Medio centenar de entidades cargan contra el Gobierno por la devolución a Marruecos de 116 inmigrantes

Un total de 48 entidades representativas de diversos sectores de la sociedad civil firmaron este viernes un manifiesto en el que dudan de la legalidad aplicada por el Ejecutivo en la devolución de los 116 extranjeros que saltaron la valla fronteriza en la ciudad de Ceuta el 22 de agosto.

Entre las entidades impulsoras del manifiesto se encuentran Cáritas Española, Ecologistas en Acción, Andalucía Acoge, Federación SOS Racismo, Red Acoge, la Red Española de Inmigración y el Servicio Jesuita a Migrantes.

«La inusitada celeridad con que se han desarrollado estos procedimientos permite cuestionar que dichas garantías se hayan satisfecho materialmente y, en consecuencia, la legalidad del procedimiento», afirman las organizaciones.

Sostienen que «cualquier persona» que sea entregada a las autoridades de Marruecos en aplicación del acuerdo de 1992 en que dice apoyarse el Ejecutivo de Pedro Sánchez «debe haberlo sido tras la tramitación de alguno de los procedimientos previstos en la legislación de extranjería» y que «han debido observarse todas las garantías previstas legalmente».

Entre ellas «se incluye los derechos de asistencia letrada, de intérprete y a someter la decisión a revisión judicial». Además, subrayan los firmantes del manifiesto, que «han debido poder identificarse situaciones de especial vulnerabilidad», como menores o solicitantes de asilo y víctimas de trata.

Las entidades también muestran su preocupación por que Marruecos y España puedan «garantizar que estas personas no quedan varadas en territorio marroquí, donde sus derechos son sistemáticamente vulnerados», como denuncian, entre otras «numerosas y reiteradas quejas» el Comité Europeo para la prevención de la tortura.

Devoluciones en caliente en diferido

Los firmantes lamentan que, «con esta medida, el actual Gobierno desvela cuál es realmente su política migratoria» y que el Ejecutivo, «buscando una alternativa pretendidamente jurídica a este tipo de actuaciones, intenta implantar una suerte de ‘devoluciones en caliente en diferido’ en que materialmente se mantiene la vulneración de derechos fundamentales que siempre han caracterizado a estas actuaciones».

Finalmente, las entidades denuncian «la huida hacia adelante que representan estas devoluciones en caliente en diferido no sólo por no respetar las garantías legales exigibles, sino también por suponer un paso más en la política de externalización de controles que tantos costos tiene en términos de derechos humanos –amén de las contraprestaciones económicas y políticas a Marruecos que el Gobierno debería desvelar-».

Se trata, en definitiva, de una política migratoria «que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad y los principios humanistas en que debería asentarse, empujándonos por la pendiente de la barbarie».

Por todo ello exigen al Ministerio del Interior que publique, entre otros muchos datos, el número de abogados de oficio e intérpretes, funcionarios policiales y actividades desarrolladas en el marco de la devolución de esas 116 personas.