Los riders de Glovo no saben si les saldrán las cuentas
La decisión de contratar a los repartidores autónomos es una buena noticia para Cáritas, pero señala una realidad ya presente en el Informe Foessa: no siempre el empleo mejora la situación vital
Sentado en un banco frente al establecimiento de una conocida cadena de supermercados, Luis (nombre ficticio) hace tiempo mirando al infinito mientras espera que su móvil vibre avisando de un posible pedido. A su lado, una mochila amarilla de Glovo —la conocida marca de delivery— y una bicicleta eléctrica. El reloj marca las 17:57 horas. «Hoy he empezado a las ocho de la mañana y estaré hasta las once de la noche. Así trabajo 14 días seguidos y descanso uno», dice sin inmutarse y totalmente ajeno al debate político sobre la reducción de la jornada laboral. Ahora mismo se lleva al bolsillo entre 1.500 y 1.800 euros al mes, reconoce; «aunque es cierto que de ese dinero tengo que pagar mi cuota de autónomo». Ante semejante sueldo, Luis no sabe si alegrarse ante el reciente anuncio de la compañía. «La tecnológica española Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá la operativa con repartidores laborales», afirma la empresa en un comunicado enviado a este semanario; en vez de, como hasta ahora, con autónomos. Cuando se ejecute definitivamente el cambio los empleados gozarán de los derechos laborales que marca la ley para los trabajadores por cuenta ajena. A priori, Luis es escéptico: una jornada laboral legal puede suponerle menos ingresos. También muestra sus reservas el colectivo Riders X Derechos, que llama a «mantener la calma y los ojos bien abiertos». «El propio historial delictivo de la empresa nos dice que no podemos fiarnos de su actuar». La noticia se produjo en la víspera de que el CEO de la empresa tuviera que declarar como investigado en un proceso penal —en fase de instrucción— iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
10 % de las personas con empleo se encuentran en una situación de exclusión.
Ocho de cada diez hogares de desempleados pasan necesidad.
376 mil personas han encontrado trabajo en España en los últimos doce meses.
19,3 %
de la población está en exclusión social; es decir, 9,4 millones de personas.
Una de cada cuatro familias tiene problemas con la vivienda.
2,76 millones de personas están en el paro en nuestro país.
A pesar de las reservas de unos y otros, «cualquier medida que tienda a mejorar el equilibro entre el desarrollo económico de una empresa y unas condiciones de trabajo dignas —que no solo se pueden medir por el sueldo que se percibe— es una buena noticia», asegura en conversación con Alfa y Omega Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación Foessa y coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas Española. La entidad presentó hace una semana el avance de resultados del IX Informe Foessa, que se publicará en el último trimestre de 2025. «Los datos nos hablan de creación de empleo, de un mayor número de personas ocupadas y del descenso de las personas desempleadas», dijo entonces Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, quien subrayó el buen momento económico en el que se encuentra España.
Flores confirma los brotes verdes: «Tenemos mejor producción, lo cual genera un mayor crecimiento económico y, por consiguiente, más empleo. Y, al tener más empleo, se da un mayor consumo, que tira a su vez del crecimiento económico. Es como un círculo virtuoso». Sin embargo, «a pesar de que estamos ganando en riqueza, encontramos también mayor desigualdad y a una parte de la población con peores condiciones de vida». En este sentido, el dato más paradigmático es el del 12 % de los trabajadores que están bajo el umbral de la pobreza. «Son personas que tienen empleo, pero con cuyos sueldos no llegan a fin de mes», explica el secretario técnico de Foessa, que advierte de una segunda cifra preocupante: «Hay un 10 % de personas trabajadoras en exclusión social». Es decir, «no es que no les salgan las cuentas; es que, además, tienen afectados otros indicadores como el del aislamiento social, la educación o la salud». Al final, vemos que «el empleo ya no es un antídoto infalible frente a la exclusión social».
Más allá de los datos de empleo, el avance de resultados del IX Informe Foessa habla de un total de 4,3 millones de personas que viven en la actualidad en exclusión social severa y del aumento de la cifra de quienes no tienen ningún ingreso para subsistir: hay 550.000 hogares en esta situación. En cuanto a la exclusión social, afecta a 9,4 millones de personas, el 19,3 % de la población. Una realidad ocasionada en gran medida por la vivienda, ámbito en el que uno de cada cuatro hogares encuentra problemas.