«No más CIE»

«No más CIE». Esta es la reivindicación que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) llevó el sábado a las calles en Sevilla, Barcelona y Madrid, exigiendo alternativas a los controvertidos centros de internamiento de extranjeros (hoy existen siete en el territorio nacional), auténticos limbos legales donde los detenidos carecen de las garantías legales que rigen en el sistema penitenciario. Los informes del SJM son una referencia sobre la vulneración de derechos en estos centros, por los que en 2017 pasaron cerca de 9.000 personas detenidas por carecer de documentación en regla mientras se tramitaba su repatriación. Agotado el plazo legal de internamiento (60 días), solo fueron ejecutadas una tercera parte de las expulsiones, en algunos casos –documentan los informes del SJM– separando a familias y truncando proyectos de vida de personas plenamente integradas en la sociedad.

«Los CIE son una institución que genera y perpetúa situaciones de violencia y sufrimiento inútil», denunció en la concentración celebrada cerca del CIE de Aluche el director de la ONG jesuita Pueblos Unidos, Iván Lendrino. «Son espacios de desprotección que no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y que vulneran de forma continua los derechos de las personas internas», añadió.

Ana Bosch, abogada de la ONG que atiende a personas recluidas en estos centros, leyó algunos testimonios, como el de una persona que decía haberse sentido tratada «como un perro». O el de Mohamed, un joven marroquí que llegó en 2007 siendo menor de edad, cuyo caso pone al descubierto la contradicción de haber sido tutelado durante seis meses por la Administración para, al cumplir los 18 años, quedarse en la calle. Consiguió no obstante un empleo pero, al perderlo, le fue retirado el permiso de residencia, y mientras trabajaba en negro en la recogida de aceituna en Jaén la policía lo arrestó.

Más surrealista es la situación del ecuatoriano John, padre de familia con dos hijas menores a cargo en Madrid, detenido para su expulsión de España cuando acudió a una comisaría a denunciar el robo de su cartera.

«La prueba del algodón de nuestra democracia»

La acogida al extranjero es «la prueba del algodón del nivel ético de nuestros valores sociales, de la dignidad con que acometemos la vida y de la calidad de nuestra democracia», dijo el vicario de Pastoral Social e Innovación del Arzobispado de Madrid, José Luis Segovia, en representación de las redes locales de Migrantes con Derechos y la Mesa por la Hospitalidad, que aglutinan a diversas realidades de Iglesia que defienden los derechos de la persona extranjera.

Segovia recordó que, muy cerca del lugar de esa concentración, el colapso de la oficina encargada de tramitar las solicitudes de asilo ha provocado «situaciones clamorosas e insufribles». Según ha denunciado la Defensoría del Pueblo, las deficiencias de personal en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid «obligan a muchas personas, entre ellas mujeres embarazadas, madres con niños o personas con alguna enfermedad y otras personas vulnerables, a esperar sin éxito a la intemperie durante varios días» solo para conseguir una nueva cita varios meses después, con la ambigua promesa de que, hasta entonces, no serán deportados.

Pero no todo fueron críticas y lamentos. El vicario madrileño subrayó el avance que ha supuesto la reciente aprobación en Marrakech del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular que, aunque no sea vinculante, es un primer paso hacia «un enfoque común» de la comunidad internacional desde el respeto a los derechos humanos. «Quiere el buen Dios, que sabe mucho de alianzas, animarnos a seguir fieles a la suya para hacer viables aquellas que nos ayudan a seguir colaborando por el respeto de la dignidad de todas las personas con independencia de su nacionalidad y procedencia y para la implantación del Reinado de Dios y de su justicia», dijo.

«Welcome, bienvenido… son palabras mojadas»

«Llegamos a un mundo de palabras escritas en papel mojado: welcome, bienvenido…, palabras que visten de bondad una situación de injusticia». Es la denuncia de Kiri, procedente de Guinea Conakry, cuyo hermano falleció durante el trayecto hacia Europa. Y quien a pesar de las buenas palabras de algunos siente que, desde su llegada, su vida ha sido «solitaria», «pendiente siempre del riesgo de ser expulsado». La ONG jesuita Migra Studium se convirtió en su altavoz durante una vigilia (la quinta edición anual que se celebra) ante el centro de internamiento de extranjeros de la Zona Franca, en Barcelona, en la que se denunció que los CIE no tienen otra utilidad aparente que «humillar, criminalizar y estigmatizar a la población integrante».

En Sevilla, donde por primera vez se organizaba esta jornada de oración y protesta, la Asociación Claver jesuita pidió que no se abran nuevos CIE. Convocaban también Cáritas Sevilla, la HOAC, representantes de algunas congregaciones religiosas y parroquias de la capital andaluza.