Provincial de la Compañía de Jesús en México: «Los jesuitas asesinados ya habían sido objeto de amenazas»

¿Cómo están siendo estos días para la comunidad de Cerocahui?
Los primeros días fueron de dolor y tristeza. Para la comunidad rarámuri de Cerocahui, el asesinato de los dos padres y una persona más adentro del templo trastocó el orden cósmico, pues los lugares sagrados deben ser respetados. Adicionalmente, dado que el padre Joaquín y el padre Javier eran muy queridos en la comunidad por su labor de servicio, el pesar fue mucho. Y dado que el evento sembró terror, la comunidad tuvo que llorarlos en casa, sin poder salir; eso aumentó la sensación de soledad y orfandad. Con los días, la presencia de más seguridad y sobre todo la certidumbre de que los cuerpos serían traídos a la parroquia fueron devolviendo el ánimo. Estos últimos días, la decisión de realizar un acto de purificación del templo y de velar e inhumar los cuerpos conforme a la costumbre rarámuri ha sido una fuente de consuelo.

¿Cómo eran?
Los dos eran hombres para los demás, de profunda fe. Tenían ya décadas en la sierra Tarahumara. El padre Morita era muy sereno y tranquilo. No buscaba los focos, ocupaba siempre el segundo plano para desde ahí dar testimonio de fe. Quienes fueron sus alumnos en un colegio de la Compañía en Tamaulipas lo retratan como alguien siempre cercano, que les proponía lecturas para animarlos a dar lo mejor. Siempre estuvo volcado en el acompañamiento pastoral de las comunidades. Que haya sido privado de la vida al intentar dar la unción a la otra persona que fue asesinada, retrata su modo de ser.

El padre Gallo, al que apodaban así porque sabía imitar a la perfección su canto, era más extrovertido. Le gustaba arreglar con sus propias manos todo lo que necesitara reparación, incluyendo vehículos y muebles. Para eso llevaba siempre una navaja suiza, junto con sus botas, cinturón piteado y camisa vaquera a cuadros, como si fuera un ranchero de la región.

¿Cómo afecta la presencia del crimen organizado al día a día de las comunidades de la sierra?
México vive desde hace tres lustros una grave crisis de violencia y violaciones de los derechos humanos. La raíz del problema es la llamada guerra contra las drogas. La cercanía con Estados Unidos genera que los grandes carteles y grupos de narcotráfico se disputen el territorio y las rutas. Esta realidad, sin embargo, no se entiende si se asume que se trata de una guerra de las autoridades contra los grupos delictivos, como si fuera clara la línea que separa a buenos y “malos”. Por el contrario, tenemos territorios donde la línea que separa al Estado de los grupos criminales ha dejado de ser nítida. Se trata de redes criminales en las que a menudo participan de forma activa o cómplice las propias autoridades y que, por causa de un sistema de justicia roto, operan siempre con impunidad casi absoluta.

Esto ha generado que en algunas regiones surjan liderazgos criminales que ya no solo están vinculados al trasiego, sino que además extraen recursos de las comunidades mediante extorsiones, secuestros, desapariciones y otras atrocidades. Las comunidades quedan inermes entre la violencia de los grupos del narcotráfico y la violencia de las fuerzas de seguridad, viviendo viven situaciones de miedo permanente. Todos saben lo que está ocurriendo y quiénes son los responsables, sin que nadie pueda denunciarlo.

¿Afecta también a la comunidad jesuita?
Los jesuitas asumen la misión de trabajar en zonas de frontera, pero no son ajenos a los estragos de la violencia. Personas, sobre todo hombres jóvenes, a quienes las propias parroquias brindaron los sacramentos y el catecismo, han sido víctimas de la violencia o incluso en ocasiones se han visto orillados a entrar en grupos delincuenciales. Esto, desde luego, genera un fuerte impacto en los padres. Ellos, junto con las religiosas que tienen presencia en la zona y sus equipos de laicos, ya habían sido objeto de amenazas. Adoptaron algunas medidas como modificar sus horarios y hábitos de traslado o identificar con rótulos sus vehículos, sin dejar nunca de prestar sus servicios. Y jamás incurrieron en ninguna práctica de entregar dinero o prebendas a ninguna autoridad o grupo delictivo. Estos días, el operativo de seguridad ha disminuido los riesgos. El problema es lo que puede ocurrir después.

Además de la labor pastoral, ¿cómo es la presencia jesuita la sierra Tarahumara?
En los varios siglos de presencia en la zona la labor pastoral ha ido siempre acompañada de un compromiso constante con la mejora de las condiciones de vida de la población rarámuri. No podría ser de otra manera. Actualmente, apoyan la creación de centros culturales para promover la educación, la gestión de clínicas, proyectos de infraestructura para mejorar el acceso al agua y establecimientos de economía social que permiten a una comercialización más justa de los productos de los artesanos indígenas. Además, uno de nuestros compañeros preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C., que visibiliza los problemas de la región, aunque no es una obra de la Compañía.

¿Han podido saber más sobre lo que ocurrió exactamente el 20 de junio?
Después de que uno de sus equipos deportivos perdiera un partido, el líder criminal regional entró en cólera y atentó contra los dueños del equipo rival, aparentemente bajo los efectos de alguna droga. En ese acto fueron desaparecidas dos personas, cuyo paradero aún se desconoce. Después, esa persona se dirigió al hotel de Cerocahui y agredió a Pedro Palma, guía turístico, a quien llevó a la iglesia. Cuando al interior del templo de los padres intentaron intervenir, el agresor privó de la vida al guía y después a ellos.

Es muy importante destacar que el agresor llevaba años operando con impunidad en la zona, habiendo cometido múltiples crímenes y atrocidades. No estamos ante un hecho aislado, sino que es consecuencia de cómo todo un sistema toleró y permitió la pérdida del control del Estado sobre un territorio, dejando inerme a la población.

La Iglesia ha criticado la política de seguridad del Gobierno, y ustedes han reclamado además un programa integral de rescate para estas regiones. ¿Cómo debería funcionar?
La política de seguridad del actual Gobierno federal ha fallado porque ha prescindido del fortalecimiento de las policías locales, ha enfatizado solo la militarización del país y no se ha articulado con acciones de justicia en las que las fiscalías investiguen las redes criminales que controlan grandes porciones del territorio nacional. A esto se suma que gobiernos estatales, como el de Chihuahua, no han sido diligentes para capturar y llevar ante la justicia a quienes cuentan desde hace años con mandatos de aprehensión por crímenes que han cometido.

Respecto del rescate de la región, se trata de una zona con décadas de olvido y las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. Lo primero es garantizar que las propias comunidades indígenas sean sujetos de su historia. Ningún gobierno, ni los jesuitas, estamos en posición de determinar cuáles son las prioridades de un programa de esta índole; es la propia voz de la gente la que podría ayudar a identificar por dónde empezar. En todo caso, cuando la vida misma de las comunidades y las personas está en riesgo, es claro que la seguridad de la región debe mejorar.