Los refugiados huyen del Líbano a Chipre

Khaled, de 12 años, no quería volver al colegio. No temía los exámenes, ni las dificultades añadidas por ser un refugiado sirio. «Me preocupa que me culpen por la muerte de mi madre, por embarcarnos en ese terrible viaje», confesaba. Khaled, sus padres, sus hermanos mayores Baraa (19 años) y Raed (18) y otros cuatro más pequeños se embarcaron en los primeros días de septiembre en una barca rumbo a Chipre. Desesperanzados por la crisis que azota el país desde hace un año, vendieron todo para pagar el viaje a la que consideraban su puerta de entrada a Europa.

En total eran 49 personas, sin apenas comida y con solo 15 litros de agua para un viaje de 180 kilómetros. No tardaron en quedarse sin combustible y a la deriva, aún en aguas libanesas. Cuando ocho días después, el 14 de septiembre, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano los rescató, 13 habían muerto. Incluidos varios niños (dos en brazos de Baraa, que estudió enfermería) y la madre de los hermanos, que usó su medicina para la diabetes para endulzar el agua de mar para sus hijos.

Boom en septiembre

Con su historia, Save the Children ha puesto rostro a una ruta migratoria que, de momento de forma incipiente, está cobrando protagonismo. Pero son varias entidades las que han alertado tanto del incremento de salidas del Líbano a Chipre como de los abusos cometidos por las autoridades chipriotas. Emilia Strovodilou, responsable adjunta de Información de ACNUR en la isla, explica a Alfa y Omega que «las llegadas en bote desde el Líbano son un fenómeno que ha emergido en 2020 y se ha intensificado entre agosto y septiembre». Según la ONG local KISA, que cita fuentes policiales, solo entre finales de agosto y mediados de septiembre se interceptó a 348 personas, mientras que en el resto de 2020 fueron 431.

Antes, los sirios llegaban a Chipre principalmente en botes desde Turquía, o en avión desde el país de los cedros al territorio de la República Turca del Norte de Chipre, donde hasta junio de 2019 no se les pedía visado. Algunos trataban luego de cruzar la línea verde que divide el país. Además de un futuro mejor, los hay que buscan reunirse con parientes cercanos que gozan de protección subsidiaria allí. Irregularmente, ya que a los beneficiarios de este tipo de protección internacional, distinto al asilo, no se les permite la reunificación familiar legal.

La llegada de sirios a Chipre ha aumentado de forma sostenida desde que estalló la guerra en su país. De las 187 solicitudes de asilo en 2011 se pasó a 2.548 el año pasado, el mayor grupo de las 12.724 totales (otros grupos son indios, bangladesíes, cameruneses, pakistaníes, iraníes…). Desde 2014 prácticamente todas las solicitudes de asilo de sirios han sido aceptadas. El descenso de peticiones este año (4.378 solicitudes hasta finales de agosto, 681 de sirios) se debe, según Strovodilou, a la paralización de los trámites entre marzo y junio a causa de la pandemia.

La isla se cierra

Pero al mismo tiempo que las llegadas de sirios por la crisis en el Líbano aumentan, Chipre también está intentando cerrar sus puertas. Si hasta marzo la guardia costera protagonizaba bastantes rescates, desde entonces «hemos recibido informes que apuntan a una tendencia» a rechazar barcos «sin ofrecer a los pasajeros la oportunidad de pedir asilo», advierte la representante de ACNUR. Según las propias autoridades de la isla, solo en la primera semana de septiembre se devolvió al Líbano a 230 personas. Human Rights Watch ha denunciado amenazas por parte de los guardacostas de ambas partes de la isla y maniobras peligrosas con sus barcos para que dieran media vuelta. En otros casos, se los obligó a pasar a naves que los llevarían de vuelta, o, ya en tierra, se hizo lo mismo engañándoles con una supuesta prueba de COVID-19.

El cambio de estrategia coincide con una serie de reformas legislativas sobre migración adoptadas por el Gobierno, que incluyen una agilización del proceso de solicitud de asilo, «una enmienda a la Constitución para reducir el plazo de apelación» si esta se deniega, medidas para acelerar las devoluciones y la puesta en marcha de un campo cerrado. ACNUR reconoce la presión a la que está sometida la isla, que ahora mismo tiene las mayores cifras de la UE en refugiados per capita. Pero Strovodilou pide que se respeten todas las salvaguardas legales necesarias.