No es verdad 856

Las víctimas del terrorismo del País Vasco publicaron, hace pocos días, en ABC, una esquela en la que se lee: Estado de Derecho. Falleció en Madrid el día 12 de noviembre, tras una larga enfermedad que afloró con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que no fue tratada por el Ejecutivo «popular» de Mariano Rajoy. Descanse en paz. Los niños, mujeres, hombres y ancianos asesinados brutalmente por ETA, y los miles de heridos, amenazados y exiliados por ETA, ruegan a la clase política trabajo efectivo para recuperar la dignidad perdida. Por encima de la esquela campeaba, en la cabecera de la página, este título: El Supremo entierra la doctrina Parot y avala las excarcelaciones de etarras.

Échenle, por favor, una mirada atenta a la viñeta que ilustra este comentario. Lo escribo mientras se encuentran reunidos representantes del partido Popular, que gobierna, y del principal Partido de la oposición, el PSOE, para repartirse las poltronas del Consejo del Poder Judicial. Al parecer, una inoportuna gripe impedía que Rubalcaba pudiera participar en el reparto, y se aplazó el encuentro para que no pudiera faltar. Luego dirán que el Poder Judicial es un poder independiente… Doña Ana Velasco-Abarca, directiva de Víctimas del terrorismo del País Vasco, e hija de un asesinado por ETA, don Jesús Velasco, y de doña Ana María Vidal Abarca, fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ha escrito hace poco, también en ABC, un breve pero impresionante artículo en el que comenta las recientes declaraciones a través de las cuales el Presidente del Gobierno expresaba a las víctimas del terrorismo su afecto, cariño y solidaridad; y comenta: «Sólo el cariño no es suficiente, es incluso ofensivo»; y, tras proponer diversas medidas posibles, concluía así: «Nos encaminamos a toda velocidad a un escenario de exculpación, olvido, legitimación y toma del poder. Quizás eso explica la mala conciencia, y el intento de eludir responsabilidades con esas muestras de cariño tan culpables como estériles». Son palabras muy duras, pero son. Nunca están mal los Te quiero —mejor eso que nada—, pero los Te quiero que valen son los de hecho, no los de palabra. A estas alturas de esta trágica película de terror y de pánico, con no sé cuantos asesinos y violadores en la calle, sin arrepentimiento alguno, no dejo de sumarme, un día tras otro, a la pregunta que tantos se están haciendo hoy en España: ¿qué opina Estrasburgo de la alarma social que, como no podía ser de otra manera y fácilmente podían prever los jueces, ha suscitado su sentencia? ¿No se les caerá la cara de vergüenza, o tal vez prefieren seguir en Babia, escudándose en que los crímenes de los etarras son políticos?

Escuchando las reacciones de algunos tertulianos de radio y televisión que cándidamente tratan de defender lo indefendible, argumentando que eso del terrorismo ya no es la principal preocupación de los españoles, según las encuestas, no dejo de preguntarme hasta qué punto nos estamos cargando, entre todos, la credibilidad más elemental de las instituciones y convirtiendo España en un país sin verdadera sociedad civil. La presidenta del Gobierno de Navarra, doña Yolanda Barcina, ha afirmado, en la COPE, que «corremos el riesgo de que parezca lo mismo el asesino y la víctima». Y, mientras tanto, el alcalde separatista de Vich exige y reclama al Ministerio del Interior del Gobierno de España 180.000 euros del dinero que su Ayuntamiento adelantó en 1991 a las víctimas del atentado perpetrado contra la Casa cuartel de la Guardia Civil de aquella población catalana: o sea, que para exigir 180.000 euros al Gobierno de España, por los ataúdes, no es separatista. Y, mientras tanto, la UGT —Victoria Prego ha titulado irónicamente UGT, S. A.—, como denuncia El Mundo, se queda por sistema con el 19 % del dinero que gasta en cursos de formación, algunos de los cuales los perpetra en el Caribe, con mariscadas y karaokes amenizadores que luego pasa, en la contabilidad, al capítulo de Gastos imprevistos. Y, mientras tanto, La Vanguardia titula en portada: El Govern recibirá del Estado 1.700 millones pendientes. ¿Pendientes de qué? ¿De devolver? ¿Con o sin referéndum? Y las calles de Madrid ya van quedando limpias, pero hay colectivos laborales que pueden chantajear y otros que no. ¿Y para cuando la supresión total de los llamados piquetes informativos?