Melilla, un Lesbos en España

Continúa la situación de bloqueo en la ciudad autónoma, donde a pesar de que se llevó a cabo un traslado de migrantes a la península –58 el 2 de septiembre–, las condiciones siguen siendo de hacinamiento tanto en el CETI como en la plaza de toros. Con un problema añadido: ha entrado la COVID-19

Fran Otero
El miércoles 16 tuvo lugar en Melilla un Círculo del Silencio para denunciar la situación de la frontera sur. Se sumaron muchos de los migrantes que entraron el 20 de agosto. Foto: Geum Dodou

Hace casi dos meses, en estas mismas páginas, se daba cuenta de la situación migratoria en Melilla. De la saturación del CETI –con 1.400 internos, el doble de su capacidad– o del acomodo de decenas de migrantes en instalaciones externas como la plaza de toros –todavía en uso– que no cumplen un mínimo de condiciones. Entonces, portavoces de la red eclesial Migrantes con Derechos denunciaban la situación y reclamaban al Gobierno que autorizase salidas a la península para aliviar la situación en la ciudad autónoma.

La pregunta ahora es si ha cambiado algo, y la respuesta es que sí. Algunas para bien y otras, bastantes más, para mal. Por ejemplo, en este tiempo, entidades como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y autoridades como la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, han llamado la atención a nuestro país por la situación en Melilla y por las condiciones en las que están viviendo los migrantes.

Estas denuncias y la alarma provocada por la situación que se vivía y se sigue viviendo en la plaza de toros –denunciada por varios medios, entre ellos Alfa y Omega– dio como resultado que el Gobierno permitiese el traslado a la península de 80 migrantes, entre los que se encontraban personas que habían llegado antes de que se desatase la pandemia y otras que habían alcanzado nuestro país el 6 de abril, la entrada más numerosa de los últimos meses. De todas ellas solo salieron 58; el resto no lo ha podido hacer todavía por motivos de salud.

Mientras tanto, los migrantes han seguido llegando con cuentagotas salvo el 20 de agosto, cuando entró un grupo que las autoridades cifraron en un primer momento en 30 personas y luego lo rebajaron a 13 ante la sorpresa de las organizaciones sociales y eclesiales. «No hay un aumento significativo de población, pero sí un estancamiento de la que estaba como producto de la política de no permitir los traslados a la península», afirma Josep Buades, coordinador del área Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Este es, añade, el verdadero problema de fondo. De hecho, intuye presiones diplomáticas de terceros países para que estos migrantes no alcancen la península y desde allí se repartan por Europa. Una política, dice, que está provocando un bloqueo en Melilla y limitando la movilidad incluso de solicitantes de asilo, que no debería restringirse, tal y como señala una sentencia reciente del Tribunal Supremo.

Todas estas circunstancias afectan gravemente a las condiciones de vida de los migrantes acogidos tanto en el CETI como en la segunda planta de la plaza de toros –allí están los subsaharianos–, donde, a pesar del citado traslado, los migrantes siguen hacinados, con un baño y dos duchas. Más de 100 personas en literas sin apenas distancia de seguridad. «La situación es igual o peor que la de julio. Cuanto más tiempo pasa, las instalaciones más se deterioran», afirma Marisa Amaro, una de las religiosas que forma parte de la comunidad intercongregacional formada por las Apostólicas del Corazón de Jesús y las hermanas del Santo Ángel de la Guarda, y que gestionan la Asociación Geum Dodou a través de la que acompañan y acogen a los migrantes que llegan a la ciudad.

En colaboración con el SJM y Cáritas, sostienen en estos momentos a cerca de 80. Los ayudan a solicitar la residencia, el asilo o el refugio; les enseñan el idioma; trabajan con ellos la integración; les rompen esquemas sobre la idea que tenían de Europa… e incluso los ayudan a hacer el duelo por la pérdida. En el último salto, el del 20 de agosto, uno de los jóvenes, de Burkina Faso, falleció tras saltar la valla. No se conocen las circunstancias, aunque desde Geum Dodou creen que pudo ser por una mala caída y no por causas naturales, tal y como se difundió en un primer momento. «Algunos chicos lo conocían y tuvimos que acompañar esa situación y rezar con ellos. Y los acompañaremos cuando se le pueda dar sepultura, pues está en fase de identificación. Hemos contactado con su hermano, que nos ha dicho que quiere que sea enterrado dignamente aquí», añade Amaro.

La COVID-19 se extiende

Otro de los problemas que ha surgido en las últimas semanas es la COVID-19, que ya ha entrado en el CETI y no deja de extenderse. Según las últimas cifras hay en torno 50 positivos y numerosos contactos estrechos. En total, cientos de personas que han tenido que ser aisladas y confinadas en el propio centro en espacios «con falta de luz y escasa ventilación», denuncia Fernando Moreno, responsable de Cáritas en Melilla. Además, detalla, a los contactos estrechos se los ha aislado en un mismo lugar y, por tanto, los que sean finalmente positivos van a acabar contagiando a los que no lo son. Esta situación ha generado tensión y revueltas en el propio centro que provocaron la detención y el traslado de varios internos a un centro penitenciario a finales de agosto.

La solución que se está planteando ante esta situación es el traslado de aquellos que tengan que hacer cuarentena a otro lugar de la ciudad. Se ha pensado en las instalaciones deportivas situadas en el barrio del Alto del Real, algo que ha provocado un nuevo problema: las protestas de los vecinos, que acusan a los migrantes de traer el virus.

Lo que está sucediendo en Melilla, explica Marisa Amaro, es «lo mismo» que en Lesbos, solo que «aquí es invisible». «La misma situación la tenemos aquí. Es algo que me abre las venas», concluye.