Centenares de esposas a la fuerza... en España - Alfa y Omega

Centenares de esposas a la fuerza... en España

El asesinato en Pakistán de las hermanas Aneesa y Arooj ha sacado a la luz la realidad del matrimonio forzoso

María Martínez López
Minuto de silencio el 24 de mayo en Tarrasa por el asesinato de las hermanas. Foto: Adrián Quiroga.

El asesinato de las hermanas Aneesa y Arooj Abbas, de 20 y 24 años, ha sacado a la luz la realidad del matrimonio forzado en nuestro país. Residían en Tarrasa, y murieron a manos de su hermano y otros familiares durante un viaje a Pakistán por intentar escapar de un matrimonio con dos primos. Según Efe, desde 2015 los distintos cuerpos policiales han detectado en España 27 casos de esta práctica, que figura en el Código Penal como delito en sí misma y como una posible finalidad de trata. Si se suman las situaciones de riesgo, solo en Cataluña los Mossos d’Esquadra atendieron 153 entre 2010 y 2019.

«Pero sabemos que son centenares», afirma Pablo Becerril, de la ONG Valentes i Acompanyades. A ellos les llegaron en 2021 30 casos nuevos, frente a 20 en 2020. «Se denuncian muy pocos, igual el 1 % o 2 %» del total. «Cuántas parejas veremos por la calle en las que ella lo haya aceptado» como su destino. Aunque la forma de actuar de las familias varía al principio, en la mayoría de casos «todo comienza o termina con un viaje para concertar o celebrar el matrimonio». El objetivo no es que la chica se quede en su lugar de origen, sino que su nuevo marido venga legalmente a España.

Valentes i Acompanyades también participa en actos para dar a conocer esta realidad. Foto: Valentes i Acompanyades.

«No queremos estigmatizar o crear prejuicios» contra las comunidades inmigrantes, subraya Aya Sima Fatty, de la misma entidad. Recuerda que los matrimonios concertados (que pueden ser aceptados libremente) y los forzados se dan en países de todo el mundo. En el nuestro se han detectado en comunidades de origen magrebí, subsahariano, pakistaní o indio, pero también con chicas rumanas o de etnia gitana. Sí reconoce que «en determinadas culturas», como las de origen islámico, «el componente religioso se usa para presionar».

Por eso, una parte de la labor de Aya como «referente» dentro de Valentes i Acompanyades es dejar «clarísimo» a las chicas que, «aunque evidentemente es su tradición o su cultura», no deben sentirse «culpables por creer que están faltando a su identidad o su fe» si se niegan a casarse. Las «referentes» son mujeres de «la misma comunidad» o de un contexto «con prácticas culturales parecidas», o que incluso han vivido un matrimonio forzado o han estado en riesgo, como ella misma. «Sabemos por lo que están pasando: la manipulación y el chantaje, la impotencia, las dudas y la contradicción interna» entre su deseo de decir que no y la actitud de obediencia y sujeción a los roles que por ser mujeres les han asignado desde pequeñas. Se suma el mensaje de que «si te desmarcas eres mala y avergüenzas a la familia». Que alguien con quien se identifican les haga ver que esta situación «se puede superar» les da «confianza».

El último recurso

Las referentes pueden detectar casos en sus comunidades. Otros les llegan desde los servicios sociales, los Mossos (con quienes colaboran estrechamente) u otras entidades. El objetivo primordial es evitar el fatídico viaje, pero siempre con el menor impacto. En Cataluña se puso en marcha en 2015 un protocolo que contempla incluso que «el juez pueda ordenar una prohibición de salida del territorio»; aunque hace falta la declaración de la víctima, explica la cabo Andrea García, jefa de la Unidad Central de Atención a las Víctimas de los Mossos.

Pero esta medida, denunciar o que la joven decida irse de casa con apoyo de Valentes son el último recurso, por el estrés para ella y porque pueden precipitar los acontecimientos. Si hay margen de maniobra, prosigue Aya, se la acompaña y asesora para que el momento del matrimonio se vaya retrasando, mientras ella «madura, se conciencia de sus derechos y coge fuerzas» para hacerse valer.

El protocolo catalán buscaba mejorar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad, los servicios sociales, la Fiscalía, el tercer sector y el Servicio Catalán de Salud para que todos los profesionales pudieran detectar el riesgo. Aunque el caso de Tarrasa ha llevado a que se revise y la formación aún es insuficiente, García afirma que sí había ayudado a detectar más casos. También están surgiendo nuevas denuncias a raíz del caso de Aneesa y Arooj, aunque tristemente su muerte no se haya evitado.