«No hay abolición de la prostitución si no se penaliza al consumidor»

«España es un país muy permisivo con la prostitución», asegura Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y responsable del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española. Tanto es así, que se sitúa entre los países con más compradores de sexo del mundo. «Tenemos que trabajar multilateralmente para dar la vuelta a esa cultura, no solo en el campo educativo, social y pastoral, que es fundamental, sino también en las instituciones públicas», recalca el prelado en conversación con este semanario, en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este jueves, 25 de noviembre. Por eso la propuesta del PSOE que busca abolir la prostitución en España –uno de los grandes anuncios de su 40 Congreso Federal, celebrado en octubre– «sin entrar en detalles, suena bien», afirma Elizalde. «La Iglesia se quiere sumar a toda iniciativa legislativa que vaya encaminada a proteger a las mujeres de la trata de personas», añade.

La iniciativa del Gobierno socialista busca penalizar al cliente y al proxeneta, perseguir a los dueños de los locales y ofrecer alternativas a las mujeres. Aunque la única de estas medidas que cuenta con respaldo de otros partidos es la referida al apoyo integral a la mujer. Por ejemplo, en el castigo a los clientes, no hay consenso. De esta forma, se hace prácticamente imposible empezar de cero con una ley, así que aprovecharán una norma ya en tramitación en el Congreso, la conocida como ley del solo sí es sí, en la que se han incluido medidas como ampliar la persecución a los proxenetas y castigar con hasta tres años de prisión la tercería locativa, es decir, penalizar a los dueños de los locales donde se ejerce la prostitución. «Un parche positivo, pero no definitivo», asegura la cineasta Mabel Lozano, experta en trata y una de las asesoras del Ministerio de Igualdad en esta propuesta.

Las religiosas oblatas, que llevan trabajando desde el siglo XIX con mujeres en contexto de prostitución, quieren hacer un inciso: «No todas las mujeres que se prostituyen en España son víctimas de trata de personas»; algo, señalan, «importante que se tenga en cuenta, porque, a veces, las medidas de protección que pensamos para las víctimas de trata no se ajustan a este perfil de mujeres». Por este motivo, la persecución de la tercería locativa, «a nuestro juicio, puede aumentar la vulnerabilidad del colectivo de mujeres que decide libremente ejercer la prostitución». Si finalmente se penalizase a los dueños de los clubes, «se tendría que proporcionar lo necesario a las mujeres que requieran un recurso asistencial y económico». A esto se suma Lozano: «La medida desprotege a la mujer si no se le ofrecen alternativas». Y pone como ejemplo Suecia, país pionero al implementar en 1999 una la ley abolicionista. «Cuando salió, tenían aproximadamente unas 8.000 mujeres en situación de prostitución, y les dieron trabajo a todas». Pero «¿qué haces con los miles de mujeres que hay en España –no existen cifras reales, pero organizaciones expertas ofrecen una horquilla de entre 200.000 y 400.000– si no aplicas leyes y trabajo? Las metes en un gueto». «La prostitución no desaparecería, sino que se haría más invisible, y el acceso a contactar con las mujeres por parte de las entidades sociales sería más complejo, lo que las dejaría más desprotegidas», añaden las oblatas. Se necesita una ley integral, incluso «tener una fiscalía especializada, como se hizo con violencia de género», apunta Lozano. Ahora, a las mujeres víctimas de explotación sexual se las trata desde extranjería, como a inmigrantes irregulares –las que lo sean– con las dificultades que eso añade.

El paradigma francés

Tanto para Corina Fuks, cofundadora de Liberata, como para Mabel Lozano, un modelo que seguir es el francés, cuya ley abolicionista modifica nueve códigos legislativos. Los pilares que la vertebran son la despenalización total de las mujeres que ejercen prostitución, el reconocimiento del estatus de víctima, la persecución de los proxenetas, las multas a clientes de entre 1.500 y 3.000 euros o penas de siete años de prisión –y talleres específicos para ellos– y, por último, la sensibilización social. «Una ley abolicionista no lo es si no criminaliza al putero», asegura Fuks. «Hay diferentes responsabilidades en el crimen», eso sí; «no es lo mismo el proxeneta que el comprador de sexo, pero ambos son criminales». El obispo Juan Carlos Elizalde sostiene que «tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a desenmascarar y hacer desistir a los actuales y futuros clientes. Son cómplices de mafias».

Fuks constata que «hay buena voluntad», pero este es un negocio multimillonario «en el que hay mucho dinero invertido. No es casualidad que haya grandes empresarios a nivel mundial que , en el nombre del progreso y la libertad, tengan asociaciones pseudofilantrópicas que estén a favor de la prostitución». Otra cuestión es que, en España, «la prostitución entra dentro del PIB». Abolir de forma integral requiere muchos cambios, y hay que estar dispuestos a hacerlos. Como paso adelante, propone Lozano, una buena educación afectivo-sexual de los jóvenes.