Miguel Campo: «Hace falta sensibilidad y competencia técnica»

Defiende que existe una creciente complejidad en la administración de bienes eclesiásticos. ¿Por qué?
Las entidades eclesiales funcionan en el ámbito civil como una empresa y sus bienes están en el mundo con todas las obligaciones que ello implica. Es un contexto en el que predomina el compliance [cumplimiento normativo, N. d. R.] y en el que hay que tener en cuenta las medidas ante el blanqueo de capitales, los planes de igualdad o la información financiera, entre otras muchas cosas. La gestión de los ahorros, por ejemplo, hay que hacerla a través de fondos de inversión que se muevan, por supuesto, con criterios de éticos, pero también de rentabilidad. Además, estamos hablando de un importante volumen de negocio, como acaba de quedar patente en la Memoria de la Iglesia, donde se habla del enorme impacto de la actividad eclesial en el PIB. Son muchos factores.

En este sentido, entiendo que la formación es imprescindible.
Eso es. Las mismas autoridades de la Iglesia están insistiendo en la necesidad de formación en estas materias. Dese cuenta de que hay que manejar dos ordenamientos jurídicos distintos, el civil y el canónico. Por otro lado, las entidades eclesiales tienen sus propias orientaciones y criterios a la hora de administrar sus bienes y también hace falta imbuirse de este modo singular de hacer las cosas.

¿Qué impacto tiene la entrada de los laicos en este ámbito, empujados por la reducción del número de religiosos en nuestro país?
Yo lo valoro muy positivamente. Suelen estar muy bien formados civilmente. En el curso les reforzamos la parte eclesiástica, y a los religiosos la civil.

¿Cuáles diría que son las cualidades imprescindibles para involucrarse en el sector?
Hacen falta sensibilidad y competencias técnicas. Es más, yo lo subiría un poquito de nivel y hablaría incluso de alineamiento con la propia organización, con la misión de la Iglesia, más que de sensibilidad. De lo contrario, se pueden producir escándalos —como ya ha ocurrido— que minen la credibilidad de la institución. Nos jugamos mucho. Hay que dejar claro que el dinero no es lo más importante, simplemente lo necesitamos, pero un dinero mal gestionado provoca el cuestionamiento de la misión y el apostolado entero de la Iglesia para una parte de la sociedad.

En los últimos años, de hecho, hemos visto en la Iglesia una mayor regulación y el endurecimiento de las penas. Ha habido incluso condenas de cárcel.
Sí, en los últimos años se ha aprobado un nuevo código penal de la Iglesia, que es el libro sexto del Código de Derecho Canónico (CDC). En él destacan, para mí, dos aspectos. En primer lugar, un endurecimiento de las penas en todo el tema de delitos contra la libertad sexual de las personas. Y en segundo lugar, una regulación y un endurecimiento de los tipos y de las penas en delitos económicos. De hecho, en el CDC está incluido el tema de la malversación, la corrupción, etc.

No podemos hablar de administración de bienes y no aludir a Belorado. En uno de sus últimos comunicados, la comisión gestora nombrada por el Papa denunció la «venta de ornamentos» litúrgicos por Wallapop y alertó de un déficit de más de 13.000 euros en los monasterios de las exclarisas. ¿Cómo ve el caso?
Lo que se está trasluciendo es una falta de formación y de conocimiento acerca de cómo funciona la Iglesia y cómo funcionan las personas jurídicas. Lo que plantean estas mujeres está claramente desenfocado. Los bienes no pertenecen a las personas físicas. No podemos decir, por ejemplo, que aquí en Madrid el patrimonio de la Iglesia sea propiedad del obispo o de los curas. No, pertenece a la Iglesia, a la persona jurídica. Si tu dejas la Iglesia, como en el caso de Belorado, lo que tienes que hacer es preparar la maleta y marcharte. Nadie limita tu libertad, de hecho nadie ha limitado la libertad de estas mujeres, pero no puedes pretender abandonar la Iglesia y llevarte el monasterio contigo. Esto no funciona así. Ni civil ni canónicamente.