No es verdad 888

¿Retocando la Constitución se logrará que los independentistas quieran quedarse en España? No es una mala pregunta ésta que se ha hecho, y que ha hecho a sus lectores, Luis Ventoso, en ABC, pocos días antes de que en el mismo ABC, y en otros medios, haya empezado a airearse la hipotética intención del Gobierno de Rajoy de sondear cómo se vería una eventual reforma de la Carta Magna. Antes, ¿no sería más sencillo cumplirla y hacerla cumplir, como juraron? Hace ya una temporada que algunos dirigentes catalanes —no sé si es adecuado calificarlos de inconscientes o de irresponsables, porque en realidad no son ni lo uno ni lo otro— anunciaban, a bombo y platillo, a los pardillos que les quisieran oír y que nunca faltan: «En una Cataluña independiente, los parados cobrarán más». ¿Habrá, a estas alturas de esta incalificable película, algún incauto que pueda tragarse semejante milonga? Era por aquellos días, no hace demasiado tiempo, en los que el Ministerio del Interior del Gobierno de España ofrecía ayuda a los dirigentes catalanistas para sofocar la guerrilla urbana, con incidentes violentos y detenidos. Cafres —racistas y no racistas— sobran, y no sólo en el Metro de Barcelona.

Cualquier periódico que te eches a la cara, de un tiempo a esta parte, cualquier telediario que escuches, cualquier radio que sintonices… es como para salir corriendo. En Madrid, donde los cafres pornográficos rizan el rizo y ni siquiera puedes alquilar una de esas bicis supermodernas y superecológicas con las que la alcaldesa Botella sueña emular a Amsterdam o a Estocolmo, pongo por caso, resulta que entran en vigor los nuevos parquímetros: si es que has logrado aprobar el máster para aprender cómo funcionan, y te atreves a intentarlo, te van a cobrar en función del modelo del vehículo y de su año de matriculación, con lo que, a lo peor, va a tener que pagar más el coche matriculado hace cinco años, pero poco usado, que otro matriculado el año pasado, pero cuyo kilometraje es el doble o el triple. Y a eso le llaman parquímetros inteligentes…

El Gobierno vasco llama inmigrantes a los niños españoles nacidos en otras regiones y no en Vascongadas; y a quienes se cabrean con razón y les recuerdan a los dirigentes vascos la sangre, el sudor y las lágrimas que el bienestar vascongado costó a tantos españolitos de otras regiones, les dicen que no se quejen, porque peor es lo de los sesenta negros encontrados por la policía italiana asfixiados en una patera… Mientras la Universidad Complutense, la de los cadáveres para prácticas médicas olvidados y amontonados, la de Carrillo, pide a la Comunidad de Madrid un adelanto de ocho millones de euros para poder pagar las nóminas, Elena Valenciano, socialista de pro, resulta que no declaró al Congreso su participación en el fondo de las sicav, ese fabuloso plan de pensiones de los europarlamentarios que ya me gustaría a mí, por ejemplo; así que Maite Alcaraz tiene que escribir, en su columna de ABC, titulada —lo que son las cosas— Pecados capitales, que «lo de las sicav no es ilegal, pero tampoco decente, máxime si eres de la cofradía demagoga de la izquierda».

Y, también en ABC, y bajo el título Doblá, Ignacio Camacho escribe que Magdalena Álvarez «se va cinco minutos antes de que la echen, agarrada con patética obstinación a su hábito de negar la evidencia». O sea, que la ni partía ni doblá se va a tiempo, pero ya nos gustaría a los demás irnos así de doblaos, cobrando —ganar es otra cosa— una pensión de 10.000 euros, que pagamos todos los demás, hasta 2017, y luego 4.000 de por vida, aparte de sus otras sinecuras y chollos diversos; y las viudas cobrando la mitad de la pensión del marido fallecido, pero pagando enteros los impuestos. Oigan ustedes, y mientras, uno lee en las farolas de la calle: Señora responsable trabajaría por horas, o Saco a pasear a su perro, y sigue habiendo en España más de diez mil aforrados y más de veinte mil organismos oficiales, y no hay manera de que al Gobierno le dé por adelgazar el gasto público, intolerable, de los 17 Estaditos y Parlamentitos y Tribunalitos… También hay quien se pregunta: ¿Hacia una España ingobernable? Y quien afirma lapidariamente: «Una España más civil no significa una España más civilizada».

Los obispos piden que se cumplan los Acuerdos internacionales en materia de educación y se establezca, por decreto ley, el horario de clase de Religión que la mayoría de los padres españoles piden para sus hijos, y el Gobierno dice que respeta lo que dicen los obispos, pero que no cambia la LOMCE; o sea, que no respeta los Acuerdos ni aquello de pacta sunt servanda. ¡Ah, y mientras los fundamentalistas islámicos vuelven al califato del terror, ahora aquí el nuevo coladero para abortistas se pasa a llamar hipotético daño para la madre! Menos mal que la ley se llama de protección del que va a nacer…