Madrid financiará al Banco de Alimentos aunque España adopte la tarjeta monedero

La Comunidad de Madrid dedicará una partida especial de siete millones de euros para subvencionar a los bancos de alimentos a través del 0,7 % del IRPF y el Impuesto de Sociedades. Así lo ha decidido el Gobierno regional en respuesta al cambio de estrategia del central. Aprovechando un cambio en las políticas sociales de la UE, el Ejecutivo decidió también proporcionar tarjetas monedero a las familias vulnerables con menores a cargo en vez de financiar los bancos de alimentos.

El gabinete de Isabel Díaz Ayuso pretende así que «los bancos de alimentos puedan mantener su actividad de reparto y facilitar la manutención a los cerca de 100.000 madrileños sin hijos menores que no tienen recursos y que no podrán optar a una de estas tarjetas», según un comunicado. Anunció este compromiso el 5 de febrero la consejera regional de Familia, Juventud, y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante una visita al Banco de Alimentos de Madrid. Esta iniciativa se aprobará a mediados de este año para que se puedan acoger a ella las organizaciones interesadas y puedan contar con este apoyo económico desde principios de 2025.

Esta alternativa permitiría conservar y distribuir en Madrid parte de los 50 millones de kilos de alimentos que la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) estima que se pueden perder con el cambio. Antes, el Gobierno compraba directamente los productos a un precio muy reducido y se los entregaba a Cruz Roja y FESBAL para su reparto. Con el nuevo sistema, sin embargo, desde la federación han denunciado que serán las personas vulnerables tendrán que hacer ellos la compra a precio de mercado, enfrentándose a la inflación.

Artículos excluidos

Aunque las tarjetas monedero ya están implementadas en muchas Cáritas diocesanas e instituciones solventes en su lucha contra el hambre, otras entidades prevén posibles complicaciones para sus beneficiarios. Así, Fundación Madrina advierte de que este nuevo método «podría crear retrasos en la asistencia y dejar fuera del recurso a más del 70 % de las familias necesitadas debido a los requisitos administrativos exigidos».

Por ejemplo, como la ayuda no se repartirá en cestas sino que dependerá de un presupuesto de entre 130 y 220 euros, «las familias verán artículos excluidos de la cesta de la compra debido al elevado precio y margen del supermercado». Una carencia que aumentará directamente «la exclusión infantil», pues muchos de los productos de higiene y alimentación para niños son normalmente costosos.

La fundación señala también que el presupuesto máximo de estas tarjetas, 220 euros para las familias numerosas, es demasiado bajo para estos perfiles. Y calcula que sus gastos en alimentación pueden llegar a los 443 euros al mes. Por último, denuncia que, al desinvertir en las entidades benéficas, la lucha contra el hambre «recae nuevamente sobre la sociedad civil y las fundaciones privadas, generando una injusticia social al no garantizar el acceso universal a la alimentación para los más vulnerables».