José Luis Segovia: «No les miréis a los ojos»

[Ir a la entrevista completa]

Jóvenes que llegan a Melilla en condiciones desesperadas se encuentran con una situación que el Informe califica de «máxima expresión de la arbitrariedad», con la negación de todos sus derechos.
¡Y eso que es un informe de mínimos! No plantea si hay que quitar la valla. Plantea sencillamente que las personas que entran en territorio nacional son personas. Punto. Tienen dignidad, derechos humanos, y el más elemental y básico es el derecho a la palabra. La Ley de Seguridad Ciudadana les impide el ejercicio del derecho a la palabra, y por supuesto el derecho a asistencia letrada, el derecho a ser vistos por un médico… Muchos podrían acogerse al derecho al asilo, pero no les permitimos abrir la boca.

El discurso del Gobierno de España y de la Unión Europea es que esto es una guerra contra las mafias.
Eso es un auténtico fraude de etiquetas, que a mí me recuerda muchísimo a cuando se constituyó la plataforma Salvemos la hospitalidad, porque se pretendía reformar el Código Penal para equiparar a las personas que acogían y apoyaban solidariamente a las personas sin papeles en España con el tráfico de personas; es decir, la virtud confundida con el vicio. Existen mafias, y hay que combatirlas, pero veo muy difícil que se haga eso si ni siquiera se les permite hablar a las personas que saltan la valla. Para nuestro ordenamiento jurídico, han dejado de ser personas. Ni siquiera son ya números. No se les computa, seguramente para sortear una norma internacional que prohíbe explícitamente las devoluciones masivas.

Son normas ilegítimas, que además han sido aprobadas obviando los procedimientos democráticos más elementales, y esto lo explica el Informe. Esta ley, que les niega la palabra a los inmigrantes, se la ha negado antes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, al colarse por la puerta de atrás, por la vía de enmienda parlamentaria.

¿Qué dice ante todo esto la Iglesia?
Según la doctrina social de la Iglesia, hay que reivindicar, en primer lugar, el derecho a no emigrar (La gente que emigra es normalmente la más cualificada: un ingeniero informático, un militar de carrera, un enfermero…, que han tenido que salir huyendo a veces por persecuciones políticas o por la pobreza). El segundo punto sería que los derechos humanos tienen que estar presentes en la legítima regulación de los flujos migratorios, para evitar que las personas sean objeto de abusos. Y el tercero es el derecho de inserción en el país de acogida, y en ese sentido, yo celebro que en el último momento se haya modificado, en parte al menos, esta norma que impedía el acceso al derecho de las prestaciones sanitarias, porque eso era una auténtica aberración.

¿Qué les pasa a los jóvenes que son devueltos?
Las fuerzas auxiliares marroquíes no se recatan en absoluto en hacerles objeto de malos tratos. Yo he podido ver los resultados de la intervención de las fuerzas auxiliares marroquíes que maltratan, golpean con palos y hieren y lastiman, y en algún caso han dejado a alguna persona tetrapléjica. El trato en la frontera sur es como un icono de la inhumanidad que estamos cultivando en muchos otros órdenes.

¿Qué nivel de complicidad existe por parte de España y Europa? A Marruecos, en definitiva, lo que se le pide es que controle la inmigración, sin importar demasiado cómo.
Ahí hay una agenda oculta que se nos escapa, pero evidentemente hay contraprestaciones. No cabe la menor duda de que Marruecos tiene la llave de los flujos migratorios. De allí no sale una patera sin que el rey se entere. Hay toda una serie de intereses estratégicos, geopolíticos, económicos…, y al final el pato lo acaba pagando la pobre gente que viene buscando un futuro mejor, y que está contribuyendo a oxigenar nuestro PIB.

¿Somos cómplices también los cristianos, quizá por una forma a veces mal entendida de veneración a la ley y al orden?
Sí, a veces se nos olvida que, como decía Max Scheler, el ser humano es el único animal capaz de decir No, y a veces hay que decir No cuando está en juego la vida y la dignidad de la persona, como en el aborto, o en el caso de los derechos de los migrantes. En algunas ocasiones, la ley puede y debe ser desobedecida cuando impone algo injusto. Esto se contempla en la tradición de la Iglesia.

Este aspecto lo aborda el Informe de una manera muy concreta al referirse a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Sí, una de las cosas que más me han impresionado en las visitas a Melilla es el papel tremendo de los miembros y cuerpos de las fuerzas de seguridad que son cristianos, y las contradicciones tan fuertes que experimentan. En algún caso, me consta de alguno que, después de haber realizado alguna expulsión inadecuada, fuera de servicio va a echar una mano a esas mismas personas. Son las contradicciones y las consecuencias del régimen tan severo que se les aplica. Sus mandos les aleccionan: «No les miréis a los ojos»; «no habléis con ellos». Son trabajadores que están cumpliendo una tarea ingrata, dificilísima, y muchas veces también están salvando vidas, y esto hay que reconocérselo.

¿Es alegable en estos casos la objeción de conciencia?
Yo creo que sí, pero en un contexto de crisis económica como en el que estamos, sería casi una heroicidad, y más en cuerpos jerarquizados, militarizados, como es la Guardia Civil, pero entendería perfectamente que alguien plantease la objeción de conciencia a esto, como ha ocurrido con el tema de las tarjetas sanitarias, con profesionales de la salud que han seguido prestando atención primaria a personas sin papeles.