, según explica el abogado, «parece que están más sensibilizados con esta cuestión». Loli López recuerda que las autoridades dicen que los chicos que superan este tiempo no salen por voluntad propia, pero ella se pregunta si es así o no lo hacen porque allí está la Policía y hay una serie de medidas.

El informe presentado estima, tal y como reconoce el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tener a personas confinadas durmiendo en el suelo, sin poder ducharse o cambiarse de ropa es trato degradante. Estas circunstancias se produjeron, sobre todo, en el muelle de Arguineguín. Arenciba cita también casos en los que no se toma en serio a los migrantes al solicitar asilo.

Lo que más preocupa a la Iglesia en este sentido es la presencia de menores primero en Arguineguín y luego en Barranco Seco. Cuenta Arencibia que el pasado día 24 un abogado detectó a uno y quiso pedir una determinación de edad, pero como la Fiscalía de Extranjería, que se encarga de estas cuestiones, no tiene servicio de guardia, se proponía retrasar la prueba al día 28. «No puede ser que un menor esté cuatro días en un calabozo [así se refiere al CATE] porque un fiscal no aparece», añade.

El documento afirma que la ruta canaria es la más mortífera del mundo y que son muchos los familiares que buscan a hijos y hermanos en hoteles, centros, CIE y la calle sin encontrar noticias. En este sentido, reclaman la creación de un punto de información tal y como se recoge en la normativa.

Desde la Delegación de Migraciones defienden que haya un reparto de migrantes entre todas las comunidades autónomas en función de su población. Además, denuncian que la Policía está realizando detenciones preventivas a migrantes con documentación que quieren volar a la península y que les sueltan cuando ya ha salido el vuelo.

El informe documenta el ingreso de malienses y una persona albina en el CIE y la deportación a Mauritania de al menos 130 malienses, susceptibles de recibir protección por la situación en su país.

Se recoge la obstaculización del trabajo de periodistas en las instalaciones de acogida. «Si no hay foto parece que no hay problema y se habla menos», concluye el abogado.