Níjar desaloja el asentamiento de temporeros El Walili

En septiembre se intentó en Lepe (Huelva) sin éxito y esta semana le ha tocado el turno a Níjar (Almería), donde el Ayuntamiento, sustentado por una orden judicial, desmanteló el pasado lunes el campamento de El Walili, en el que habitaban cerca de medio millar de temporeros. Aunque la idea es ofrecer una vivienda y condiciones dignas a estos trabajadores, como ha señalado el Consistorio, lo cierto es que el proceso se ha llevado a cabo sin contar con los propios moradores y sin tener en cuenta sus circunstancias. Lo ha denunciado la Iglesia y lo reconocen las propias ONG que están colaborando con la Administración, como es el caso de Médicos del Mundo, que señaló en un comunicado que el proceso hubiera sido «mucho más exitoso» si se hubiera contado con las personas afectadas.

De hecho, según informó Europa Press (EP), solo 60 de todas las personas que residían en ese lugar se acogieron a la propuesta oficial, aunque el Gobierno municipal espera que sean más. En estos momentos, la alternativa habitacional se reduce a dos espacios en naves industriales, una para personas de origen magrebí y otra para subsaharianos. Las cuatro mujeres que había en el grupo tuvieron que ser derivadas a un hostal. Se trata de un primer recurso, pues existe un proyecto para la construcción de 62 viviendas. Los motivos para no aceptar las soluciones temporales tienen que ver con la imposibilidad de llevar sus enseres y pertenencias y la distancia de las explotaciones agrícolas.

Estas personas «ven amenazado su frágil espacio vital y consideran que no hay una alternativa razonable para ellas. No parece que a lo largo del proceso se les haya considerado como adultas y protagonistas de su historia», se puede leer en el comunicado que hizo público el Secretariado de Migraciones de la diócesis de Almería. Tras posicionarse en contra del chabolismo y de cualquier forma de infravivienda, recordó a la Administración que «cualquier desalojo debe ir asociado a un realojo digno y razonable». «De lo contrario, se estarían violando derechos fundamentales des las personas», añadió, al tiempo que pedía la paralización del desalojo. Sin éxito.

Tras completar el desmantelamiento, que tuvo un pequeño sobresalto en forma de incendio a primera hora de la mañana, la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, se felicitó, según recoge EP, por la operación, y agradeció al personal municipal, voluntarios, ONG, Policía y Guardia Civil su trabajo. «La labor de todos y su entrega ha sido la mayor muestra de compromiso por los derechos humanos que hemos visto en Almería en muchísimos años», sostuvo.

Por su parte, la Plataforma Derecho a Techo criticó las condiciones en las que se llevó a cabo: «No ha tenido en ningún momento el enfoque humanitario al que se comprometió la alcaldesa, sino que se ha tratado como un problema de seguridad ciudadana, con un amplio despliegue de Guardia Civil y Policía Local, con helicóptero incluido. Se ha obviado todo lo que iba a ser el enfoque social, de atención a la persona, del que se nos habló». En este sentido, la organización reconoció que su objetivo también es acabar con el chabolismo y las infraviviendas, «pero no de esta manera, sin atender las necesidades básicas de estas personas, sin informarlas y con desprecio a sus derechos».

Una de las organizaciones que integra esta plataforma, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, anunció que va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para dar a conocer la actuaciones del Ayuntamiento de Níjar. Por su parte, el sindicato SOC-SAT animó a todos los trabajadores agrícolas a ponerse en huelga.