Más razones para cerrar los CIE: también deterioran la salud mental

Numerosas entidades de la sociedad civil, entre ellas muchas vinculadas a la Iglesia, incluida la Conferencia Episcopal Española y archidiócesis como la de Madrid, vienen pidiendo el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde hace años. Son muchas las razones, pero no hay voluntad política para ello. Todo lo contrario, pues el Gobierno viene dedicando en los últimos años millones de euros a la renovación de los edificios y a la construcción de uno nuevo, con capacidad para 500 personas, en Algeciras. Más de 30 millones entre 2022 y 2025. El último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), presentado el pasado lunes en Madrid con el título Diferencias que generan desigualdad, recoge los argumentos que defienden la tesis de que los CIE, «triste almacén provisional que encierra seres humanos sin cometer delito alguno», como los define en el prólogo Juan Carlos Ríos, profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia Comillas, no deberían existir. Estas son los de mayor peso.

Poco eficaz

El internamiento en un CIE tiene como objetivo la expulsión o devolución de una persona en situación administrativa irregular. Sin embargo, la medida no está siendo eficaz, pues casi la mitad de las personas que salieron de uno de ellos en 2022 acabaron en libertad, por tanto, no cumplieron su cometido. 1.072 (44,63 %) de un total de 2.402. Según el SJM, la medida «criminaliza a las personas migrantes», que son privadas de libertad «de un modo arbitrario y desproporcionado». Y añade: «Es preciso calificar como un fracaso la institución del internamiento». Además, si se compara el número de personas internadas o expulsadas con la cifra total de personas que entraron en nuestro país de forma ilegal (31.219), «se percibe hasta qué punto el sufrimiento infligido en el internamiento es perfectamente prescindible». Y concluye: «Las cifras refuerzan la imagen del internamiento como una suerte que sufre una minoría».

No deberían estar ahí

Según detalla el informe, por los CIE pasaron el año pasado ciudadanos de la Unión Europea, solicitantes de protección internacional en otros países, menores, víctimas de violencia de género o personas con un arraigo más que contrastado en el país. Por ejemplo Esther, que entró en nuestro país en 2019, tenía a su cargo a una niña de 18 meses cuando la detuvieron. Y no solo eso, había sido reconocida como víctima de violencia de género. Tuvo que cambiar de residencia hasta cinco veces para escapar de su expareja y, aun así, fue encerrada. O Jeannette, que vino desde Colombia para trabajar, pero fue engañada por los intermediarios, que la obligaron a prostituirse. También fue internada. O el joven marroquí que huyó de su pueblo porque lo violaron y la Policía, en vez de investigar, se reía de él. Además, al cruzar el Estrecho en patera perdió a un amigo. Estuvo en el CIE, cuenta a Alfa y Omega Josep Buades, coordinador de Frontera Sur del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y autor del Informe CIE 2022. Hicham, joven extutelado por el Gobierno de Navarra, también acabo en un centro de estas características.

Sanidad y agresiones

Durante el último año, las entidades sociales advirtieron que algunos internos sufrieron agresiones y encontraron trabas para denunciar. Es el caso de Ayoub, marroquí internado en Valencia, al que dos policías sacaron «a patadas y puñetazos» de su celda para que fuese a desayunar cuando se encontraba indispuesto. Tuvo dificultades para que se investigase lo sucedido. El SJM denunció la situación, pero quedó en nada. También se encontraron migrantes con problemas de salud que no podían ser atendidos en el centro. Misael entró en Aluche (Madrid) a pesar de que estaba en tratamiento psiquiátrico.

Salud mental

Este año, el SJM añade a su trabajo una investigación elaborada por el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla. Tras la realización de 88 entrevistas en cuatro CIE, constata que siete de cada diez personas internadas manifiestan sintomatología ansiosa y depresiva por encima de la media, considerándose «casos que necesitan tratamiento». También en el 70 % de los casos la sintomatología empezó con el ingreso. «Esto significa que el internamiento genera en sí mismo un proceso de deterioro de la salud mental», recoge. La coordinadora de la investigación, Virgina Paloma, señala, de hecho, que CIE y salud mental son incompatibles. También manifiestan una pérdida de confianza en los profesionales sanitarios y la Policía a medida que avanzan los días. Como nota positiva, el trabajo constata que cuanto mejor es la calidad de vida en un CIE —la comida y la limpieza o el trato con los agentes—, la ansiedad y la depresión se reducen. Con todo, incide en que el deterioro de la salud mental no se para hasta que no se pone a la persona en libertad.

Diferencias entre los CIE

Ingresar en uno u otro centro de los siete que hay repartidos por España no es baladí. Y no solo tiene que ver con la fisonomía arquitectónica y los espacios. También, por ejemplo, con la posibilidad de usar el teléfono móvil, con la aplicación de las decisiones judiciales o con las visitas por parte de organizaciones de la sociedad civil. «Depende de donde te toque, te van a reconocer más o menos derechos», constata Buades.

Propuestas

Con este análisis, el SJM reclama a las autoridades —Policía, directores de los CIE, jueces de instrucción y titulares de los juzgados de control— que armonicen las normas para que el trato no varíe de un centro a otro. En concreto, pide a la Dirección General de la Policía que en las prescripciones técnicas para la contratación del servicio médico-sanitario se incluya la asistencia psicológica y a los jueces de instrucción que «extremen el discernimiento» a la hora de autorizar el internamiento.

A los políticos, ahora que hay elecciones, Josep Buades pide que no repitan lo que ya publicaron en los anteriores programas, que lean informes como el del Servicio Jesuita a Migrantes y que sean lo más restrictivos en las políticas relativas al internamiento de extranjeros. «Que se dejen de eslóganes fáciles y no apelen a las emociones. Que tengan en cuenta que hablamos del sufrimiento de personas, innecesario, inútil y, además, costoso para el bolsillo de los contribuyentes», concluye.