México: Nuevo Gobierno, difícil lastre de violencia

La noche del 8 de junio, Fernando Purón Johnston fue asesinado en la Universidad Autónoma de Coahuila en Piedras Negras, ciudad fronteriza de México con Estados Unidos, donde había participado en un debate televisado. El también exalcalde de esa ciudad promovía su candidatura como diputado federal y a lo largo de ese día escribió cinco tuits: un par de fotografías con periodistas; la imagen desde el parabrisas de su automóvil; un selfi frente a un local que reza Oficina Bar y, finalmente, la fotografía de su hija, María Constanza, de apenas un par de meses de edad, en su sillita de bebé en el coche, vestida de azul con moños rojos y una diadema de campaña con el nombre de su padre bordado. Solo seis horas más tarde, el candidato era interceptado al salir del debate y era abatido de un balazo a quemarropa.

En total, 140 políticos y candidatos en campaña fueron asesinados durante el proceso electoral en México, que se inició en septiembre de 2017 y concluyó con la jornada electoral el 1 de julio. Estos crímenes son apenas la punta del iceberg de largos y oscuros años de crimen e inseguridad en el país. Desde el arranque de la llamada guerra contra el narco, los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han roto récords fúnebres de violencia: el primero en 2011 con más de 22.409 homicidios dolosos y el segundo, en 2017 con 23.101 asesinatos.

Para los periodistas y los ministros de culto la situación no ha sido mejor: 55 profesionales de la comunicación, 25 sacerdotes católicos y un número indeterminado de líderes religiosos fueron asesinados en el presente sexenio, y la tasa de crímenes se incrementó en los últimos seis meses.

El obispo mediador

Desde Guerrero, en uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo, el sacerdocio y la política, el obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, ha emprendido una singular mediación en la que interpone su propia persona para evitar el asesinato de más candidatos y feligreses. Seis candidatos a puestos de elección popular le pidieron su intermediación con líderes del narcotráfico para negociar la paz en el estado y el obispo subió a zonas casi inexpugnables de la sierra guerrerense para dialogar con los capos de la droga. El narco accedió a no matar a más candidatos con una condición: «Que no compren el voto de los pobres».

A Rangel también le fue encomendada la administración de la diócesis vecina vacante de Ciudad Altamirano, «la puerta a Tierra Caliente», donde el obispo titular anterior, Maximino Martínez, fue reubicado sorprendentemente como auxiliar en la capital del Estado de México. En estas dos regiones, más de 200 políticos renunciaron a su candidatura por temor a la violencia, hay decenas de miles de familias desplazadas y las tensiones entre viejos líderes del narco y nuevos grupos de crimen organizado convierte en un polvorín la situación: «La labor que estoy haciendo es pacificar, pacificar, pacificar», dice el prelado.

Mientras la Conferencia del episcopado mexicano produce documentos y comunicados con gran cortesía política para llamar a la paz y a la reconciliación, Rangel ha sido duro en sus señalamientos: insiste en que el Gobierno muestra incapacidad para resolver la violencia, sugiere que el propio Ejército mexicano facilita las armas a grupos de delincuentes para desestabilizar poblaciones enteras, y afirma que las autoridades amedrentan al pueblo para inhibir la participación social o política, incluso para que estos no voten.

El obispo Salvador Rangel relata cómo tanto los políticos como los líderes del narco guerrerense se acercan a él: «Primero fueron tres candidatos los que me pidieron hablar con los narcotraficantes para evitar más sangre en sus localidades; luego fueron tres más y ahora veremos qué sucede tras el proceso electoral. Hago esta mediación desde un punto de vista pastoral, para evitar el asesinato de los candidatos y para evitar la convulsión de estas tierras. Si ahora lo puedo hacer, con gusto lo seguiré haciendo».

Los gobiernos salientes no estuvieron de acuerdo con las reuniones del obispo con cinco líderes de la siembra y trasiego de amapola; pero quizá eso cambie cuando las nuevas administraciones reconozcan que su intermediación evitó que la guerra se trasladara a otras fronteras: «Les he dicho que la ley debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley; a veces algunos gobernantes creen que deben endurecer el acatamiento de las leyes, pero no reconocen que ni ciudadanos ni políticos las cumplen del todo, así que debemos suavizar esa rigidez, bajarnos desde esa tribuna inquisidora de la ley y preguntarle al otro por qué está haciendo aquello que daña. El diálogo es muy importante».

Independientemente de los ganadores en la contienda electoral, Rangel está convencido de que se deben hacer las cosas de manera diferente en materia de seguridad, en el combate del crimen y del narcotráfico: «Hay una cultura especial en torno a la amapola y al narcotráfico; sé que para muchas personas representa toda su vida».

Rangel incluso está a favor de cierta amnistía a los campesinos que siembran amapola: «En mi experiencia, tras hablar con los capos de la droga, sé que ellos quieren que la guerra concluya. Quieren vivir en paz. Saben que lo que hace tiene un ingrediente delictivo y esperan que las autoridades los ayuden verdaderamente a encontrar otros medios de trabajo y de supervivencia».

Felipe de J. Monroy
Ciudad de México