MSF denuncia el aumento de la violencia en Sudán del Sur y doce ataques contra sus instalaciones

«Quemaron las casas. Quemaron a mi abuela dentro del tukul», una casa tradicional de Sudán del Sur. Se lo contaba una mujer desplazada a trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) que la atendían en Chuil (Jonglei). Es uno de los testimonios que se recogen en el informe Los mataron mientras huíamos, presentado este martes por MSF en Nairobi (Kenia). Este texto documenta el «alarmante aumento de la violencia» en el país, afirmó Gul Badshah, jefe humanitario y gerente regional de operaciones de MSF. 

«Yo hui con mi hijo. Desde lejos podía ver el pueblo ardiendo», narraba. «Las personas mayores se quedaron atrás, no podían huir con nosotros. Mataron a los ancianos».

El recrudecimiento se ha producido después de que el vicepresidente del país, Riek Machar, líder del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO), fuera detenido en marzo de 2025. En septiembre, se presentaron contra él cargos de asesinato, traición y crímenes contra la humanidad. 

Machar está enfrentado al presidente de la nación más joven del mundo —se independizó de Sudán en 2011—, Salva Kiir Mayardit, desde 2013, cuando comenzó una guerra civil. En 2018 un acuerdo de paz puso fin parcialmente al conflicto, que había dejado cerca de 400.000 muertos. 

Pero la detención de Machar alimentó el miedo a que se produjera un aumento de la violencia, como parece estar sucediendo. Por ejemplo, si en 2024 solo hubo dos ataques aéreos, el año pasado fueron 138. «Las ciudades y aldeas están siendo atacadas, lo que provoca víctimas civiles, desplazamientos masivos y la destrucción de infraestructura civil», aseguró el jefe de la misión de MSF en Sudán del Sur, Zakariya Mwatia.

¿Cómo atacan al personal humanitario?

Dentro de este fenómeno, MSF denunció que con frecuencia los combatientes ponen en el punto de mira a la población civil y las infraestructuras. En concreto, el personal y las instalaciones donde trabaja la organización sufrieron entre enero de 2025 y abril de 2026 una docena de ataques. Como consecuencia, 762.000 personas quedaron sin acceso a atención sanitaria. 

Los incidentes «incluyen bombardeos aéreos, disparos, saqueos, destrucción de infraestructura sanitaria y secuestro de personal», enumeró Badshah. Por ejemplo, un hospital que apoyan en Old Fangak fue bombardeado «deliberadamente» por el Gobierno en mayo de 2025. 

Y el que tienen en Lankien atacado, también por el Ejército, en febrero pasado. Esta situación ha provocado un mayor deterioro de la atención médica, ya de por sí «desafiante» y «limitada». 

«No sabía cuántos hombres la violaron»

Por otro lado, dentro del aumento de la violencia Mwatia mostró su preocupación por el «patrón de bloqueos de acceso y órdenes de evacuación dirigidas a civiles y actores humanitarios». Todas las partes en conflicto están utilizando la ayuda humanitaria como un instrumento para alcanzar objetivos militares y políticos, asegura la entidad. Citan los intentos de obligar a las ONG a trasladar la ayuda hacia o fuera de determinadas zonas. 

Esto «priva a comunidades enteras de asistencia vital e impide una respuesta humanitaria adecuada». Está ocurriendo, por ejemplo, cuando las fuerzas armadas fieles al presidente bloquean el envío de ayuda a áreas controladas por la oposición en Jonglei y Alto Nilo. 

Un miembro del personal de MSF, que no fue identificado, detalló en el informe que una paciente llegó en marzo al hospital civil de Yei, en el estado de Equatoria Central. La había violado un grupo de hombres.

«No sabía cuántos. Vino a recibir tratamiento. Después del tratamiento, su abuela la llevó al pueblo, pues pensó que allí estaría a salvo. El lunes siguiente, fue a recoger leña sola. Luego, fue violada de nuevo por un hombre armado no identificado», relató, según recoge EFE.