Justicia y Paz alerta sobre las primeras medidas del Gobierno en Argentina
«No hay plan que valga si no hay un acompañamiento de los que se van cayendo por el camino», asegura el cura villero Toto de Vedia sobre cómo la desregulación y consiguiente subida de precios y la menor presencia del Estado están haciendo que las clases populares cada vez pasen más necesidad
El fin de semana pasado, Roma se tiñó de celeste y blanco. Los argentinos festejaron el domingo la canonización de Mama Antula, la primera santa del país. A la celebración, le sigue la expectación por el encuentro de este lunes entre el Papa Francisco y el nuevo presidente, Javier Milei, quien después de insultarle gravemente en campaña, tendió puentes y le invitó a visitar el país.
El ambiente que ha dejado Milei en su tierra es menos festivo que el de sus compatriotas que llenaron Roma. Además de la huelga general que tuvo lugar el 24 de enero, hace dos semanas se vivieron días llenos de protestas duramente reprimidas por la tramitación en la Cámara de Diputados de la apodada como ley ómnibus, un amplísimo texto con el que pretendía promover la privatización de todas las empresas públicas y obtener poderes extraordinarios para legislar. Ya en diciembre aprobó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía acabando con las restricciones a los precios y otros controles en distintos ámbitos.
Desregulación por un lado, fortalecimiento del Ejecutivo por otro. Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica Argentina, explica que Milei tiene ideas libertarias pero no un partido fuerte detrás ni conocimiento de la complejidad de los Estados modernos. «Se ha dado cuenta de que para muchas cosas necesita un poder que no tiene». El 30 de enero, la Cámara Nacional del Trabajo calificó de inconstitucional la limitación de los derechos laborales incluida en el DNU. Tendrá que dirimirse en la Corte Suprema, como se prevé que ocurra con otros aspectos del decreto. Tres días después, la Cámara de Diputados aprobó parcialmente la ley ómnibus, si bien hubo que sacrificar buena parte de su contenido.
- Los curas villeros temen que la exclusión lleve a más jóvenes a caer en la droga. No se sabe si la agencia que la combate tendrá fondos.
- Denuncian el fácil acceso a las armas en sus barrios y que ante la inseguridad el Gobierno opte por rebajar la edad penal a 14 años.
- Eliminar los límites a que los extranjeros posean tierras amenaza la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
- Al cumplirse 40 años del regreso de la democracia, los obispos pidieron en diciembre «renunciar a toda forma de autoritarismo».
Más comedores en las villas
El escenario es «muy preocupante», lamenta Susana Pachecoy, del equipo coordinador de la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Las propuestas «implican modificaciones sustanciales al conjunto del ordenamiento jurídico y en algunos casos contrarían la Constitución y tratados internacionales». Señala además el «peligro» de que la represión de las protestas «vaya aumentando las situaciones de mayor violencia».
No es la única entidad eclesial alarmada. En enero, los curas de las villas denunciaron la dramática situación de sus comunidades. Toto de Vedia, de la Villa 21 de Barraca, explica que «en todas han abierto nuevos comedores». Lo decidieron, asegura, porque vieron venir el problema cuando se anunció que «iba a haber menos presencia del Estado». Más gente acude a pedir ayuda ante la subida del precio de los alimentos y las bombonas de combustible.
A esto y a los recortes, alerta Pachecoy, se suma «la gran cantidad de despidos» sobre todo en el sector de las obras públicas, «paralizado por completo». El sacerdote rechaza el simplismo de culpar solo a Milei. «Venimos de un Gobierno que no pudo resolver la pobreza y la inflación. Y el nuevo, en vez de resolverlas», parece que «vino a profundizarlas».
Milei asumió el poder reconociendo que los primeros meses tras sus medidas serían duros. Era, afirmaba, un mal necesario. El cura villero responde que «no hay plan que valga si no hay un acompañamiento de los que se van cayendo por el camino». Él y sus compañeros reclaman «una fuerte política alimentaria y habitacional». Apunta que «siempre hay algún grado de diálogo con las autoridades». En parte los han escuchado y se aumentó la provisión estatal de fondos para los comedores sociales. «Hay puntos de acuerdo, si bien no necesariamente en los asuntos de fondo».
Justicia y Paz comparte la apuesta por el diálogo. Las desregulaciones, afirman, «no pueden ser todas negativas. Pero muchas dejan desprotegidas a las personas, especialmente a las más vulnerables». Por ello y por el impacto de las reformas en la separación de poderes, piden que cada decisión «sea suficientemente debatida buscando la construcción de consensos».
Puente afirma que en el Gobierno hay unas pocas personas competentes y existen diputados de la oposición dispuestos a apoyar algunas propuestas, «aunque no todo». Pero la interlocución no es fácil y «comienzan a enojarse». Por otro lado, «de momento la inflación se achaca al anterior Ejecutivo». Pero si no hay mejoras, «¿cuánto va a aguantar la gente que lo votó?».
¿Podría la cita con el Papa sanear el ambiente? Pachecoy no oculta su deseo de que Francisco sea «un instrumento de Dios que toque el corazón y sane, cuestione actitudes y produzca cambios» desde un testimonio del Evangelio del que «no podemos sacar las páginas que no nos gustan». Todo ello también con la mirada puesta en una visita que «esperamos con ansia».
La propuesta de volver a penalizar el aborto en Argentina presentada por el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, «no es parte de la agenda del presidente. No ha sido una decisión del presidente. No está impulsado de ninguna manera por el poder ejecutivo», subrayó el pasado jueves su portavoz, Manuel Adorni. El 5 de febrero, la diputada Rocío Belén Bonacci presentó este proyecto de ley, que plantea penar con la cárcel a los médicos que practiquen abortos. El castigo podría alcanzar hasta los diez años si se hace sin el consentimiento de la mujer. Además, de salir adelante, se podrían imponer a las madres que se provoquen o consientan un aborto de uno a tres años de prisión. Con todo, se contempla que los jueces puedan no imponerles este castigo, en función de las circunstancias en las que se puso fin al embarazo.