Más dinero para la concertada, pero no antes de 2026

Vicenta llegó a España hace nueve años desde Paraguay. «Vine buscando un futuro digno», asegura. Y aunque habla en singular, en realidad llegó acompañada de sus dos hijas: Jessica y Marian. «Enseguida, quise matricularlas en el colegio» y «me acerqué a uno que estaba en la calle de atrás». Según dice, se trataba de uno público. La situación se complicó hace poco más de un año cuando se murió la persona a la que cuidaba. «Me quedé sin trabajo». Por suerte, encontró otro anciano al que acompañar. El problema es que la nueva ocupación implicaba un cambio de residencia. «Tardaba dos horas en llegar y nos tuvimos que mudar». Vicenta, que en España no cuenta con ayuda para poder conciliar —«solo tengo una prima, pero vive en Zaragoza», aclara en conversación con Alfa y Omega—, buscó el colegio más cercano a su casa, que resultó ser concertado. «Estoy muy contenta y me gustaría continuar, pero depende de que pueda mantener mi trabajo», lamenta.

Preguntada por los gastos a los que tiene que hacer frente en el ámbito escolar, la madre de Jessica y Marian aclara, antes de responder, que a ella «nadie, en ningún caso», la presionó en este sentido. Demuestra estar al tanto del debate en torno a las aportaciones de las familias a la concertada. Recurrentemente, diversos partidos políticos denuncian el cobro de una cuota por parte de algunas escuelas. «A nosotros no nos consta que esto se haya hecho en ningún centro, pero si alguna familia se hubiera visto obligada está en su derecho de denunciar. Esto no se debe hacer», responde Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). En el caso de Vicenta, «me hablaron de una contribución», pero «me dejaron muy claro que no era obligatoria. Yo quise pagarla». Era su forma de devolver «algo de todo lo que estoy recibiendo de España», manifiesta. «Doy 80 euros por las dos niñas», concluye.

Más allá del debate sobre la obligatoriedad o no de las cuotas, lo que este revela es una situación económica deficitaria reconocida ampliamente en el sector educativo. Entidades como la propia FSIE o Escuelas Católicas hablan de una infrafinanciación de la concertada. «La hay. Los módulos de los conciertos son insuficientes desde hace muchísimos años, tanto en la partida de salarios del personal docente como en la partida de gastos de funcionamiento y otros gastos de los centros», señala Pueyo. Incluso instituciones como Save the Children han reconocido la situación, un apoyo que han agradecido las entidades que tradicionalmente defienden este modelo educativo. «El dinero que reciben es bastante inferior a la escuela pública y la Administración lo sabe y lo ha permitido», confirma Alfonso Echazarra, autor del informe Por una escuela concertada inclusiva, publicado por la ONG. El documento, que vio la luz a finales de septiembre, aboga por que «la escuela concertada pueda ofrecer sus servicios de forma gratuita. Y eso necesariamente pasa por mejorar su financiación», resume Echazarra en conversación con Alfa y Omega.

Ahora, el clamor de unos y otros parece haber tenido resultado. Recientemente el Ministerio de Educación se ha manifestado dispuesto a revisar la situación y a aumentar los fondos con los que se financia la concertada. Para el representante de Save the Children, se trata de un «paso positivo». De hecho, «es lo que buscábamos de alguna manera con el informe», asegura Echazarra. «A nosotros no nos gustaba el statu quo, porque implicaba que hubiera dinero público invertido en un servicio público como es la concertada, pero que en realidad no recibía el 100 % de todos los fondos que necesitaba para subsistir», una situación que «le llevaba a aplicar unos sobreprecios que excluyen a las familias más vulnerables. Y todo ello con la connivencia de la Administración, que no hace nada porque es consciente de que la situación se ha creado por su propia falta de financiación».

De igual modo, el secretario general de FSIE hace una valoración positiva, aunque advierte de que esto va a llevar tiempo. «Lo que establece la LOE en 2006 es que primero se ha de llegar a un consenso» entre el Ministerio, la patronal y los sindicatos del sector. «Una vez alcanzado hay que llevar la propuesta a la Conferencia Sectorial de Educación, que es donde se tiene que iniciar un nuevo debate y tomar la decisión final», detalla Jesús Pueyo, que cree que sería una previsión muy optimista si el cambio se viera reflejado en los Presupuestos Generales del Estado del año 2026. «Pero para ello deberíamos empezar con todo el proceso en el mes de noviembre. Veremos qué pasa», concluye.